El Salvador logró encarcelar a decenas de miles bajo el régimen de excepción. El problema comienza ahora: demostrar, persona por persona, por qué deben quedarse allí.
Nayib Bukele consiguió algo políticamente formidable: reducir drásticamente la violencia mientras encarcelaba a decenas de miles de presuntos pandilleros bajo un régimen extraordinario prolongado.
Ahora enfrenta una dificultad menos espectacular y mucho más jurídica: convertir aquella montaña de detenciones en condenas capaces de sobrevivir al examen individual.
Human Rights Watch documentó este miércoles juicios donde cientos de acusados son procesados simultáneamente, con expedientes sellados, testigos anónimos y tiempos mínimos para defenderse.
La organización revisó cuatro acusaciones que abarcan más de seiscientas personas y una sentencia colectiva contra más de ciento veinte acusados, ninguno absuelto.
En esa resolución, los condenados recibieron penas de treinta o cuarenta y cinco años, muchas veces por una categoría amplia: colaborar con organizaciones criminales.
La cárcel fue más rápida que el expediente
Desde marzo de 2022, las fuerzas salvadoreñas han detenido a más de 93 mil personas bajo el régimen de excepción impulsado por Bukele.
El gobierno sostiene que esa estrategia permitió desarticular estructuras pandilleras y devolver seguridad a comunidades sometidas durante años a homicidios, extorsiones y control territorial.
Ese resultado explica buena parte de la popularidad doméstica de la política, incluso mientras organizaciones internacionales cuestionan detenciones arbitrarias y restricciones al debido proceso.
Pero detener masivamente requiere principalmente policías, cárceles y órdenes. Condenar legalmente exige algo diferente: probar responsabilidades concretas contra individuos concretos dentro de expedientes concretos.
Ahí comienza el cuello de botella que ahora exhiben los juicios colectivos, diseñados precisamente para procesar simultáneamente el enorme universo de personas encarceladas.
Según abogados entrevistados por Human Rights Watch, algunos defensores públicos dispusieron de diez minutos para representar a 102 acusados durante una audiencia preliminar.
Otro defensor habría tenido entre veinte y treinta minutos para doscientas personas. Un abogado particular aseguró disponer únicamente de treinta o cuarenta segundos.
La justicia industrial
La lógica resulta comprensible administrativamente: juzgar individualmente a decenas de miles podría consumir años y paralizar prácticamente cualquier sistema judicial de dimensiones salvadoreñas.
La solución gubernamental fue agrupar acusados según estructura criminal, territorio o supuesta función dentro de las pandillas y procesarlos conjuntamente ante tribunales especializados.
En abril comenzó uno de los casos emblemáticos contra 485 presuntos integrantes de la MS-13, acusados colectivamente de miles de delitos graves.
La fiscalía sostiene que aquellas estructuras funcionaban jerárquicamente y que juzgarlas como organizaciones permite reconstruir responsabilidades que durante décadas permanecieron prácticamente impunes.
Los críticos responden que pertenecer a una estructura no elimina la obligación de demostrar qué hizo exactamente cada acusado ni qué evidencia existe contra él.
Human Rights Watch encontró casos donde la principal conexión con una pandilla era un informe policial acompañado por declaraciones de testigos anónimos beneficiados con acuerdos fiscales.
En algunos expedientes, familiares y vecinos intentaron acreditar que acusados eran pescadores, estudiantes, agricultores o amas de casa sin vínculos criminales comprobables.
El problema después del éxito
Bukele comparó anteriormente sus juicios masivos con procesos históricos contra organizaciones criminales y defendió la necesidad de responder proporcionalmente al daño causado por las pandillas.
Su gobierno posee además un argumento políticamente poderoso: las víctimas salvadoreñas esperaron durante décadas una justicia que prácticamente nunca llegó mientras las pandillas dominaban comunidades enteras.
Pero precisamente allí aparece la contradicción. Castigar una organización criminal puede exigir velocidad; demostrar quién pertenece realmente a ella exige tiempo, pruebas y contradicción.
Human Rights Watch reclama ahora revisiones independientes y mecanismos capaces de separar deten
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