¿Cuánto poder financiero ejercen realmente los gobernadores por cuenta propia?
En México, los gobiernos estatales obtienen de la Federación más de ocho de cada diez pesos que administran. Algunos recaudan menos de siete centavos por cada peso de ingresos, mientras el presupuesto de 2027 vuelve a exhibir los límites de su autonomía financiera.
Los gobernadores mexicanos tienen palacios, congresos, secretarías, policías y responsabilidades constitucionales, pero buena parte del dinero necesario para sostener sus administraciones procede de la Federación.
Por eso tienen que portarse bien con quien gobierna. Por eso en su mayoría son obedientes.
En este momento cuando se negocia la aprobación del Presupuesto Federal es cuando más denotan su institucionalidad a quien habita el Palacio Nacional y al titular en turno de la Secretaría de Hacienda.
Y es que la dependencia alcanza una dimensión difícil de ignorar: en 2023, las transferencias federales representaron 81.2 por ciento de los ingresos totales de las 32 entidades.
De cada cien pesos recibidos por los gobiernos estatales, apenas 15.5 fueron generados mediante impuestos, derechos y otros ingresos propios, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Los restantes 3.3 pesos provinieron de financiamiento mediante deuda pública, una fuente que permite obtener recursos inmediatos, pero genera obligaciones que deberán pagarse posteriormente.
La discusión volvió al Congreso durante la revisión del gasto federalizado para 2027, cuyo proyecto contempla transferencias superiores a tres billones de pesos.
El federalismo tiene 32 administraciones y una gran caja
México reconoce constitucionalmente la autonomía de sus entidades federativas, pero su organización fiscal concentra en el gobierno federal la recaudación de los principales impuestos.
El IVA y el ISR, entre otros gravámenes, son recaudados principalmente por la Federación, que posteriormente distribuye recursos conforme a las disposiciones de coordinación fiscal.
Este modelo permite redistribuir ingresos entre territorios con capacidades económicas diferentes, evitando que la prestación de servicios públicos dependa exclusivamente de la riqueza regional.
Sin embargo, también genera una dependencia estructural: los gobiernos estatales deben financiar responsabilidades crecientes con recursos cuya recaudación se realiza principalmente fuera de sus administraciones.
El sistema distingue entre participaciones federales, generalmente de libre disposición, y aportaciones destinadas a objetivos específicos, como educación, infraestructura social y seguridad pública.
La diferencia importa porque recibir dinero federal no significa necesariamente que la Presidencia pueda decidir discrecionalmente cuánto corresponde a cada gobernador o cómo debe utilizarse.
Las participaciones se distribuyen mediante fórmulas legales, mientras las aportaciones están sujetas a reglas de destino, fiscalización y cumplimiento de objetivos establecidos normativamente.
Por tanto, la dependencia financiera no equivale a una subordinación administrativa absoluta, aunque sí limita la capacidad de generar recursos propios ante necesidades extraordinarias.
Hay estados que producen menos de siete centavos por peso
Las diferencias entre entidades revelan que el problema nacional tiene expresiones muy distintas, dependiendo de la actividad económica, la estructura tributaria y las decisiones locales.
En 2023, Chihuahua obtuvo por cuenta propia 25.7 por ciento de sus ingresos; Quintana Roo alcanzó 23.7 por ciento y Nuevo León registró 18.8 por ciento.
En el extremo contrario, Guerrero, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala generaron menos de siete por ciento de sus ingresos totales mediante fuentes propias de financiamiento.
La Ciudad de México representa un caso especial porque recauda directamente contribuciones que, en otras entidades, corresponden a los municipios, como ocurre con el predial.
Al excluirla del cálculo nacional, la dependencia de transferencias federales aumenta hasta 83.8 por ciento y los ingresos propios disminuyen a 12.7 por ciento.
Estas diferencias muestran que la autonomía fiscal no depende solamente de cuánto dinero circula en una economía, sino también de las facultades recaudatorias efectivamente utilizadas.
El problema lleva años prácticamente inmóvil
Entre 2015 y 2023, la participación de los ingresos propios en las finanzas estatales apenas pasó de 15.4 a 15.5 por ciento, según el IMCO.
Durante esos nueve años, los gobiernos estatales incrementaron sus ingresos propios en términos reales, pero ese crecimiento resultó insuficiente para modificar significativamente su dependencia federal.
El estudio también encontró que, en 2023, solamente 16 entidades cobraban el impuesto sobre tenencia vehicular y 15 aplicaban gravámenes específicos sobre bebidas alcohólicas.
La observación resulta relevante porque algunas entidades cuentan con facultades tributarias que utilizan parcialmente, mientras reclaman mayores transferencias para financiar servicios e infraestructura pública.
Recaudar más, sin embargo, también tiene costos políticos y sociales: nuevos impuestos o mayores tasas pueden afectar hogares, empresas y actividades económicas de cada región.
El desafío consiste en fortalecer ingresos propios sin trasladar indiscriminadamente las necesidades presupuestarias a contribuyentes que ya enfrentan otras cargas fiscales y económicas.
El presupuesto de 2027 vuelve a mostrar la dependencia
La discusión legislativa del próximo presupuesto contempla un gasto federalizado estimado en tres billones 48 mil millones de pesos, equivalente a 28.7 por ciento del gasto neto.
De ese monto, aproximadamente un billón 547 mil millones correspondería a participaciones federales, recursos cuya distribución responde principalmente a los mecanismos establecidos legalmente.
El dato ilustra la dimensión financiera del federalismo mexicano, aunque no debe confundirse el gasto federalizado total con dinero disponible libremente para los gobiernos estatales.
Parte de esos recursos corresponde a municipios, otra tiene destinos específicos y algunos fondos responden a compromisos institucionales que no pueden modificarse arbitrariamente.
La discusión presupuestaria tampoco comienza de cero cada año: las reglas fiscales, la recaudación nacional y las obligaciones existentes condicionan buena parte de las asignaciones.
Por eso, los gobernadores pueden reclamar mayores recursos federales, pero sus posibilidades de ampliar ingresos propios dependen también de decisiones tomadas dentro de cada entidad.
Poco dinero propio no significa poco margen para gastar mal
La dependencia financiera convive con otra contradicción: algunos gobiernos estatales modifican significativamente sus presupuestos durante el ejercicio, sin que siempre exista vigilancia legislativa suficiente.
El IMCO documentó que, durante 2023, veinticuatro entidades gastaron en comunicación social y publicidad más de lo autorizado originalmente por sus respectivos congresos locales.
En Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, las diferencias porcentuales fueron especialmente elevadas, aunque para evaluar su importancia también deben examinarse los montos absolutos correspondientes.
El organismo encontró además que la inversión pública ejercida por las entidades fue 11.1 por ciento inferior a la cantidad aprobada originalmente para ese año.
Estos hallazgos no demuestran por sí mismos irregularidades penales, pero sí evidencian diferencias presupuestarias que requieren explicaciones públicas y mecanismos eficaces de supervisión legislativa.
La paradoja resulta evidente: los gobiernos estatales tienen limitada capacidad para generar ingresos, pero pueden conservar espacios importantes para modificar sus prioridades de gasto.
La autonomía también se construye cobrando impuestos
El debate suele concentrarse en cuánto dinero debe enviar la Federación, mientras recibe menor atención la capacidad de los estados para financiar sus propias responsabilidades.
Una mayor recaudación local permitiría enfrentar necesidades específicas sin depender exclusivamente de las variaciones en ingresos federales, aunque exigiría decisiones tributarias y administrativas complejas.
También fortalecería una relación política importante: los ciudadanos podrían identificar con mayor claridad qué servicios reciben a cambio de los impuestos cobrados por sus autoridades.
La dependencia actual, en cambio, puede diluir responsabilidades entre gobiernos, especialmente cuando aparecen deficiencias en infraestructura, seguridad, educación o servicios públicos esenciales para la población.
Un gobernador puede argumentar insuficiencia de transferencias federales, mientras la Federación puede señalar deficiencias administrativas locales, dejando a los ciudadanos entre responsabilidades compartidas.
La salida tampoco consiste simplemente en reducir transferencias, pues numerosas entidades carecen de bases económicas suficientes para sostener servicios públicos mediante recaudación exclusivamente local.
El desafío es construir un sistema que combine redistribución nacional, capacidad recaudatoria estatal, transparencia presupuestaria y responsabilidades claramente identificables para cada nivel gubernamental.
México tiene gobernadores elegidos por sus ciudadanos, congresos que aprueban presupuestos y administraciones responsables de prestar servicios, pero su autonomía financiera sigue siendo limitada.
El federalismo permite distribuir responsabilidades y recursos entre distintos gobiernos; su debilidad aparece cuando esas responsabilidades crecen sin una capacidad equivalente para financiarlas.
Los gobernadores seguirán ocupando sus palacios y presentando presupuestos millonarios, mientras una pregunta permanece abierta: cuánto poder financiero ejercen realmente por cuenta propia.
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