Dos domingos de protestas dejaron una pregunta que el gobierno de Pablo Lemus todavía debe responder. Primero hubo denuncias de abusos policiales; después aparecieron encapuchados que los propios manifestantes intentaron expulsar. Mientras tanto, el problema del agua sigue sin resolverse.
Guadalajara salió a exigir agua limpia y terminó enfrentando otro problema: ejercer el derecho a protestar sin sufrir agresiones. Dos domingos consecutivos dejaron responsabilidades pendientes de esclarecer.
El 11 de octubre, una manifestación terminó con detenciones y denuncias de violencia policial. El 18, personas encapuchadas intentaron incorporarse a otra marcha y provocaron disturbios.
Los episodios fueron distintos, pero tienen algo en común: la población que reclama agua potable también exige garantías para manifestarse y conocer quién responde por las agresiones.
La policía bajo investigación
La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 policías por presunto uso excesivo de la fuerza durante la primera protesta, mediante la revisión de más de 200 videos.
La Fiscalía estatal abrió 14 carpetas de investigación por posibles abusos durante las detenciones. Once comenzaron de oficio y tres surgieron de comparecencias de personas afectadas.
“No vamos a permitir que esta situación vuelva a suceder”, declaró Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad estatal, al informar sobre las investigaciones.
Sin embargo, las investigaciones administrativas y penales no equivalen todavía a sanciones ni sentencias. También queda pendiente esclarecer las responsabilidades de los mandos que dirigieron el operativo.
Los encapuchados y la pregunta que nadie responde
Este domingo, un grupo de aproximadamente 40 encapuchados intentó sumarse a la segunda movilización desde el Parque Revolución. Los manifestantes rechazaron su incorporación.
Hubo lanzamiento de petardos, golpes y daños a establecimientos. La marcha se retrasó, pero los contingentes ciudadanos finalmente llegaron al Palacio de Gobierno para continuar sus exigencias.
Los organizadores acusaron al gobierno estatal de enviar provocadores. Es una denuncia grave, pero hasta ahora no existe evidencia pública independiente suficiente para establecer quién los organizó.
Tampoco puede confundirse a quienes realizaron destrozos con el conjunto de manifestantes. Fueron precisamente participantes de la protesta quienes intentaron mantener alejados a los grupos violentos.
Pablo Lemus aseguró que su gobierno evitaría confrontaciones. Esa decisión no elimina la obligación de investigar los delitos cometidos ni de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente.
El agua continúa siendo el problema de fondo
Mientras crece la controversia política, la contaminación del suministro permanece. Un monitoreo ciudadano del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario analizó 184 muestras de hogares.
Según los resultados difundidos por Reuters, más del 93% no tenía cloro residual detectable. Algunas muestras presentaron contaminantes como plomo, mercurio y bacterias indicadoras de contaminación fecal.
La investigación corresponde a las viviendas examinadas y no permite afirmar que idéntica contaminación exista en todas las casas de la zona metropolitana.
“Estos problemas nunca han recibido la atención que requieren”, señaló Allan Tejeda, especialista en ingeniería ambiental de la Universidad de Guadalajara, en declaraciones a Reuters.
El gobierno propone construir un nuevo acueducto, con una inversión cercana a 12 mil millones de pesos, para mejorar el abastecimiento desde el lago de Chapala.
Pero organizaciones civiles cuestionan el proyecto y la falta de discusión pública. “Están colocando al acueducto como la solución mágica”, advirtió María González Valencia, directora del Imdec, a El País.
Tres responsabilidades que no deben confundirse
La primera corresponde al servicio de agua: demostrar con análisis verificables que el suministro es seguro y explicar cuándo dejarán de recibir agua sucia los hogares afectados.
La segunda es policial: esclarecer las detenciones y determinar qué hicieron los agentes y mandos durante la protesta del 11 de octubre.
La tercera es identificar a quienes protagonizaron los disturbios del domingo 18, sin atribuir responsabilidades políticas que todavía no están demostradas.
Guadalajara no necesita elegir entre agua limpia y manifestaciones seguras. Tiene derecho a ambas. El gobierno debe responder por el servicio público y esclarecer cada episodio de violencia.
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