La violencia obligó a desplazarse a integrantes de más de medio millón de hogares. Los desastres también expulsaron familias de sus viviendas. La Encuesta Intercensal 2025 revela la dimensión de una emergencia que suele permanecer fuera de las estadísticas de seguridad.
Hay mexicanos que abandonaron su casa sin cruzar ninguna frontera. No se fueron buscando otro empleo ni una vida diferente: tuvieron que escapar de la violencia.
La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI identificó 661 mil 769 hogares donde al menos uno de sus integrantes experimentó desplazamiento forzado dentro del territorio nacional.
La cifra representa 1.52% de los hogares del país y muestra que perder el lugar donde se vive no siempre implica emigrar al extranjero.
En 509 mil 917 hogares se reportó desplazamiento por inseguridad o violencia, mientras otros 151 mil 852 registraron movimientos provocados por desastres naturales o humanos.
La violencia está detrás de tres de cada cuatro casos
Los datos muestran que la inseguridad y la violencia explican aproximadamente 77% de los hogares afectados por desplazamiento forzado identificados en la encuesta.
Guerrero, Morelos y Baja California Sur aparecen entre las entidades con mayor proporción de hogares afectados, de acuerdo con la información difundida por el INEGI.
Detrás de esas cifras existen familias que dejaron viviendas, empleos, escuelas y redes de apoyo para buscar seguridad en otra comunidad o entidad federativa.
No todos los desplazamientos ocurren mediante grandes caravanas. Algunos comienzan cuando una familia decide salir discretamente después de amenazas o episodios de violencia.
Huir también significa perder lo que no cabe en una maleta
El desplazamiento interno puede separar a las familias de sus fuentes de ingreso, dificultar la continuidad escolar y complicar el acceso a servicios médicos.
También plantea problemas para acreditar la propiedad de una vivienda, recuperar documentos o recibir asistencia cuando las personas llegan a una localidad desconocida.
La investigadora Natalia de Marinis, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, advirtió en un análisis publicado por A dónde van los desaparecidos sobre las nuevas formas de violencia que expulsan a comunidades.
Entre ellas identificó el uso de drones con explosivos y minas en caminos, mecanismos que amenazan directamente las viviendas y restringen la movilidad cotidiana.
Un problema que no termina cuando cesan los disparos
El desplazamiento forzado no equivale necesariamente a una mudanza definitiva. Algunas personas regresan, otras permanecen fuera durante años y muchas desconocen cuándo podrán volver.
El Observatorio de Desplazamiento Interno estimó que al finalizar 2025 había alrededor de 390 mil personas que seguían desplazadas en México por conflictos y violencia.
Ese cálculo no debe sumarse a los 661 mil 769 hogares del INEGI: las fuentes utilizan unidades de medida y periodos de referencia diferentes.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad principal de proteger a esta población.
La pregunta pendiente es quién ayuda a regresar
México cuenta con disposiciones estatales para atender el desplazamiento, pero sigue pendiente consolidar una respuesta nacional que garantice protección, asistencia y reparación.
La información del INEGI permite dimensionar el problema desde los hogares, aunque no establece cuántas personas permanecen desplazadas ni cuántas consiguieron regresar.
El desafío va más allá de ofrecer refugio temporal. También exige condiciones de seguridad, acceso a servicios y garantías para recuperar una vida interrumpida.
Porque abandonar una casa por miedo no es simplemente cambiar de domicilio. Es perder, muchas veces de un día para otro, la posibilidad de permanecer.
Acerca del autor
