La nueva Ley de Rentas Justas propone multas, contratos registrados y defensa gratuita para inquilinos. Especialistas advierten que el problema de fondo sigue siendo la falta de vivienda accesible.
En la Ciudad de México, conseguir departamento puede parecer una subasta interminable. El propietario pone el precio, los interesados hacen cuentas y muchos terminan buscando otro barrio.
Ahora Clara Brugada quiere cambiar las reglas del alquiler. Su propuesta promete proteger a los inquilinos, vigilar los aumentos y ofrecer ayuda cuando aparezcan conflictos con los propietarios.
La iniciativa llegó al Congreso capitalino el 14 de octubre y plantea expedir la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
Pero hay una pregunta incómoda detrás del nombre: ¿una nueva ley conseguirá bajar la presión sobre las rentas o solamente administrará mejor los abusos?
El aumento tendría un límite y una multa
La propuesta establece que los incrementos anuales no podrán superar la inflación del año anterior, incluso cuando cambie la persona que ocupa la vivienda.
No se trata de congelar los alquileres. El Código Civil capitalino ya contempla un límite vinculado con la inflación; la iniciativa busca reforzar su cumplimiento.
Quienes incumplan podrían recibir multas de hasta 400 unidades de medida y actualización, equivalentes aproximadamente a 46 mil 924 pesos con los valores de 2026.
El proyecto también contempla excepciones cuando el propietario acredite mejoras sustantivas al inmueble y obtenga autorización de la autoridad encargada de las relaciones inquilinarias.
Los contratos dejarían de vivir en el cajón
Los propietarios tendrían que registrar digitalmente los contratos de arrendamiento dentro de los 30 días posteriores a su firma y entregar la documentación correspondiente.
También se plantea una duración mínima de un año y medidas contra condiciones abusivas, como garantías excesivas o restricciones discriminatorias para determinados inquilinos.
La iniciativa propone crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que ofrecería asesoría gratuita y buscaría resolver diferencias entre propietarios e inquilinos mediante conciliación.
Además, un gabinete integrado por dependencias capitalinas acompañaría situaciones de desalojo para atender sus consecuencias sociales, particularmente cuando existan personas vulnerables.
La protección llega pero los departamentos siguen faltando
La nueva defensoría podría ayudar a quienes enfrentan abusos y carecen de dinero para contratar abogados. Sin embargo, eso no significa que aparezcan viviendas económicas.
“Viene a saldar una deuda histórica que tiene el Código Civil con las personas arrendatarias en la Ciudad de México”, señaló Daniela Sánchez, especialista de la Universidad Iberoamericana, a El País.
La investigadora Laura Garrido, del Instituto de Geografía de la UNAM, cuestionó que las medidas puedan contener los precios sin ampliar la vivienda pública disponible.
“No basta con poner tope a los precios de la vivienda”, advirtió Laura Garrido, en declaraciones recogidas por El País.
El especialista inmobiliario Víctor Pacheco también señaló que la escasez de vivienda social y de bajo costo constituye uno de los problemas centrales del mercado.
Su preocupación apunta a un riesgo adicional: que algunos propietarios prefieran destinar sus inmuebles al alojamiento temporal antes que mantenerlos disponibles para contratos tradicionales.
El Congreso abrió la puerta a los inquilinos
La presidenta del Congreso capitalino, Olivia Garza, anunció el 15 de octubre un proceso de Parlamento Abierto para recibir observaciones ciudadanas sobre la iniciativa.
Las propuestas podrán presentarse durante el periodo legal de participación, contado desde la publicación del proyecto en la Gaceta Parlamentaria del 14 de octubre.
“Las leyes tienen consecuencias directas en la vida de las personas y por eso es indispensable escuchar sus opiniones antes de tomar decisiones”, afirmó Olivia Garza.
Las comisiones legislativas deberán considerar las propuestas recibidas al elaborar sus dictámenes. Después vendrán la discusión y, eventualmente, la votación de la reforma.
Todavía no hay nueva ley ni rentas más baratas
Por ahora, ningún propietario está obligado a cumplir las disposiciones nuevas de esta iniciativa, porque el Congreso todavía no las ha aprobado.
Siguen vigentes las reglas actuales del Código Civil, incluido el límite legal para los incrementos de renta y las obligaciones contractuales correspondientes.
La reforma podría mejorar la defensa de los inquilinos y dar mayor claridad a los propietarios. Pero controlar aumentos no equivale a resolver la escasez de vivienda.
La discusión decisiva será si el gobierno consigue que vivir en la capital deje de convertirse en un privilegio reservado para quienes pueden pagar cada vez más.
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