Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca reconocer que amenazar o lastimar a un animal de compañía también puede ser una forma de controlar a una persona.
Un perro puede convertirse en rehén de una discusión familiar. Un gato también. No necesitan entender las amenazas para terminar atrapados en ellas.
La violencia dentro de una casa no siempre comienza con un golpe contra una persona. A veces aparece cuando alguien amenaza con lastimar a su mascota.
Esa forma de intimidación llegó al Congreso de la Ciudad de México mediante una iniciativa que busca reconocer el uso de animales de compañía como instrumento de violencia familiar.
La propuesta fue presentada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, y plantea modificaciones al Código Civil de la capital.
El animal puede ser la amenaza y la persona el objetivo
La iniciativa pone sobre la mesa una conducta que suele quedar escondida detrás de los conflictos domésticos: utilizar el cariño por una mascota para ejercer control.
La amenaza puede consistir en lastimar, abandonar o quitarle un animal a alguien para obligarlo a permanecer en una relación o aceptar determinadas condiciones.
El daño, en estos casos, no se limita al perro o al gato. También alcanza a la persona que teme por la seguridad de su compañero.
La propuesta parte de una distinción importante: no todo conflicto relacionado con mascotas constituye violencia familiar, pero algunas amenazas pueden formar parte de ella.
No es lo mismo maltrato animal que violencia familiar
La Ciudad de México cuenta con disposiciones para sancionar conductas de maltrato y crueldad contra los animales. Sin embargo, la iniciativa aborda otra dimensión.
Lo que busca reconocer es que una agresión contra una mascota también puede utilizarse para intimidar, castigar o someter emocionalmente a una persona.
Así, el animal puede ser víctima directa de una conducta violenta, mientras su propietario o cuidador enfrenta una forma de presión dentro del hogar.
La diferencia importa porque las medidas de protección para una persona y las sanciones por maltrato animal responden a problemas jurídicos relacionados, pero distintos.
Una amenaza que puede impedir la salida
Para alguien que vive una relación violenta, abandonar el domicilio puede resultar todavía más difícil cuando teme que su mascota quede expuesta a represalias.
La preocupación puede convertirse en una herramienta de control: quedarse para proteger al animal, aunque permanecer en la vivienda también represente un riesgo personal.
Por eso, reconocer estas conductas exige mirar más allá de las lesiones físicas y considerar cómo se utilizan los vínculos afectivos para ejercer violencia.
La propuesta todavía no es ley
La presentación de la iniciativa no significa que el Código Civil ya haya cambiado ni que exista una nueva sanción aplicable por esta reforma.
Corresponde al Congreso analizar el proyecto, discutir su redacción y determinar si resulta necesario modificar las disposiciones vigentes sobre violencia familiar.
También será importante precisar cómo se acreditaría que una amenaza contra un animal tuvo la intención de intimidar o controlar a otra persona.
Una definición demasiado amplia podría confundir conflictos de convivencia con violencia familiar. Una demasiado estrecha podría dejar fuera amenazas graves y difíciles de demostrar.
El desafío será proteger a ambos
La discusión legislativa abre una pregunta práctica: qué debe ocurrir cuando una persona denuncia violencia familiar y también teme por la seguridad de su mascota.
La respuesta no puede depender únicamente de castigar al agresor después del daño. También requiere mecanismos capaces de prevenir nuevas amenazas y proteger a las víctimas.
La iniciativa deberá demostrar que puede traducir ese problema en reglas claras, aplicables y compatibles con la legislación existente sobre protección animal y violencia familiar.
Porque dentro de una casa, el miedo puede tener muchas formas. Y algunas comienzan cuando alguien amenaza con hacerle daño al ser más indefenso.
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