Horas después de premiar a Navi Pillay por defender el derecho internacional, Washington sancionó directamente a la Corte Penal Internacional como institución.
Donald Trump convirtió este viernes una discusión jurídica en choque frontal con sus aliados: sancionó como institución a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Horas antes, Navi Pillay había recibido el Nobel de la Paz por una trayectoria dedicada precisamente a fortalecer el derecho internacional y la rendición de cuentas.
La coincidencia pareció escrita para una metáfora: Oslo premió las reglas globales por la mañana y Washington castigó una de sus principales herramientas por la tarde.
Las sanciones estadounidenses prohíben amplias transacciones con la Corte y buscan limitar su acceso a servicios financieros, tecnología y operaciones denominadas en dólares estadounidenses y jurídicos.
La administración concedió una licencia temporal de 180 días para determinadas actividades, pero dejó claro que pretende forzar cambios profundos en el funcionamiento del tribunal.
Marco Rubio justificó la decisión afirmando que Washington no aceptará jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses ni de países aliados que tampoco pertenecen formalmente a la Corte.
La ley cuando alcanza al aliado
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, fundamento de la CPI, y mantiene desde hace décadas una relación ambivalente con la justicia penal internacional.
Washington respaldó tribunales para Yugoslavia, Ruanda y otros conflictos, pero rechaza que una institución permanente pueda investigar a estadounidenses sin consentimiento gubernamental previo explícito de Washington.
La confrontación se agravó después de las investigaciones sobre Afganistán y, especialmente, tras las órdenes de arresto emitidas contra dirigentes israelíes por la guerra en Gaza.
La CPI sostiene que puede ejercer jurisdicción cuando presuntos crímenes ocurren en territorio de un Estado miembro, aunque el acusado pertenezca a otro país diferente.
Estados Unidos e Israel rechazan esa interpretación cuando afecta a sus ciudadanos y consideran que el tribunal está excediendo las competencias otorgadas por su tratado fundacional.
Ahí está la contradicción central: las reglas internacionales suelen parecer universales hasta que alcanzan a gobiernos poderosos capaces de castigar económicamente a quien intenta aplicarlas.
Una sanción contra el edificio
Trump ya había sancionado jueces y fiscales individuales. La novedad de este viernes consiste en que Washington colocó directamente a la institución completa bajo sanciones.
La Corte respondió que se trata de un ataque contra el Estado de derecho y pidió a sus 125 países miembros asegurar su capacidad operativa futura.
Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido expresaron conjuntamente respaldo al tribunal y advirtieron directamente sobre efectos significativos para funcionarios y familias.
La Unión Europea estudia además mecanismos para proteger operaciones de la CPI, incluyendo instrumentos capaces de bloquear dentro de Europa determinados efectos de sanciones estadounidenses.
La disputa deja así de ser jurídica para convertirse también en financiera: quién procesa pagos, quién ofrece software y qué banco acepta trabajar con La Haya.
Ese detalle importa porque una institución internacional puede sobrevivir a discursos hostiles; funciona mucho peor cuando proveedores temen multas por venderle servicios cotidianos básicos esenciales.
El Nobel llegó exactamente a tiempo
Pillay conoce esa tensión personalmente. Fue jueza de la CPI y construyó buena parte de su carrera defendiendo que los crímenes internacionales tengan responsables individuales.
El Comité Noruego premió justamente esa idea cuando advirtió que instituciones jurídicas globales atraviesan presiones crecientes y que la paz necesita límites aplicables al poder.
Trump respondió pocas horas después con una demostración involuntariamente pedagógica: el poder también puede sancionar al tribunal encargado de preguntarle por sus propios límites institucionales.
El episodio no decide quién tiene razón sobre jurisdicción, Gaza o Afganistán. Sí exhibe algo más amplio sobre el sistema internacional contemporáneo construido después de 1945.
El derecho internacional funciona mientras los Estados aceptan suficientes costos por obedecerlo. Este viernes, Washington decidió elevar internacionalmente los costos de quien pretende hacerlo valer.
Oslo entregó un Nobel a la defensa de las reglas. Trump recordó, antes de terminar el mismo día, que las reglas todavía necesitan quien pueda defenderlas.
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