La conectividad doméstica se duplicó en una década, pero millones de hogares todavía carecen de acceso. La brecha digital ya no significa solamente quedarse fuera de las redes sociales: también puede complicar trámites, educación, empleo y servicios públicos.
México consiguió que internet llegara a una proporción de hogares impensable hace una década, pero la expansión tecnológica todavía no garantiza oportunidades equivalentes para todos.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, correspondiente a 2025, registra conectividad en 78.3% de las viviendas.
La cifra representa un avance considerable frente a 2015, cuando menos de cuatro de cada diez hogares mexicanos disponían de una conexión a internet.
Sin embargo, el promedio nacional también revela su límite: aproximadamente 21.7% de los hogares permanece fuera de esa estadística de conectividad doméstica.
No significa que todos sus habitantes estén completamente desconectados, porque algunos pueden utilizar redes móviles, espacios públicos, escuelas o conexiones de terceros.
La diferencia importa porque tener acceso ocasional a internet no equivale a disponer de una conexión estable, suficiente y accesible dentro del hogar.
El país conectado tiene una puerta trasera
Durante años, internet fue presentado principalmente como una herramienta de comunicación, entretenimiento e información, pero su papel cotidiano se ha vuelto considerablemente más amplio.
Actualmente permite buscar empleo, consultar materiales educativos, solicitar citas, realizar operaciones bancarias y acceder a servicios que antes se ofrecían presencialmente.
Esa transformación genera beneficios para quienes cuentan con dispositivos adecuados, habilidades digitales y conexiones suficientes para completar las actividades que necesitan.
Pero también puede crear dificultades adicionales para quienes dependen de datos móviles limitados, teléfonos compartidos o establecimientos con horarios y servicios restringidos.
El problema aparece cuando las instituciones trasladan procedimientos a plataformas digitales sin garantizar alternativas efectivas para las personas que no pueden utilizarlas.
En esas circunstancias, una herramienta diseñada para simplificar trámites puede convertirse en una barrera adicional, especialmente para ciudadanos con menos recursos tecnológicos.
Chiapas y la Ciudad de México viven en países digitales distintos
La desigualdad territorial aparece con claridad cuando se comparan las entidades federativas que encabezan y cierran las estadísticas nacionales de conectividad doméstica.
En Ciudad de México, 90.5% de los hogares disponía de internet durante 2025, mientras Nuevo León registraba 89.9% y Baja California alcanzaba 89.1%.
En el extremo contrario aparecían Veracruz, con 68.3%; Oaxaca, con 64%; y Chiapas, donde solamente 53.9% de los hogares tenía conexión.
Entre Ciudad de México y Chiapas existe una diferencia de 36.6 puntos porcentuales, suficiente para mostrar que el promedio nacional oculta realidades profundamente distintas.
No se trata de una diferencia menor entre velocidades o compañías proveedoras, sino de hogares que cuentan con acceso frente a otros que carecen de él.
La desigualdad territorial también está relacionada con factores económicos, infraestructura disponible y condiciones geográficas, aunque establecer el peso de cada causa requiere investigaciones específicas.
La conexión rural todavía llega con desventaja
El INEGI encontró que 88.9% de las personas de seis años y más residentes en zonas urbanas utilizó internet durante 2025.
En las localidades rurales, la proporción fue de 75.2%, una diferencia de 13.7 puntos porcentuales que persiste pese a los avances recientes.
La comparación corresponde a personas usuarias, no a hogares conectados, una distinción indispensable para interpretar correctamente los resultados de la encuesta nacional.
El crecimiento rural es significativo: durante 2017 solamente 39.2% de sus habitantes utilizaba internet, según las series históricas del propio instituto.
Sin embargo, el aumento de usuarios no demuestra que todas las localidades cuenten con infraestructura equivalente ni que las conexiones ofrezcan condiciones semejantes.
Una comunidad puede registrar usuarios de internet y continuar enfrentando dificultades para realizar videollamadas, descargar documentos extensos o sostener actividades educativas simultáneas.
El celular abrió la puerta pero no reemplazó la computadora
La expansión de los teléfonos inteligentes permitió que millones de mexicanos se incorporaran al entorno digital sin necesitar una computadora personal.
Durante 2025, 84.6% de las personas de seis años y más utilizó teléfono celular, mientras solamente 38.1% empleó computadora de escritorio, portátil o tableta.
Ambos indicadores corresponden al uso de dispositivos y no deben confundirse con la proporción de hogares que dispone de conexión doméstica.
La diferencia plantea un problema práctico: algunas actividades pueden resolverse cómodamente desde un teléfono, mientras otras requieren pantallas mayores, programas especializados o archivos complejos.
Llenar formularios extensos, elaborar documentos o realizar determinadas tareas escolares puede resultar más complicado cuando el único dispositivo disponible es un celular.
No significa que un teléfono sea inútil para estudiar o trabajar, sino que las oportunidades digitales también dependen de las herramientas disponibles.
Los adultos mayores enfrentan otra frontera
La desigualdad digital no solamente separa territorios, porque también existen diferencias relacionadas con la edad y la familiaridad con determinadas herramientas tecnológicas.
En 2015, apenas 3% de las personas de 75 años y más utilizaba internet, proporción que alcanzó 30% durante 2025.
El avance es considerable, pero también significa que siete de cada diez personas de ese grupo de edad no figuraban como usuarias.
Entre quienes tenían de 65 a 74 años, la proporción de usuarios pasó de 11% a 57.8% durante el mismo periodo.
Estas cifras no permiten concluir que todos los adultos mayores enfrenten idénticas dificultades, porque sus experiencias, ingresos y habilidades digitales son diferentes.
Pero sí muestran por qué los servicios esenciales necesitan procedimientos comprensibles y alternativas accesibles para quienes todavía no utilizan plataformas electrónicas.
El gobierno digital también necesita una ventanilla física
La digitalización de servicios públicos puede reducir desplazamientos, tiempos de espera y costos administrativos cuando las plataformas funcionan correctamente y resultan accesibles.
Sin embargo, trasladar un procedimiento exclusivamente a internet puede dificultar su realización para quienes carecen de conectividad, dispositivos o conocimientos suficientes.
El problema se vuelve especialmente relevante cuando están involucrados servicios de salud, educación, identidad, programas sociales o trámites que condicionan otros derechos.
Una plataforma puede estar disponible las veinticuatro horas y continuar siendo inaccesible para una persona que no dispone de datos móviles suficientes.
También puede excluir a usuarios con discapacidad si sus formularios, mecanismos de identificación o herramientas de navegación no cumplen criterios adecuados de accesibilidad.
Por eso, la transformación digital requiere evaluar tanto la eficiencia administrativa como la posibilidad real de que distintos grupos puedan utilizar los servicios.
La política pública ya reconoce la distancia
El Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 identifica diferencias territoriales y sociales que deben atenderse mediante infraestructura, cobertura y estrategias para ampliar el acceso.
El documento utiliza indicadores de conectividad y reconoce que las condiciones de las localidades rurales son distintas de las observadas en los grandes centros urbanos.
La existencia de un plan constituye un instrumento de política pública, pero no demuestra automáticamente que sus objetivos hayan sido alcanzados o financiados suficientemente.
Para evaluar sus resultados será necesario conocer inversiones ejecutadas, localidades beneficiadas, cobertura efectiva y cambios verificables en las condiciones de acceso.
También importa distinguir entre instalar infraestructura, ofrecer un servicio comercial y conseguir que los hogares puedan pagarlo y utilizarlo de manera sostenida.
Una red puede llegar a una comunidad sin resolver completamente la brecha cuando las tarifas, los equipos o las habilidades siguen limitando su aprovechamiento.
Conectarse no significa competir en igualdad
El crecimiento de internet constituye uno de los cambios sociales más importantes de México durante la última década, tanto por su velocidad como por su alcance.
La encuesta de 2025 contabilizó 104.9 millones de personas usuarias de internet, equivalentes a 86.1% de la población mexicana de seis años y más.
La cifra confirma una expansión que facilita comunicación, información y nuevas actividades económicas, pero no describe por sí sola la calidad de cada conexión.
Tampoco mide directamente si todos los usuarios poseen habilidades equivalentes, dispositivos adecuados o condiciones para aprovechar las oportunidades disponibles en el entorno digital.
El desafío público ya no consiste exclusivamente en aumentar el número de conexiones, sino en reducir las diferencias que condicionan su utilidad cotidiana.
Eso exige información sobre costos, calidad, dispositivos, habilidades y accesibilidad, además de indicadores tradicionales de cobertura territorial y disponibilidad del servicio.
La igualdad todavía espera que cargue la página
México duplicó la proporción de hogares conectados entre 2015 y 2025, un avance estadístico que merece reconocerse sin ocultar las desigualdades persistentes.
La diferencia entre Ciudad de México y Chiapas demuestra que el acceso doméstico sigue dependiendo considerablemente del territorio donde viven las personas.
La distancia entre usuarios urbanos y rurales confirma que la expansión tecnológica tampoco ha eliminado las desigualdades relacionadas con infraestructura y condiciones de acceso.
Y la brecha entre teléfonos celulares y computadoras recuerda que estar conectado no equivale necesariamente a disponer de todas las herramientas digitales necesarias.
México consiguió llevar internet a casi ocho de cada diez hogares. Ahora necesita conseguir que una conexión no determine quién puede estudiar, trabajar o ejercer sus derechos.
La siguiente etapa de la política digital debería medirse no solamente por cuántas personas entran a internet, sino por lo que pueden hacer una vez dentro.
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