El gobierno asegura que les impidió facturar por vender combustible ilegal. Publicó el número, pero no los nombres, los RFC ni las causas individuales. Tampoco puede concluirse que todas estén acusadas penalmente de huachicol fiscal.
El gobierno encontró 2 mil 205 empresas que, según el SAT, comercializaban combustible ilegalmente. Sabemos cuántas son. Lo que todavía no sabemos es quiénes son.
Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, el Servicio de Administración Tributaria canceló a esas comercializadoras la posibilidad de emitir facturas, según informó el propio organismo el 2 de septiembre.
La cifra es enorme. La explicación pública, en cambio, ocupa unas cuantas líneas.
El SAT no difundió los nombres de las empresas, sus RFC, ubicación, volúmenes comercializados ni la irregularidad atribuida individualmente a cada una. Tampoco precisó cuántas fueron denunciadas ante la FGR.
Eso impide convertir automáticamente las 2 mil 205 en empresas procesadas por huachicol fiscal.
La cifra surgió después de que Claudia Sheinbaum explicara durante su conferencia matutina que el gobierno había encontrado irregularidades entre comercializadoras de combustibles. La Presidenta describió empresas que incumplían requisitos y otras que facturaban combustible que, en realidad, no transportaban. También habló de sociedades creadas y desaparecidas en periodos muy cortos.
Horas después, el SAT puso número al fenómeno: 2 mil 205.
Cabeza de Ratón revisó los listados públicos del organismo fiscal. Existen bases de contribuyentes no localizados, certificados de sello digital sin efectos y empresas vinculadas con operaciones presuntamente inexistentes, entre otras.
Pero ninguna identifica específicamente el universo anunciado por el SAT como las 2 mil 205 comercializadoras de combustible ilegal.
Tampoco puede compararse directamente esa cifra con el número de permisos de comercialización de combustibles de la Comisión Nacional de Energía. Permisos y empresas no constituyen necesariamente la misma unidad y pertenecen a universos administrativos distintos.
Precisamente ahí está una de las grietas que el gobierno intenta cerrar.
Desde abril, las facturas por gasolina y diésel deben incorporar información que permita vincularlas con permisos energéticos. Además, SAT, Aduanas, autoridades energéticas y Pemex están cruzando datos sobre compras, inventarios, ventas y volúmenes para detectar diferencias que requieran explicación.
El principio es sencillo: una empresa no debería poder vender más combustible legal del que puede demostrar que adquirió.
Las 2 mil 205 empresas muestran la dimensión que el propio gobierno atribuye al problema. Pero para conocer realmente esa red falta una información elemental: saber cuáles son, qué hicieron y cuántas terminaron frente a una autoridad penal.
México empieza a conseguir que cada litro deje huella.
Falta conseguir que las 2 mil 205 empresas también la dejen.
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