La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó en los primeros días de septiembre una iniciativa para acabar con el uso de dinero en efectivo en México
México quiere que cada vez más pagos ocurran con tarjeta, transferencia, aplicación o código QR. El 8 de septiembre de 2026, el gobierno federal envió al Congreso una iniciativa para acelerar esa transición y permitir que determinadas actividades lleguen a operar exclusivamente con pagos digitales. El país tiene bancos, cajeros, millones de terminales y una poderosa red de transferencias. La pregunta empieza cuando el promedio nacional baja al territorio: ¿todos los mexicanos pueden realmente dejar de usar efectivo?
México tiene 69 mil 126 cajeros automáticos. Tiene 57 mil 624 corresponsales financieros. Banco del Bienestar construyó la red bancaria más extensa del país. Millones de establecimientos pueden recibir tarjetas y prácticamente cualquier teléfono inteligente puede convertirse en la puerta de entrada a una transferencia.
Visto desde arriba, el país parece preparado.
El problema comienza al bajar.
Monterrey tenía 1,642 cajeros al cierre de 2024. La alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, 1,487. Tijuana, 1,477.
Pero alrededor de 17% de los municipios mexicanos no tenía uno solo.
Las dos cosas son ciertas.
También es cierto que, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 99.6% de los adultos vive en un municipio con al menos un punto de acceso financiero: sucursal, cajero o corresponsal.
Es una cobertura formidable.
Pero un punto en un municipio no significa necesariamente un punto cerca de cada persona.
Y tener dónde retirar dinero tampoco significa poder vivir sin él.
El país que todavía paga con billetes
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 permite mirar el problema desde el bolsillo.
Para compras de hasta 500 pesos, 85.2% de los adultos utilizaba principalmente efectivo. En operaciones mayores de 500 pesos todavía lo hacía 73.5%.
La geografía abre todavía más la distancia.
En Ciudad de México, 55.2% utilizaba principalmente efectivo para compras superiores a 500 pesos. En la región sur llegaba a 82%.
No estamos ante dos monedas.
Estamos ante dos posibilidades de utilizar la misma.
La pregunta importante, por eso, no es quién paga en efectivo.
Es quién no puede dejar de hacerlo.
Hay quien lleva billetes porque quiere. Quien podría transferir, pero prefiere no hacerlo. Quien evita la tarjeta porque no desea pagar una comisión. Quien recibe dinero en una cuenta y lo retira inmediatamente.
Pero también existe quien no tiene cuenta, quien vive lejos de un cajero, quien compra donde no reciben tarjeta, quien carece de conectividad suficiente o quien necesita que la persona del otro lado de la operación también pueda cobrar digitalmente.
Todos aparecen bajo una misma palabra —efectivo—, pero enfrentan problemas distintos.
Tener cuenta no basta
La expansión bancaria de los últimos años modificó profundamente el mapa.
Al cierre de 2024, la banca de desarrollo tenía al menos una sucursal en 1,964 municipios; la banca múltiple estaba presente en 912.
En los municipios con menos de 15 mil habitantes, 63% tenía una sucursal de banca de desarrollo. Sólo 7% tenía banca múltiple.
La diferencia importa.
Una parte considerable de la cobertura financiera de las regiones pequeñas existe porque el Estado llegó donde la banca comercial no había llegado.
Eso es un éxito de infraestructura.
Pero no necesariamente significa el final del efectivo.
La ENIF muestra que en localidades menores de 15 mil habitantes sólo 51.4% de los adultos tenía una cuenta de ahorro formal en 2024. Entre hablantes de lengua indígena la proporción era 45.6%.
Incluso puede ocurrir algo aparentemente contradictorio: una persona recibe dinero digital y vive en efectivo.
En las localidades pequeñas, casi una cuarta parte de las primeras cuentas formales fueron abiertas para recibir apoyos gubernamentales.
El gobierno deposita. La persona acude al cajero. Retira. Compra con billetes.
La transacción comenzó digitalmente y terminó en una economía de efectivo.
Tener cuenta, entonces, no significa necesariamente vivir bancarizado.
Cobrar 100 y recibir menos
Del otro lado del mostrador existe otro obstáculo.
Aceptar una tarjeta cuesta.
Banco de México reportaba en julio de 2026 que la tasa de descuento promedio para pagos con débito en misceláneas era 1.45%. En crédito, la comisión era mayor.
Una tienda que vende un producto en 100 pesos y cobra con débito no necesariamente recibe los mismos 100.
El ejemplo parece diminuto hasta repetirlo miles de veces.
Con ventas por 100 mil pesos mensuales y una tasa de 1.45%, serían 1,450 pesos.
Esto no convierte al efectivo en gratuito.
Contarlo cuesta tiempo. Transportarlo tiene riesgos. Hay que conseguir cambio, guardarlo, depositarlo y protegerlo de pérdidas y robos.
Pero sus costos suelen estar dispersos.
La comisión digital aparece en una línea.
Para un pequeño negocio, esa diferencia importa.
Los pagos mediante transferencia o QR pueden reducir esa barrera. Pero requieren algo más que imprimir un cuadrito: una cuenta, un dispositivo, conectividad y personas dispuestas y capaces de utilizarlos.
La ley quiere acelerar
El 8 de septiembre de 2026, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados, dentro del Paquete Económico 2027, la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Su presentación formal quedó registrada en la Gaceta Parlamentaria el 9 de septiembre.
La propuesta no elimina el efectivo.
Su objetivo declarado es cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo y promover los pagos electrónicos y digitales.
Hay razones para intentarlo.
Digitalizar puede reducir costos, facilitar operaciones, dejar trazabilidad, ampliar servicios financieros y evitar que una persona tenga que cargar efectivo.
El problema está en determinar cuándo una posibilidad puede convertirse en obligación.
La iniciativa abre la puerta para que determinadas actividades o sectores lleguen a utilizar exclusivamente medios de pago electrónicos y digitales.
Y ahí el mapa importa más que el promedio.
Porque una regla que funciona sin dificultad en una zona densamente bancarizada de Monterrey puede producir una experiencia completamente distinta en un municipio pequeño sin cajero cercano, con poca presencia bancaria o conectividad irregular.
La ley no puede convertir una señal de teléfono en una sucursal.
Cuando internet se cae
La iniciativa contempla una salida razonable.
Cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos o digitales, podrá utilizarse efectivo o cheque.
Pero aquí aparece una diferencia pequeña en las palabras y enorme en el territorio.
Una contingencia es una interrupción.
¿Qué ocurre cuando el problema no es que internet se cayó sino que nunca llegó suficientemente bien?
¿Qué pasa cuando la distancia al servicio financiero no es excepcional sino cotidiana?
¿Qué sucede cuando la persona no está temporalmente desconectada sino permanentemente excluida?
La iniciativa también ordena realizar acciones y programas de conectividad y ampliar las posibilidades de acceso financiero.
Eso significa que la propia política reconoce que la infraestructura todavía debe crecer.
La pregunta, entonces, es de orden:
¿primero llegará la infraestructura suficiente y después podrá una actividad abandonar el efectivo?
¿O podrá declararse exclusivamente digital mientras esa infraestructura todavía se construye?
El promedio puede engañar
La paradoja mexicana cabe en dos cifras.
99.6% de los adultos vive en un municipio con algún punto de acceso financiero.
Y 73.5% seguía utilizando principalmente efectivo para compras mayores de 500 pesos en 2024.
No se contradicen.
Explican el problema.
México ha avanzado enormemente en construir la puerta de entrada al sistema financiero, pero una puerta no garantiza que toda la vida económica pueda ocurrir detrás de ella.
Un cajero sirve para retirar efectivo.
Una cuenta puede utilizarse sólo para recibir un apoyo.
Una terminal puede existir a kilómetros.
Una transferencia necesita dos participantes conectados.
Un teléfono necesita señal.
Y un comerciante necesita encontrar conveniente aceptar el pago.
Por eso infraestructura disponible y posibilidad efectiva no son exactamente lo mismo.
Tres personas detrás del mismo billete
La transición digital enfrenta, en realidad, a tres mexicanos.
El primero puede dejar el efectivo, pero no quiere.
El segundo podría dejarlo, pero hacerlo le cuesta.
El tercero todavía no puede.
Al primero puede convencerlo una aplicación más sencilla, mayor seguridad o mejores servicios.
Al segundo pueden ayudarlo menores comisiones, transferencias baratas, códigos QR o incentivos.
El tercero necesita infraestructura.
Confundirlos produciría una mala política pública.
Porque la baja utilización de pagos digitales no siempre es resistencia cultural, informalidad o desconfianza.
A veces es geografía.
Se acaba el «cash»
México sí cuenta con infraestructura suficiente para digitalizar una parte cada vez mayor de su economía.
Los datos no permiten sostener seriamente lo contrario.
Lo que todavía no demuestran es algo distinto: que todos los mexicanos tengan condiciones suficientes para prescindir del efectivo.
Esa diferencia debería acompañar cualquier decisión de convertir un medio digital en la única forma de pago para una actividad.
No porque el efectivo deba conservarse para siempre.
Sino porque modernizar un sistema de pagos no consiste solamente en construir la tecnología del futuro.
Consiste también en comprobar quién puede entrar en ella.
El último billete de México, por eso, probablemente no estará en una bóveda de Banco de México.
Estará doblado en el bolsillo de alguien.
Puede ser una persona mayor. Un comerciante. Una mujer que recibe un apoyo. Un habitante de una comunidad pequeña. Alguien que tiene cuenta pero necesita retirar todo lo que recibe. O alguien cuyo teléfono encuentra internet unas calles más adelante.
No sabemos todavía quién será.
Pero antes de decidir que una actividad ya no necesita efectivo, el país debería poder responder una pregunta bastante sencilla:
¿dónde vive la última persona que todavía lo necesita?
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