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El Gobierno federal declaró la zona de restauración ecológica en 2024, pero sigue pendiente publicar el programa que debe establecer metas, responsables y plazos para recuperar una de las regiones más contaminadas de Hidalgo.
La presa Endhó, en Hidalgo, cumplió dos años bajo una declaratoria federal de restauración ecológica sin que se haya publicado el programa oficial que debe ordenar su saneamiento.
El decreto, emitido en septiembre de 2024, reconoció el deterioro ambiental de una región afectada durante décadas por descargas de aguas residuales provenientes del Valle de México.
Sin embargo, habitantes y organizaciones ambientales denuncian que todavía desconocen el documento que debe precisar las acciones, los responsables y los plazos para recuperar el territorio.
Una investigación publicada este lunes 12 de octubre por El País documenta la persistencia de contaminación, proliferación de mosquitos y reclamos sanitarios entre comunidades cercanas.
Un decreto que todavía espera su programa
La declaratoria comprende territorios de ocho municipios hidalguenses, entre ellos Tula de Allende, Tepetitlán, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama y Tepeji del Río.
El instrumento establece un horizonte máximo de doce años para ejecutar la restauración, pero también contempla un programa específico que debe organizar las intervenciones necesarias.
Ese documento debía ser expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de los ocho meses posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Transcurridos más de dos años, las comunidades siguen reclamando su publicación y mecanismos que permitan verificar cuánto se ha avanzado realmente en el saneamiento.
El lirio acuático y los mosquitos complican la emergencia
La presa recibe aguas residuales y presenta una extensa proliferación de lirio acuático, vegetación que dificulta el manejo del embalse y favorece condiciones para ciertos mosquitos.
Los habitantes han denunciado afectaciones a su vida cotidiana por la presencia de insectos, malos olores y el deterioro de las condiciones ambientales.
También expresan preocupación por enfermedades crónicas y casos de cáncer, aunque establecer relaciones causales individuales requiere investigaciones epidemiológicas y médicas específicas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó previamente violaciones al derecho a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua en la región.
Hay trabajos en marcha pero falta conocer el calendario completo
La Comisión Nacional del Agua puso en marcha durante mayo un plan de intervención que contempla retirar lirio, combatir mosquitos y aprovechar biomasa, entre otras acciones.
En julio, la dependencia reportó una disminución en la densidad promedio de larvas de mosquito en cinco puntos de muestreo establecidos alrededor de la presa.
La Secretaría de Medio Ambiente también ha informado sobre trabajos relacionados con agua, aire, biodiversidad, suelos y recuperación forestal dentro de la zona.
Sin embargo, las acciones anunciadas no sustituyen la obligación de contar con un programa público integral que permita evaluar metas, presupuestos y resultados.
La deuda ambiental sigue corriendo
Para las comunidades ribereñas, el problema no consiste únicamente en retirar vegetación o fumigar, sino en reducir las fuentes de contaminación que alimentan el deterioro.
El saneamiento exige coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, además de mecanismos de participación para las poblaciones que viven junto al embalse.
Dos años después del decreto, el Gobierno federal puede señalar intervenciones concretas, pero continúa pendiente transparentar la ruta completa para recuperar la zona.
La diferencia es fundamental: una declaratoria reconoce oficialmente el daño; un programa verificable permite saber quién debe repararlo, con qué recursos y en cuánto tiempo.
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