Las denuncias por agresiones políticas de género han aumentado y el entorno digital concentra buena parte de los casos reportados. El reto es distinguir la crítica legítima del hostigamiento dirigido a excluir a las mujeres de la vida pública.
La violencia política contra las mujeres se extiende por redes sociales y plataformas digitales, donde las agresiones pueden reproducirse rápidamente y permanecer visibles mucho después de publicarse.
Un reporte difundido este lunes 12 de octubre señala un aumento de las denuncias relacionadas con estas conductas entre 2023 y 2026, a partir de información atribuida al Instituto Nacional Electoral.
La publicación sostiene que las quejas casi se triplicaron durante ese periodo y que el ámbito digital concentra una proporción importante de las agresiones identificadas.
Sin embargo, esas cifras requieren contrastarse con el informe original del INE para establecer cuántos expedientes corresponden a cada año y cuáles fueron acreditados.
Las agresiones ya no terminan cuando acaba una campaña
La violencia política de género puede manifestarse mediante amenazas, campañas de desprestigio, divulgación de información privada y mensajes destinados a desacreditar a una mujer por su condición de género.
En internet, esas conductas adquieren otra dimensión porque una publicación puede multiplicarse mediante cuentas anónimas, mensajes compartidos y mecanismos de difusión coordinada.
El problema no se limita a candidatas durante las elecciones, pues también puede afectar a legisladoras, funcionarias, dirigentes partidistas y mujeres que participan en asuntos públicos.
La legislación mexicana reconoce la violencia política contra las mujeres en razón de género y establece mecanismos para denunciarla ante las autoridades electorales competentes.
Criticar a una política no equivale a ejercer violencia de género
Una distinción fundamental es que los cuestionamientos sobre decisiones públicas, resultados de gobierno o posiciones partidistas forman parte del debate democrático y no constituyen automáticamente violencia política.
La conducta puede adquirir ese carácter cuando incorpora elementos de género y busca menoscabar o anular los derechos políticos y electorales de una mujer.
Entre los elementos que deben examinarse están el contenido de los mensajes, su contexto, la existencia de estereotipos y sus posibles efectos sobre la participación política.
Las autoridades deben valorar cada caso con criterios jurídicos, evitando tanto la normalización de agresiones discriminatorias como restricciones indebidas a la libertad de expresión.
El desafío para las autoridades electorales
El INE y los organismos electorales locales cuentan con procedimientos para atender denuncias y, cuando corresponde, adoptar medidas de protección o solicitar el retiro de contenidos.
No obstante, identificar responsables puede complicarse cuando las publicaciones proceden de cuentas anónimas o circulan mediante distintas plataformas y servicios digitales.
El aumento de quejas tampoco demuestra por sí mismo un crecimiento equivalente de agresiones comprobadas, porque las denuncias pueden variar según los mecanismos de registro y acceso.
Para conocer la magnitud del fenómeno resulta indispensable publicar estadísticas comparables que distingan denuncias recibidas, expedientes resueltos, sanciones y medidas de protección.
El debate de fondo es cómo garantizar que las mujeres participen en política sin enfrentar agresiones discriminatorias, preservando al mismo tiempo el derecho ciudadano a cuestionar al poder.
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