La muerte de Anna Yagi, presuntamente a manos de un marine estadounidense, reavivó una pregunta vieja: cuánto debe soportar una isla para defender un país entero.
Okinawa vuelve a mirar las bases estadounidenses como quien observa una deuda heredada: sabe por qué existen, pero cada nuevo crimen vuelve a cobrar intereses.
La muerte de Anna Yagi, de 39 años, presuntamente a manos de un marine estadounidense, encendió nuevamente protestas contra la presencia militar norteamericana.
La policía arrestó al cabo Devin Jacob Ballard, de 20 años, destinado en Futenma, acusado de estrangularla dentro de un hotel y robarle pertenencias.
Ballard ha negado las acusaciones y permanece bajo custodia japonesa, mientras autoridades estadounidenses aseguran cooperación plena con la investigación penal abierta por Okinawa.
El caso desató protestas inmediatas porque para muchos habitantes no representa una anomalía aislada, sino otro episodio dentro de una convivencia históricamente conflictiva.
La isla que carga la alianza
Okinawa ocupa menos de uno por ciento del territorio japonés, pero concentra aproximadamente setenta por ciento de las instalaciones militares estadounidenses existentes dentro del país.
También alberga a la mayoría de los marines estadounidenses destinados en Japón, convirtiendo una pequeña prefectura insular en pieza central de la estrategia regional.
Washington necesita Okinawa porque está cerca de Taiwán, China y rutas marítimas fundamentales; Tokio la necesita porque reduce riesgos sobre el resto del archipiélago.
Los habitantes cargan entonces con una contradicción geopolítica enorme: aquello que protege militarmente a Japón también produce ruido, accidentes, contaminación, delitos y resentimiento local.
Por eso la reacción actual no comenzó con Anna Yagi. En 1995, la violación de una niña por militares estadounidenses provocó manifestaciones masivas.
En 2016, el asesinato de una joven okinawense por un exempleado de una base estadounidense llevó aproximadamente a 65 mil personas nuevamente a las calles.
Cada episodio produce disculpas, nuevas reglas y promesas de disciplina. Después pasa el tiempo hasta que otro caso vuelve a convertir esas promesas en archivo.
Una respuesta militar al problema militar
Estados Unidos reaccionó esta vez imponiendo un toque de queda nocturno durante treinta días y prohibiciones temporales de alcohol para sus fuerzas estacionadas en Okinawa.
El teniente general Benjamin Watson también suspendió operaciones durante 48 horas para impartir capacitación sobre disciplina, conducta y relaciones con las comunidades locales okinawenses.
La primera ministra Sanae Takaichi calificó el crimen como extremadamente brutal y exigió medidas estadounidenses eficaces para impedir que episodios semejantes vuelvan a ocurrir allí.
El gobernador Genta Koja llevó el enojo directamente a Tokio y pidió reducir la carga que representan las bases estadounidenses para los habitantes de Okinawa.
Ese reclamo llega precisamente cuando Japón busca reforzar sus defensas regionales y profundizar la cooperación militar estadounidense frente al ascenso estratégico chino cercano.
Ahí aparece el problema político: Tokio necesita más capacidad defensiva justamente cuando Okinawa vuelve a preguntarse cuánto territorio y tranquilidad debe entregar para obtenerla.
La seguridad vista desde la banqueta
Desde Washington, Futenma es una instalación estratégica. Desde una casa cercana, también
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