El Consejo General fijará los plazos para revisar ingresos y gastos de aspirantes, partidos y candidaturas. Los topes vendrán después, pero la fiscalización electoral ya empieza a correr.
Las campañas de 2027 todavía no comienzan, pero el INE ya prepara el reloj que utilizará para seguirles el dinero.
El Consejo General tiene previsto aprobar este martes los plazos para fiscalizar los informes de ingresos y gastos correspondientes a tres momentos del proceso electoral: apoyo ciudadano, precampañas y campañas.
Parece un asunto de calendario. En realidad determina cuándo deberán entregar cuentas quienes busquen candidaturas y cuánto tiempo tendrá la autoridad electoral para revisar el origen y destino de sus recursos.
La fiscalización permite al Instituto contrastar lo reportado por partidos, precandidaturas, candidaturas y aspirantes independientes con facturas, operaciones bancarias, propaganda y otros gastos detectados durante el proceso.
El acuerdo abarcará tanto el proceso electoral federal como las elecciones locales concurrentes de 2026-2027, por lo que busca ordenar bajo plazos definidos una revisión que ocurrirá simultáneamente en distintos territorios.
Hay una distinción importante.
El INE no decidirá hoy cuánto dinero podrá gastar cada candidato durante la campaña. La determinación de los topes máximos de precampaña y campaña está programada para octubre.
Lo que hará ahora es construir el calendario para revisar las cuentas.
El proceso electoral federal comenzó formalmente durante septiembre y el Instituto ya desarrolla actividades que van desde documentación electoral hasta reglas para candidaturas independientes, radio y televisión y organización territorial.
También comenzó la maquinaria de fiscalización.
El calendario oficial establece que los procedimientos administrativos sancionadores en esta materia se desarrollarán durante el proceso y podrán extenderse hasta julio de 2027.
Para las campañas existe otra fecha particularmente importante.
El INE tiene programado recibir los informes de ingresos y gastos de candidaturas partidistas, coaliciones e independientes entre abril y junio del próximo año.
Esos documentos permiten comparar lo que cada contendiente asegura haber recibido y gastado con la información obtenida mediante los mecanismos de fiscalización.
La diferencia puede convertirse en algo más serio que un error contable.
La legislación electoral contempla sanciones por irregularidades financieras y establece consecuencias cuando se rebasan determinados límites de gasto bajo los supuestos previstos constitucionalmente.
Por eso el dinero electoral tiene varios relojes.
Uno determina cuánto puede gastarse. Otro establece cuándo debe reportarse. Y otro marca cuánto tiempo tiene la autoridad para comprobar si las cuentas coinciden con lo ocurrido durante la campaña.
El primero todavía espera octubre.
El segundo comienza a tomar forma hoy.
La elección será en 2027, pero para el dinero de las campañas el calendario ya empezó.
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