Foto: Facebook - Coordinación Nacional de Egresado de Ayotzinapa
El Gobierno presentó cuatro líneas para buscar a los 43. Teléfonos, funerarias, un Semefo y un crematorio aparecen conectados, pero ninguna evidencia demuestra todavía dónde terminaron los estudiantes.
Doce años después, el caso Ayotzinapa tiene nuevas personas bajo investigación, nuevos cruces telefónicos, nuevas detenciones y una hipótesis que conduce hacia funerarias de Iguala.
Lo que todavía no tiene es una respuesta concluyente sobre el destino de los 43 estudiantes desaparecidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El Gobierno presentó cuatro líneas de investigación construidas mediante el reanálisis de expedientes, comunicaciones telefónicas, testimonios, videograbaciones y otros elementos acumulados durante más de una década.
La primera permitió identificar 17 nuevos objetivos de investigación y reconstruir comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
Ahí aparece una de las rutas más delicadas.
La Fiscalía investiga la Funeraria El Ángel, el Servicio Médico Forense de Iguala y otros inmuebles relacionados con personas que habrían mantenido comunicación con integrantes de Guerreros Unidos.
Los cateos permitieron localizar restos óseos, documentación oficial sin llenar y un crematorio clandestino. Esos hallazgos acreditan razones para investigar los inmuebles, pero no demuestran que los normalistas fueran llevados allí.
La hipótesis depende también de testimonios protegidos.
Uno sostiene que cadáveres de estudiantes fueron trasladados hacia instalaciones relacionadas con funerarias. Sin embargo, existe una dificultad relevante: el lugar señalado no coincide plenamente con la ubicación que tenía entonces uno de los crematorios investigados.
La telefonía aporta otra pieza.
La Fiscalía procesó más de 80 mil registros de 2014 y 2015 y encontró actividad posterior a los ataques en teléfonos pertenecientes a algunos normalistas.
Uno de esos aparatos, correspondiente a Julio César Mondragón, fue utilizado días después por una persona vinculada con la Funeraria El Ángel, según la investigación presentada por las autoridades.
Otra línea busca determinar si aproximadamente 17 estudiantes pasaron por instalaciones de la policía municipal antes de desaparecer.
También se investiga el ocultamiento de videograbaciones de las cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Esa ruta derivó en procesos contra exfuncionarios judiciales y alcanzó al exgobernador Ángel Aguirre.
Hay, además, una precisión incómoda para la idea de que todas estas pistas son nuevas.
El GIEI había solicitado desde 2015 analizar integralmente las comunicaciones de víctimas y posibles responsables. Las funerarias también habían aparecido anteriormente entre las rutas pendientes de investigación.
Mientras esas líneas avanzan, permanece otra disputa sin resolver: familiares, representantes y antiguos investigadores internacionales siguen reclamando documentación militar que consideran relevante para reconstruir aquella noche.
Hasta ahora solamente han sido identificados restos de tres estudiantes.
Por eso el nuevo informe puede abrir caminos sin cerrar el caso.
Ayotzinapa tiene más teléfonos que revisar, más personas investigadas y nuevos lugares donde buscar.
Doce años después, todavía le falta lo esencial: saber dónde están los 43.
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