Homeland Security pagó 950 millones de dólares por dos complejos de detención migratoria. El negocio amplía camas, pero también busca reducir el alcance regulatorio estatal.
El Departamento de Seguridad Nacional compró por 950 millones de dólares dos complejos de detención migratoria en Adelanto, California, según reveló Los Angeles Times.
La operación fue reportada por Andrea Castillo y confirmada por GEO Group, compañía penitenciaria privada que vendió los inmuebles y continuará administrándolos para ICE.
La compra incluye los dos edificios del Adelanto ICE Processing Center, con mil 940 camas, además del Desert View Annex, que dispone de otras 704.
En total, Washington adquiere capacidad para dos mil 644 detenidos sin cambiar necesariamente quién vigila pasillos, sirve alimentos o presta atención médica cotidiana.
Ahí comienza la parte más interesante del negocio: el gobierno federal compra los edificios, pero GEO mantiene las operaciones mediante su contrato vigente hasta diciembre de 2034.
La administración Trump obtiene así ladrillos federales y gestión privada simultáneamente, una combinación que sirve para ampliar detenciones y disputar quién puede supervisarlas desde California.
Comprar jurisdicción
Homeland Security ha sostenido que las leyes californianas de supervisión dificultan mantener suficiente capacidad de detención migratoria en la Costa Oeste y justifican propiedad federal.
California, mientras tanto, acaba de aprobar nuevas medidas para fortalecer derechos de detenidos, ampliar facultades del fiscal estatal y exigir acceso a determinados registros públicos.
La respuesta federal no consiste simplemente en desafiar esas leyes ante tribunales. También está modificando la naturaleza jurídica de los lugares donde pretende aplicarlas California.
Un centro propiedad de GEO puede quedar expuesto a determinadas regulaciones estatales. Uno propiedad federal ofrece a Washington argumentos adicionales para invocar supremacía y jurisdicción federal.
La estrategia, por tanto, convierte una compra inmobiliaria en maniobra constitucional: el inmueble cambia de dueño y con él puede cambiar también el perímetro regulatorio disputado.
Los Angeles Times señala que ICE incluso ha modificado contratos para sostener que determinados centros sencillamente no están sujetos a ciertas disposiciones estatales o locales.
El propietario cambia pero el negocio permanece
Para GEO, la operación tiene otra virtud: vende inmuebles por cientos de millones y conserva el negocio de administrarlos mediante contratos gubernamentales de largo plazo.
La compañía calcula recibir aproximadamente 705 millones de dólares netos después de impuestos y costos, recursos destinados parcialmente a reducir deuda y recomprar acciones.
Su director ejecutivo, George Zoley, explicó previamente
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