El Gran Consejo Maya pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser escuchado
El organismo tradicional de Quintana Roo pidió a la nueva integración de la Corte escuchar directamente su posición antes de resolver nuevamente la controversia sobre el uso del patrimonio cultural maya.
El Gran Consejo Maya de Quintana Roo lanzó un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: antes de volver a decidir sobre el uso del patrimonio cultural maya, pide que escuche directamente a quienes representa.
En una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y a las ministras y ministros, el Consejo cuestionó que una resolución destinada a proteger la cultura maya termine desconociendo sus propios acuerdos.
El documento tiene como antecedente la controversia judicial relacionada con el uso de elementos culturales mayas por Grupo Xcaret y un acuerdo celebrado entre la empresa y el Gran Consejo Maya de Quintana Roo.
En marzo, la Suprema Corte revocó la suspensión definitiva que permitía a la empresa mantener contenidos publicitarios relacionados con elementos del patrimonio cultural maya mientras continuaba el litigio iniciado a partir de medidas adoptadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
La mayoría del Pleno consideró entonces que el contrato celebrado con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo no bastaba para acreditar una autorización del Pueblo Maya en su conjunto, integrado por comunidades asentadas también en Yucatán y Campeche.
Ahí está precisamente el punto que ahora cuestiona el Consejo.
La organización sostiene que durante el proceso no recibió el peso correspondiente a su representación histórica y legal en Quintana Roo y señala que fueron consideradas comunidades de otras entidades con formas de organización y contextos diferentes.
“No necesitamos que alguien más piense, decida o hable por nosotros”, afirma la carta.
Una representación reconocida por ley
El reclamo tiene detrás una particularidad jurídica. La legislación de Quintana Roo establece expresamente que el Gran Consejo Maya es la máxima institución de representación de los indígenas mayas de esa entidad.
La misma legislación señala que está integrado por generales y sacerdotes representantes de los centros ceremoniales y le atribuye la tarea de velar por los usos, costumbres, tradiciones e idioma maya.
El Consejo utiliza ahora ese reconocimiento para defender su capacidad de negociar y alcanzar acuerdos relacionados con el patrimonio cultural de las comunidades que asegura representar.
La discusión, sin embargo, rebasa Quintana Roo: el patrimonio cultural maya pertenece a un pueblo extendido territorialmente por distintas entidades y la Corte consideró que una autorización local no necesariamente equivale al consentimiento colectivo de todo ese pueblo.
La carta busca colocar nuevamente esa discusión ante los ministros, pero desde otro ángulo: quién puede hablar, negociar y alcanzar acuerdos en nombre de las comunidades directamente involucradas.
“Se habló de nosotros, pero no con nosotros”
El Gran Consejo sostiene que la resolución anterior terminó reduciendo su capacidad para tomar decisiones sobre elementos culturales cuya preservación forma parte de sus atribuciones tradicionales.
“No pedimos privilegios”, señala. Su petición concreta es ser escuchado directamente por la Corte antes de una nueva determinación y que sean considerados sus usos y costumbres y la legislación de Quintana Roo.
También dirige un mensaje a Claudia Sheinbaum, a quien pide que el reconocimiento público de los pueblos indígenas se traduzca en participación efectiva cuando las instituciones adoptan decisiones relacionadas con ellos.
La carta evita pedir expresamente que la Suprema Corte falle en favor de Grupo Xcaret. Incluso afirma que no pretende que se resuelva en beneficio de un interés particular sin revisar previamente los hechos y la legislación.
Su demanda central está resumida en las últimas cinco palabras del documento:
“No decidan sobre nosotros sin nosotros”.
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