El Senado aprobó incorporar a Defensa, Marina y Seguridad a la comisión que revisa determinadas operaciones de capital extranjero. Tendrán voz y voto cuando México examine inversiones sensibles para la seguridad nacional.
Una empresa extranjera interesada en comprar el control de determinados negocios mexicanos podría encontrarse próximamente con tres nuevos participantes sentados en la mesa que analiza la operación.
Son las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, incorporadas por el Senado a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
El Pleno aprobó la reforma con 65 votos a favor y 30 en contra en lo general. En lo particular recibió 65 votos favorables y 28 contrarios.
El cambio no significa que soldados y marinos revisarán cada dólar extranjero que llegue a México ni que todas las inversiones necesitarán autorización de las Fuerzas Armadas.
Lo que crea la reforma es un procedimiento especial para analizar determinadas operaciones cuando puedan representar riesgos o amenazas para la seguridad nacional.
Ahí aparece la primera novedad importante.
Defensa, Marina y Seguridad dejarían de ser actores externos a la Comisión y sus titulares tendrían voz y voto dentro del organismo encargado de realizar esas evaluaciones.
También se incorpora la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, relevante cuando las operaciones involucren infraestructura digital, ciberseguridad, inteligencia artificial, datos o tecnologías consideradas críticas.
La mesa puede crecer todavía más cuando aparezca un asunto de seguridad nacional.
Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, SAT y Unidad de Inteligencia Financiera podrán participar permanentemente como invitados, aunque solamente con voz y sin voto.
¿Qué negocios pueden terminar bajo esa lupa?
La reforma contempla operaciones en sectores como energía, transporte, comunicaciones, infraestructura estratégica, minería, salud, inteligencia artificial, semiconductores, robótica, ciberseguridad, computación cuántica y biotecnología.
También incluye actividades vinculadas con instalaciones aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de datos, insumos fundamentales, seguridad alimentaria y empresas que tengan acceso a información sensible.
El mecanismo se activaría obligatoriamente cuando un inversionista extranjero pretenda adquirir más de 49 por ciento de una empresa mexicana incluida en los supuestos legales y ésta rebase determinado valor de activos.
Ese monto todavía no existe.
La propia Comisión tendría 180 días naturales después de entrar en vigor la reforma para determinar y publicar el umbral que activará obligatoriamente la revisión.
Después de estudiar una operación, la Comisión podrá autorizarla, imponer condiciones para reducir los riesgos detectados o impedirla cuando considere que existe una amenaza para la seguridad nacional.
La oposición cuestionó que dependencias militares reciban voto dentro de un organismo económico. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre posibles efectos de incertidumbre para inversionistas.
Quienes respaldaron la reforma sostuvieron lo contrario: que México ya podía intervenir frente a adquisiciones sensibles y ahora tendrá un procedimiento explícito para hacerlo.
La discusión todavía no terminó.
El Senado ya dio su aprobación y envió el proyecto a la Cámara de Diputados, que deberá revisarlo antes de que pueda convertirse en ley.
Si San Lázaro también dice que sí, algunas inversiones extranjeras seguirán llegando a una mesa económica.
Sólo que en esa mesa habrá nuevas sillas.
Y tres tendrán escrito Defensa, Marina y Seguridad.
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