La Ciudad de México presume barrios históricos, nuevos desarrollos, restaurantes, turismo y una vida cultural extraordinaria. Pero su atractivo también tiene un precio: para muchos habitantes, permanecer cerca del trabajo, la familia y los lugares donde crecieron resulta cada vez más difícil. La paradoja es incómoda: una ciudad puede volverse más valiosa y, al mismo tiempo, menos habitable para quienes la sostienen.
Hay una manera muy curiosa de medir el éxito de una ciudad: contar cuántas personas quieren llegar, pero no cuántas pueden quedarse.
Un barrio comienza a ponerse de moda. Abren cafeterías, rehabilitan edificios, aparecen restaurantes y las fotografías de sus calles circulan por todas partes.
Los propietarios descubren que sus inmuebles valen más. Los comerciantes encuentran nuevos clientes. El gobierno celebra la recuperación del espacio urbano y la llegada de inversiones.
Hasta ahí, parecería una historia de prosperidad. El problema comienza cuando alguien pregunta cuánto cuesta alquilar un departamento en ese mismo barrio.
Entonces aparece una contradicción que rara vez figura en los anuncios inmobiliarios: la ciudad puede enriquecerse mientras sus habitantes pierden posibilidades de vivir en ella.
No es un problema exclusivo de México ni comenzó con los llamados nómadas digitales. Pero aquí adquiere características particularmente difíciles por los salarios y la desigualdad.
La ciudad que todos quieren también tiene habitantes
El 15 de octubre, Clara Brugada presentó su segundo informe de gobierno ante el Congreso capitalino y volvió a colocar la vivienda entre las prioridades de su administración.
La discusión llega después de que su gobierno anunciara medidas contra el encarecimiento de las rentas y una estrategia para ampliar la oferta de vivienda asequible.
La preocupación tiene fundamentos. En una ciudad donde millones de personas necesitan desplazarse diariamente, vivir cerca del trabajo representa una ventaja económica y personal.
Pero la vivienda no funciona como cualquier mercancía. Cuando sube demasiado su precio, sus habitantes no pueden simplemente dejar de necesitarla.
Una persona puede renunciar a un restaurante caro, cambiar de marca de ropa o posponer unas vacaciones. No puede prescindir indefinidamente de un lugar donde dormir.
Por eso, el mercado inmobiliario plantea una pregunta que incomoda tanto a gobiernos como a propietarios: ¿hasta dónde debe llegar el derecho a obtener ganancias?
El precio de una dirección
El problema de la vivienda no consiste solamente en que algunos departamentos sean demasiado caros. También importa la distancia entre esos precios y los ingresos.
Una renta mensual de 20 mil pesos puede ser accesible para determinados hogares y completamente imposible para otros, aunque ambos trabajen en el mismo barrio.
El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México ha señalado que el acceso a vivienda adecuada exige considerar ingresos, localización y servicios.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI permite observar diferencias profundas en la capacidad económica de las familias mexicanas.
Pero conviene evitar un error frecuente: comparar el salario individual promedio con el precio anunciado de un departamento y presentar el resultado como universal.
Muchos hogares reúnen varios ingresos, comparten vivienda o cuentan con propiedades familiares. Otros destinan una proporción muy elevada de sus recursos al alquiler.
La desigualdad aparece cuando esas estrategias dejan de alcanzar y mudarse lejos se convierte en la única opción económicamente viable.
La ciudad gana valor y sus vecinos pierden terreno
En un estudio publicado en 2026, la Universidad Autónoma Metropolitana examinó la evolución de las rentas en Roma, Condesa y Juárez entre 2020 y 2025.
El trabajo encontró aumentos superiores a la inflación acumulada y estimó una renta promedio de 41,200 pesos mensuales para los departamentos analizados en la Condesa.
La cifra no representa todas las viviendas de esa colonia ni puede extrapolarse al conjunto de la capital. Describe el mercado específico examinado.
Aun con esa limitación, resulta reveladora: si un hogar destinara como máximo 30% de sus ingresos a esa renta, necesitaría ganar aproximadamente 137,333 pesos mensuales.
La operación no pretende establecer cuánto debe ganar cualquier familia mexicana. Permite visualizar la distancia entre determinados precios inmobiliarios y los ingresos habituales.
El estudio también encontró una relación estadística entre la concentración de alojamientos temporales y el encarecimiento de las rentas residenciales en las zonas investigadas.
Una correlación no demuestra que las plataformas sean responsables de todos los aumentos. Intervienen también el suelo disponible, la inversión, la demanda y las políticas públicas.
Pero el resultado plantea una cuestión difícil: ¿qué ocurre cuando una vivienda produce mayores ganancias alojando visitantes que ofreciendo residencia estable a una familia?
Los especialistas llevan años advirtiéndolo
Vicente Moctezuma Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó en agosto de 2025 que la gentrificación transforma barrios mediante nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo.
El investigador describió cómo esa transformación puede desplazar a residentes tradicionales hacia zonas periféricas, mientras los precios del suelo responden a nuevas expectativas económicas.
Su explicación permite entender por qué el problema no se resuelve simplemente prohibiendo cafeterías o culpando a quienes llegan de otras ciudades y países.
El conflicto aparece cuando las ganancias de la renovación urbana se concentran en determinados propietarios e inversionistas, mientras los costos recaen sobre otros habitantes.
En julio de 2025, The Guardian documentó protestas contra la gentrificación capitalina y recogió testimonios de residentes afectados por el aumento de las rentas.
El periódico también señaló que los visitantes extranjeros no explican por sí solos la crisis, vinculada igualmente con políticas de vivienda insuficientes y problemas de oferta.
Es una advertencia importante. Convertir al extranjero en culpable universal puede resultar políticamente rentable, pero distrae de las decisiones locales que organizan el mercado.
El gobierno reconoce una contradicción que también produce
Hay un hallazgo especialmente incómodo en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030, publicado por el gobierno federal.
El documento reconoce que las propias mejoras urbanas pueden contribuir al desplazamiento cuando elevan el atractivo de una zona sin proteger a sus residentes.
Es decir, arreglar calles, mejorar servicios o recuperar espacios públicos puede terminar encareciendo el barrio que se pretendía beneficiar.
No significa que los gobiernos deban dejar de invertir. Significa que una intervención pública necesita prever quién podrá permanecer después de la transformación.
El problema deja de ser exclusivamente inmobiliario y se convierte en una cuestión de justicia: ¿quién recibe los beneficios de una obra pagada colectivamente?
Cuando una inversión pública aumenta el valor de propiedades privadas, también surge la pregunta sobre cómo recuperar parte de esa ganancia para financiar vivienda asequible.
La renta justa tampoco es una solución mágica
El 14 de octubre, Brugada presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia que busca proteger a los arrendatarios, regular aumentos y ampliar las posibilidades de acceso a vivienda.
Una iniciativa anterior planteó incorporar a la Constitución capitalina el principio de que los incrementos de renta no superen la inflación.
La idea responde a un problema reconocible: familias que enfrentan aumentos difíciles de absorber y temen perder el lugar donde han construido su vida.
Pero regular precios también exige pensar en sus posibles efectos sobre la oferta de vivienda, el mantenimiento de inmuebles y las decisiones de los propietarios.
En mayo, Financial Times examinó el proyecto capitalino y recogió preocupaciones de economistas y representantes inmobiliarios sobre una posible reducción de la inversión.
Esas advertencias no invalidan automáticamente la regulación. Tampoco sería riguroso ignorarlas porque provienen de sectores que tienen intereses económicos en el mercado.
Una política bien diseñada necesita proteger a los inquilinos existentes y, simultáneamente, evitar que encontrar una vivienda disponible resulte todavía más difícil.
La pregunta no debería reducirse a elegir entre propietarios e inquilinos, sino a construir condiciones donde ambos puedan sostener relaciones estables y transparentes.
El mundo también está descubriendo que construyó ciudades difíciles de habitar
El informe mundial de ciudades 2026 de ONU-Habitat calcula que hasta 3,400 millones de personas carecen de acceso a vivienda segura, adecuada y asequible.
La cifra es global y comprende distintas formas de precariedad. No significa que todos estén sin techo ni que enfrenten exactamente el mismo problema.
El organismo sostiene que la crisis responde a décadas de inversión insuficiente, crecimiento urbano, inestabilidad económica y desplazamientos provocados por distintas circunstancias.
Su conclusión es particularmente útil para México: las soluciones duraderas requieren combinar financiamiento, regulación del suelo, infraestructura y participación de las comunidades.
No basta con construir más viviendas si quedan demasiado lejos del empleo. Tampoco basta con controlar rentas cuando prácticamente no existen inmuebles disponibles.
El 9 de octubre, ONU-Habitat reunió a representantes de Cataluña y Ciudad de México para discutir experiencias sobre alquiler social, vivienda pública y prevención del desplazamiento.
La comparación internacional permite ampliar el debate: Barcelona, Lisboa y Ciudad de México enfrentan presiones distintas, pero comparten tensiones entre turismo, inversión y residencia.
No existe una receta universal. Las experiencias extranjeras sirven para identificar posibilidades y errores, no para importar soluciones sin considerar las condiciones locales.
La ciudad también necesita propietarios
Existe una tentación comprensible de dividir el conflicto entre inquilinos buenos y propietarios malos. Pero esa explicación deja fuera una parte importante de la realidad.
Muchos propietarios son familias que dependen de una renta para complementar sus ingresos, financiar su vejez o mantener una vivienda heredada.
También hay pequeños negocios que necesitan visitantes y consumidores con mayor capacidad de compra para sostener empleos y continuar operando.
La inversión privada puede recuperar edificios deteriorados, generar actividad económica y ampliar la oferta habitacional cuando existen condiciones adecuadas para construir.
Negar esos beneficios sería tan simplista como asegurar que cualquier inversión inmobiliaria produce bienestar para todos los habitantes de un barrio.
La cuestión consiste en establecer reglas que permitan obtener ganancias sin convertir la necesidad de vivienda de otras personas en una fuente de vulnerabilidad permanente.
Una ciudad no es solamente un conjunto de propiedades
Hay algo que las estadísticas inmobiliarias difícilmente registran: el valor de conocer al panadero, saludar a los vecinos y reconocer las calles donde crecimos.
Cuando una familia debe abandonar su barrio, no pierde únicamente una dirección. También puede perder redes de apoyo, rutinas y relaciones construidas durante años.
Esas pérdidas resultan especialmente importantes para adultos mayores, personas con discapacidad y hogares que dependen de familiares cercanos para organizar sus cuidados.
El desplazamiento tampoco siempre ocurre mediante un desalojo. Puede producirse cuando termina un contrato y el nuevo precio vuelve imposible permanecer en la vivienda.
O cuando los hijos de una familia descubren que ya no pueden pagar un departamento cerca de la casa donde pasaron su infancia.
La ciudad conserva sus edificios, sus nombres y sus fotografías. Pero comienza a cambiar la población que puede permitirse formar parte de ella.
El derecho a quedarse también necesita límites
La pertenencia barrial merece protección, aunque tampoco puede convertirse en un derecho exclusivo de quienes llegaron primero o de quienes heredaron una propiedad.
Las ciudades cambian porque nacen familias, llegan trabajadores, aparecen actividades económicas y otras personas buscan oportunidades que no encontraron en sus lugares de origen.
Cerrar los barrios a los recién llegados no resolvería la desigualdad. Podría sustituir una forma de exclusión económica por otra basada en el origen.
El desafío consiste en permitir que la ciudad reciba nuevos habitantes sin expulsar sistemáticamente a quienes tienen menos recursos para competir por una vivienda.
Eso exige más vivienda bien ubicada, transporte eficiente, protección frente a abusos, reglas claras para alquileres temporales y una política pública sostenida.
También requiere información verificable sobre rentas, viviendas desocupadas, desalojos y construcción, para que las decisiones no dependan solamente de anuncios o percepciones.
La ciudad no debería exigirnos demostrar que merecemos vivir en ella
El debate sobre vivienda suele presentarse como un problema de precios. En realidad, también es una discusión sobre quién tiene derecho a disfrutar la ciudad.
Los trabajadores que limpian oficinas, atienden restaurantes, cuidan enfermos o mantienen funcionando el transporte necesitan vivir en algún lugar, no solamente llegar a trabajar.
Una ciudad que depende de ellos, pero los obliga a establecerse cada vez más lejos, termina trasladando parte de sus costos a quienes menos ganan.
Las autoridades deben explicar cómo impedirán ese resultado. Los inversionistas también tienen razones para preguntarse qué clase de ciudad están ayudando a construir.
Y los habitantes necesitamos reconocer que la prosperidad urbana no se mide únicamente por cuánto sube el precio de un metro cuadrado.
La verdadera prueba es cuántas personas pueden construir una vida digna alrededor de ese metro cuadrado sin sacrificar sus ingresos, su tiempo y sus relaciones.
Quizá la contradicción más grande de nuestras ciudades sea esta: cuanto más deseables se vuelven para vivir, más personas descubren que ya no pueden hacerlo.
Y entonces queda una pregunta que ninguna fotografía de un barrio renovado puede responder: ¿de quién es realmente una ciudad si quienes la hacen funcionar ya no pueden vivir en ella?
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