Diputados capitalinos se reunieron con el responsable de la planeación metropolitana para aclarar qué puede cambiar en el territorio. El gobierno sostiene que el programa no amenaza las propiedades ni aumenta el predial.
En la Ciudad de México, un mapa puede despertar más sospechas que un discurso. Sobre todo cuando señala dónde se podrá construir y cómo crecerá la ciudad.
La discusión sobre el futuro ordenamiento metropolitano llegó este viernes 16 de octubre al Congreso capitalino, donde legisladores pidieron aclaraciones sobre sus posibles consecuencias.
Los coordinadores de las bancadas se reunieron con Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, para revisar el proyecto.
En el centro de la conversación estuvo el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, conocido por sus siglas POZMVM.
La preocupación está en las casas y los terrenos
El programa busca coordinar decisiones sobre crecimiento urbano, transporte, vivienda, servicios y protección ambiental en una metrópoli que rebasa las fronteras de la capital.
Eso significa que sus efectos potenciales no se limitan a las 16 alcaldías. También involucra territorios vecinos donde millones de personas viven y trabajan.
Pero hablar de ordenamiento territorial suele provocar una pregunta inmediata entre los propietarios: ¿podrá el gobierno cambiar lo que se permite hacer con sus inmuebles?
Las inquietudes también alcanzan al predial, porque cualquier discusión sobre suelo, construcciones y valor de las propiedades despierta dudas sobre posibles aumentos de impuestos.
El Congreso no quiere quedarse mirando
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Xóchitl Bravo Espinosa, sostuvo que el programa metropolitano no puede sustituir las atribuciones legales del Congreso capitalino.
Entre esas facultades se encuentran las decisiones legislativas relacionadas con el predial y las normas que regulan el uso del suelo en la ciudad.
La reunión permitió que representantes de distintas fuerzas políticas plantearan dudas al funcionario responsable de conducir los trabajos de planeación territorial.
El encuentro ocurrió después de que Clara Brugada rechazara públicamente que el programa pudiera utilizarse para afectar propiedades privadas o incrementar los impuestos de los capitalinos.
Qué puede hacer realmente el programa
Un programa metropolitano sirve para establecer criterios comunes entre gobiernos que comparten problemas, aunque sus calles, servicios y presupuestos pertenezcan a administraciones distintas.
Basta pensar en alguien que vive en Ecatepec, trabaja en la capital y utiliza diariamente carreteras, transporte público, agua y servicios de diferentes autoridades.
Sin coordinación, cada gobierno puede tomar decisiones que terminen afectando al vecino. Por eso, la planeación metropolitana intenta mirar el territorio completo.
Sin embargo, coordinar políticas regionales no significa que un documento pueda modificar por sí mismo todos los permisos de construcción o las obligaciones fiscales.
Para cambiar normas específicas de uso de suelo o establecer contribuciones deben seguirse los procedimientos y las competencias previstos en las leyes correspondientes.
El predial no cambia por una reunión
Una de las aclaraciones centrales fue que el programa metropolitano no sustituye las decisiones que corresponden al Congreso de la Ciudad de México.
Por tanto, la reunión del viernes no aprobó nuevos impuestos, no modificó las boletas del predial ni cambió automáticamente las reglas para construir viviendas.
Tampoco significa que todas las dudas hayan quedado resueltas. La discusión deberá continuar cuando se conozcan los documentos definitivos y sus mecanismos de aplicación.
La ciudad necesita reglas pero también explicaciones
El problema de fondo es que la capital no puede planear su futuro como si terminara en los límites de sus alcaldías.
La vivienda, el transporte, el agua y la expansión urbana obligan a coordinar decisiones con otros gobiernos, pero también a explicar sus consecuencias a los habitantes.
Cuando un proyecto afecta la manera de utilizar el territorio, no basta con asegurar que nadie perderá derechos. También debe mostrarse cómo se protegerán.
Por ahora, la reunión abrió un espacio de diálogo entre el gobierno y los diputados. Falta comprobar si las aclaraciones llegarán también a los vecinos.
Porque los mapas pueden dibujarse en una oficina, pero la ciudad que representan está llena de personas que necesitan saber qué cambiará frente a sus puertas.
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