Lula y Flávio Bolsonaro ofrecen caminos distintos para ordenar las cuentas públicas, pero ambos protegen beneficios populares mientras dejan las decisiones más costosas para después.
Brasil llegará a la segunda vuelta presidencial con dos candidatos que prometen cuidar el bolsillo del votante, pero ninguno explica todavía cómo estabilizará una deuda creciente.
Luiz Inácio Lula da Silva ofrece una corrección fiscal gradual, mientras Flávio Bolsonaro promete hacerlo mucho más rápido, sin detallar completamente qué gastos tocaría para lograrlo.
La deuda bruta brasileña alcanzó 82.9 por ciento del PIB, más de diez puntos arriba del nivel registrado cuando comenzó el actual mandato de Lula.
El problema está en que buena parte del presupuesto ya tiene destino obligatorio, principalmente pensiones y beneficios sociales, dejando cada vez menos espacio para recortar sin conflicto.
El gasto discrecional federal representó apenas 7.6 por ciento del total el año pasado, frente a 14.2 por ciento cuando comenzó la serie presupuestaria en 2000.
Prometer disciplina resulta más fácil que explicar el recorte
Eso vuelve políticamente cómoda una campaña que promete disciplina sin explicar todavía quién perdería beneficios, qué programas cambiarían o dónde aparecería el dinero necesario para cuadrar cuentas.
Lula sostiene que el ajuste debe proteger a los brasileños de menores ingresos y su equipo plantea alcanzar un superávit primario efectivo cercano a 1.3 por ciento.
Flávio Bolsonaro propone mejorar el saldo primario en alrededor de 1.5 por ciento del PIB durante dieciocho meses, buscando reducir rápidamente el costo del financiamiento público.
Sin embargo, su asesora económica Daniella Marques descartó recortar pensiones o programas sociales y afirmó que el gobierno puede funcionar eliminando sus propios excesos administrativos.
“Se puede hacer funcionar al gobierno recortando sus propios excesos”, dijo Marques, mencionando cargos políticos y ministerios como ejemplos de dónde buscar ahorros en el presupuesto.
El problema, según economistas consultados por Reuters, es que esos recortes difícilmente bastarían para resolver el crecimiento estructural del gasto obligatorio y estabilizar la deuda.
La parte incómoda viene después
Rafaela Vitoria, economista jefe del banco Inter, resumió la dificultad con una frase sencilla: “No existe una solución mágica de corto plazo” para Brasil actualmente.
También explicó que discutir cambios estructurales durante una campaña resulta extremadamente difícil porque suelen ser medidas impopulares, precisamente las que los candidatos prefieren posponer hasta después.
Lula tampoco llega con las manos quietas. Su gobierno elevó 15 por ciento el beneficio mínimo de Bolsa Família y prepara nuevos mecanismos para aliviar deudas familiares.
El aumento costará 5.8 mil millones de reales este año y 22 mil millones en 2027, aunque Hacienda asegura que será absorbido dentro del presupuesto existente.
Bolsonaro, por su parte, también promete comprar y refinanciar deudas de consumidores sobreendeudados, mientras plantea revisar impuestos aprobados durante la administración de Lula si gana.
Así, izquierda y derecha llegan por caminos distintos a una coincidencia incómoda: proteger beneficios populares ahora y dejar para después las decisiones fiscales que generan costos políticos.
Brasil votará el 25 de octubre entre dos proyectos diferentes, pero la factura fiscal completa probablemente aparecerá cuando las urnas ya estén guardadas y gobernar resulte inevitable.
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