Una iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX busca hacer explícita la responsabilidad de las alcaldías sobre rutas accesibles, adecuaciones y mantenimiento del espacio público. El problema no siempre es que falte una rampa: algunas existen y desembocan contra postes, escalones, registros, automóviles u obstáculos que convierten unos metros de banqueta en una carrera de obstáculos.
Una persona en silla de ruedas puede encontrar una rampa perfectamente construida, descender por ella y descubrir inmediatamente después que la ciudad colocó un poste en su camino.
La infraestructura existe.
La accesibilidad, no necesariamente.
Una iniciativa presentada en el Congreso capitalino busca precisar las responsabilidades de las 16 alcaldías para garantizar rutas accesibles y realizar adecuaciones en infraestructura urbana bajo criterios de diseño universal.
La propuesta plantea modificar la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México y hacer explícitas obligaciones relacionadas con implementación, supervisión y mantenimiento dentro del ámbito territorial de cada demarcación.
No parte de cero.
Las alcaldías ya tienen atribuciones sobre obra pública, banquetas, mantenimiento urbano y recuperación del espacio público mediante distintas disposiciones legales. El problema es que las responsabilidades sobre accesibilidad aparecen repartidas entre normas e instituciones.
La reforma intenta colocar una parte de esa obligación directamente frente a los gobiernos territoriales.
Y una ruta accesible significa bastante más que instalar una rampa.
Supone que una persona pueda desplazarse de manera continua y segura por banquetas, cruces, accesos y otros espacios sin encontrarse obstáculos que hagan inútil la adaptación construida unos metros antes.
Ahí aparecen las contradicciones conocidas por cualquier peatón capitalino.
Rampas bloqueadas por vehículos, banquetas interrumpidas por postes, registros desnivelados, puestos, mobiliario urbano, escalones, superficies deterioradas o árboles cuya infraestructura circundante deja demasiado poco espacio para pasar.
Para una persona sin dificultades de movilidad pueden representar incomodidades.
Para quien utiliza silla de ruedas, bastón, andadera o lleva una carriola pueden significar que el recorrido simplemente termina y obliga a bajar al arroyo vehicular.
La propuesta busca incorporar expresamente a las alcaldías en la implementación y mantenimiento de rutas accesibles, además de impulsar adecuaciones necesarias en inmuebles, infraestructura y espacio urbano bajo su competencia.
Eso tampoco significa que cada obstáculo de la ciudad pueda atribuirse automáticamente al alcalde correspondiente.
La infraestructura capitalina involucra distintas autoridades y competencias. Hay vialidades primarias, instalaciones de servicios, transporte, infraestructura hidráulica y equipamiento cuya responsabilidad puede corresponder a dependencias diferentes.
Precisamente ahí aparece uno de los problemas que la iniciativa intenta enfrentar: una persona no recorre la ciudad pensando qué dependencia administra cada metro de banqueta.
Solamente intenta pasar.
La propuesta todavía deberá analizarse en comisiones y puede modificarse durante el proceso legislativo. Por ahora no representa una nueva obligación vigente ni una garantía de que las barreras desaparecerán.
Tampoco bastaría cambiar una ley.
Hacer accesible una ciudad construida durante décadas exige presupuesto, mantenimiento, vigilancia, coordinación institucional y algo particularmente difícil de conseguir: continuidad.
Porque una ruta accesible tiene una condición bastante elemental.
Debe permitir llegar hasta el final.
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