En el Congreso de la CDMX se propone elevar hasta ocho años de prisión la pena por abandonar a una persona mayor incapaz de valerse por sí misma cuando existe obligación legal de cuidarla. Vivir solo no significa estar abandonado: la diferencia comienza con autonomía, dependencia y deberes concretos de cuidado.
Una mujer de 78 años puede vivir sola, hacer sus compras, administrar su dinero y decidir perfectamente cuándo quiere compañía.
No está necesariamente abandonada.
La diferencia parece evidente hasta que una palabra cotidiana, abandono, entra al Código Penal y necesita fronteras mucho más precisas que las utilizadas durante una conversación familiar.
Una iniciativa presentada este jueves en el Congreso capitalino propone incrementar las sanciones por abandonar a personas mayores que no puedan valerse por sí mismas cuando quien las deja tiene obligación legal de cuidarlas.
La diputada Adriana Espinosa de los Monteros, de Morena, planteó reformar el artículo 156 y adicionar un artículo 156 Bis al Código Penal capitalino.
Actualmente, el artículo 156 contempla el abandono de una persona incapaz de valerse por sí misma, incluidas personas mayores y con discapacidad, cuando existe obligación de cuidado.
La iniciativa propone crear una sanción específica para el caso de las personas mayores y elevar considerablemente sus consecuencias.
La pena planteada sería de cuatro a ocho años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
También contempla la pérdida de derechos que la persona responsable tenga respecto de la víctima, incluidos derechos sucesorios y hereditarios.
Pero cumplir años no convierte automáticamente a alguien en dependiente.
Ese punto importa porque una persona mayor conserva autonomía, capacidad de decisión y derecho a determinar dónde, cómo y con quién quiere vivir.
La Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México reconoce precisamente principios de autonomía y autodeterminación, además de establecer deberes familiares de cuidado.
El supuesto penal es diferente.
Para hablar del delito contemplado debe existir una persona que no pueda valerse por sí misma, alguien jurídicamente obligado a cuidarla y una conducta de abandono sin motivo justificado.
Por eso tampoco cualquier ausencia familiar puede convertirse automáticamente en expediente penal.
Un hijo que vive en otra ciudad, una persona mayor que rechaza vivir acompañada o una familia que distribuye cuidados entre distintas personas plantean circunstancias diferentes que deben analizarse individualmente.
El abandono puede resultar menos cinematográfico.
Puede aparecer cuando una persona dependiente queda sin alimentación, cuidados indispensables, protección o asistencia pese a existir alguien responsable de proporcionarlos.
La legislación capitalina también establece que cualquier autoridad que conozca una situación de abandono debe solicitar intervención institucional para procurar atención a la persona mayor.
Y existe una obligación que rebasa a la familia.
Cuando cualquier persona conoce que una persona mayor se encuentra en riesgo o desamparo, la ley establece el deber de denunciar la situación ante las autoridades competentes.
La iniciativa todavía no modifica ninguna pena.
Debe recorrer
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