Estados Unidos retiró sanciones a Jorge Rodríguez mientras amplía su acceso al crudo venezolano. La política hacia Caracas empieza a parecer menos ideológica y más transaccional.
Washington comenzó a desmontar parte del régimen de sanciones contra Venezuela justo cuando aumenta su presencia en el sector energético que durante años intentó aislar.
El Departamento del Tesoro retiró este miércoles las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez.
La decisión llega mientras Estados Unidos negocia acceso directo a campos petroleros venezolanos y empresas internacionales preparan nuevas inversiones dentro de una industria reabierta recientemente.
No es todavía una normalización plena. Pero sí representa un giro visible respecto de la política que trataba al núcleo chavista principalmente como estructura sancionada.
El petróleo volvió a mover la puerta
Jorge Rodríguez no es una figura secundaria. Dirige el Parlamento desde 2021 y encabezó durante años negociaciones con Washington y con sectores de oposición.
También impulsó reformas que facilitan inversiones extranjeras en petróleo, minería y electricidad, precisamente los sectores donde Estados Unidos busca ampliar presencia económica actualmente.
Desde la salida de Nicolás Maduro, Caracas y Washington alcanzaron acuerdos que dan acceso estadounidense a 17 campos petroleros, según información conocida este año.
Donald Trump anunció además en agosto que pretende asegurar una participación directa estadounidense sobre una porción amplia del petróleo venezolano para reservas estratégicas nacionales.
La coincidencia resulta difícil de ignorar: mientras Washington flexibiliza sanciones sobre dirigentes venezolanos, abre simultáneamente puertas hacia barriles que antes estaban políticamente bloqueados.
De castigar al sistema a negociar con sus administradores
El cambio también revela otra paradoja. Washington ayudó a desplazar a Maduro, pero ahora negocia con dirigentes que formaron parte central del mismo aparato estatal.
Delcy Rodríguez gobierna provisionalmente y su hermano controla la Asamblea Nacional mientras ambos prometen reformas políticas y elecciones cuya fecha todavía no está definida.
María Corina Machado exige que esos comicios se realicen antes de julio de 2027, mientras Washington respalda conversaciones para modificar instituciones electorales y judiciales venezolanas.
Ese proceso ofrece una justificación política para retirar sanciones, pero también coincide con intereses económicos estadounidenses demasiado visibles para tratarse como simple detalle.
La política exterior rara vez cambia por una sola causa. En Venezuela, democratización, energía, sanciones y seguridad hemisférica empiezan a mezclarse dentro del mismo expediente.
Caracas también abrió la caja
PDVSA pretende firmar 105 contratos petroleros antes de terminar 2026 y ya había cerrado 61 acuerdos, muchos orientados hacia nuevos campos productivos venezolanos.
La empresa estatal espera elevar producción desde aproximadamente 1.2 millones de barriles diarios hasta 1.5 millones hacia finales de 2027, si llegan capital y tecnología.
Ese crecimiento interesa a Washington porque el crudo pesado venezolano resulta especialmente adecuado para numerosas refinerías estadounidenses configuradas históricamente para procesarlo en grandes volúmenes.
También llega cuando los mercados energéticos permanecen tensionados y Estados Unidos busca asegurar suministro, estabilizar combustibles y reconstruir inventarios estratégicos internos todavía debilitados.
Las sanciones también tienen precio
Durante años, Washington utilizó sanciones para presionar políticamente al chavismo. Ahora empieza a comprobar que mantenerlas también limita oportunidades energéticas que considera estratégicas.
El levantamiento contra Jorge Rodríguez no elimina el resto de restricciones, pero envía una señal: quienes faciliten acuerdos políticos y energéticos pueden recuperar acceso internacional.
Para Caracas, eso significa transformar petróleo nuevamente en herramienta diplomática. Para Washington, significa admitir que aislar completamente Venezuela también tenía costos económicos propios.
La pregunta ya no es únicamente qué debe cambiar Venezuela para recuperar legitimidad. También cuánto está dispuesto Estados Unidos a flexibilizar cuando necesita su petróleo.
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