Hugo Aguilar reconoce un rezago que atraviesa distintas integraciones del máximo tribunal. La nueva Corte comenzó a resolver expedientes mientras recibe otros nuevos cada semana.
La nueva Suprema Corte comenzó a trabajar con nueve ministros, una integración completamente renovada y 1,479 asuntos que ya estaban esperando resolución.
Algunos llegaron antes que varios de sus actuales integrantes siquiera imaginaran que algún día ocuparían una silla en el máximo tribunal.
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, reconoció que el rezago heredado incluye expedientes acumulados desde 2014, es decir, asuntos con más de una década de antigüedad.
La cifra permite mirar la renovación judicial desde otro sitio.
Los ministros electos comenzaron funciones en septiembre de 2025, pero los expedientes no volvieron a cero. Recibieron asuntos construidos, turnados y aplazados durante integraciones anteriores.
Y mientras intentan vaciar esa bandeja, siguen llegando casos.
Acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos directos en revisión y recursos forman parte del flujo ordinario que continúa entrando al tribunal.
Las listas públicas de septiembre muestran precisamente esa convivencia.
Hay expedientes identificados con números correspondientes a 2026 junto con asuntos iniciados en 2025, 2024, 2023, 2020 e incluso 2019 que todavía generan actuaciones.
Eso tampoco significa que cada expediente antiguo haya permanecido abandonado durante todos esos años.
Un asunto puede producir acuerdos, recursos, incidentes y otras actuaciones antes de llegar a una resolución definitiva. La antigüedad del número de expediente no equivale automáticamente al tiempo efectivo de inactividad.
Pero el propio presidente de la Corte reconoce el problema.
Aguilar calificó el rezago como “impresionante” y sostuvo que la nueva integración busca aumentar el ritmo de resolución sin sacrificar el estudio de asuntos complejos.
Desde su llegada, la Corte también modificó su funcionamiento.
El pleno concentra ahora la resolución de asuntos después de la desaparición de las dos salas que operaban bajo el modelo anterior, una transformación derivada de la reforma judicial.
La institución ha comenzado además a publicar información estadística y listas de proyectos que permiten seguir parte de ese proceso.
El tamaño real del desafío, sin embargo, no se mide solamente contando expedientes.
Una controversia constitucional entre poderes, una acción contra una ley completa y un recurso relacionado con un caso individual aparecen como un asunto cada uno, aunque puedan requerir trabajos jurídicos muy diferentes.
Tampoco los 1,479 pendientes pueden cargarse exclusivamente a una sola integración de ministros.
La cifra atraviesa distintas presidencias, ministros, reglas procesales y etapas de la propia Suprema Corte.
Eso convierte al rezago en una prueba especialmente útil para la nueva institución.
La Corte elegida en las urnas comenzó prometiendo una justicia distinta.
Pero antes de demostrar qué tan rápido resolverá los asuntos nuevos, tendrá que terminar algunos que llegaron cuando Enrique Peña Nieto todavía estaba en su segundo año de gobierno.
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