El Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar aseguró que se imparte más y mejor justicia en México
Hugo Aguilar presentó una Suprema Corte que concluyó 88% de los expedientes contabilizados durante su primer año y prácticamente eliminó el inventario heredado. También aseguró que empresarios e inversionistas pueden confiar en sus decisiones. Los números muestran una Corte más rápida; todavía no alcanzan para demostrar que México tenga un sistema jurídico más previsible.
La Suprema Corte tiene un número para demostrar que trabaja: 88%.
Hugo Aguilar Ortiz informó que durante el primer año de la nueva integración se contabilizaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales, incluidos los heredados de la Corte anterior, y fueron concluidos 13 mil 231.
La división da 87.91%.
Redondeado: 88%.
El dato es correcto.
La pregunta es qué demuestra.
Porque Aguilar utilizó su primer informe no sólo para defender la productividad de la Suprema Corte. Dio un paso adicional: aseguró que el nuevo Poder Judicial ofrece certidumbre a los sectores políticos, económicos y sociales y que quienes invierten e innovan pueden confiar en él.
Son dos afirmaciones diferentes.
Resolver expedientes mide actividad judicial.
La certidumbre jurídica exige algo más.
Dentro del 88%
Los propios datos de Aguilar permiten abrir la cifra.
De los 13 mil 231 expedientes concluidos, 2 mil 640 fueron resueltos por el Pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo.
Eso significa que aproximadamente 20% de los asuntos concluidos pasaron por el Pleno y 80% terminaron mediante acuerdo.
La distinción no invalida el 88%.
Los acuerdos son parte normal y legítima de la operación de un tribunal: permiten desechar asuntos improcedentes, tramitar expedientes, tenerlos por concluidos o resolver situaciones que no requieren una sentencia del Pleno.
La anterior Suprema Corte también concluía miles de expedientes mediante acuerdos.
Pero sí obliga a precisar el significado del número.
13 mil 231 asuntos concluidos no equivalen a 13 mil 231 sentencias sobre el fondo de una controversia.
Donde la nueva Corte sí tiene un dato poderoso
Hay otra cifra menos espectacular y probablemente más reveladora.
La integración anterior dejó 1,479 asuntos pendientes.
Un año después permanecen 44.
La nueva Corte habría terminado, por tanto, alrededor de 97% del inventario heredado que identificó.
Y existe otra comparación relevante.
Durante sus primeros cinco meses, de septiembre de 2025 a enero de 2026, el nuevo Pleno resolvió 898 asuntos en 64 sesiones, un promedio de 14 por sesión.
La propia Suprema Corte calculó que esa productividad era 5.4 veces mayor por sesión que la de su antecesora al comparar los mismos tipos de asuntos durante periodos equivalentes.
Ése es un indicador mucho más limpio de velocidad.
Aunque también requiere una advertencia: la institución cambió.
La reforma judicial eliminó las dos Salas y concentró toda la función jurisdiccional en un Pleno de nueve ministros. Comparar simplemente el número anual de expedientes de una Corte con otra puede mezclar estructuras distintas.
La velocidad, sin embargo, no parece una ilusión estadística.
La nueva Corte está resolviendo mucho y rápido.
La pregunta sigue siendo si rápido significa previsible.
La economía ya pasó por la Corte
Para responder hay que abandonar las estadísticas y mirar las sentencias.
Durante su primer año, la nueva Suprema Corte sí resolvió controversias con consecuencias económicas importantes.
En minería, validó aspectos relevantes de la reforma de 2023 y confirmó restricciones aplicables a las concesiones.
En litio, respaldó la exclusividad del Estado mexicano para su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento, además de establecer condiciones para las zonas de reserva.
En competencia económica, validó reglas utilizadas en investigaciones y actuaciones de la antigua Cofece, incluidos asuntos relacionados con gas LP y prácticas monopólicas.
En materia fiscal, confirmó reglas del ISR, del Régimen Simplificado de Confianza y beneficios para regularización de créditos fiscales.
También sostuvo la constitucionalidad del secreto fiscal en una controversia promovida por un municipio.
En materia financiera reiteró que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas dentro de investigaciones nacionales cuando existan indicios razonables y suficientes relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero.
Y en un asunto de deuda pública de Guanajuato, validó un esquema de financiamiento para inversión pública productiva y estableció hasta dónde puede llegar el Ejecutivo estatal para mover recursos sin rebasar el techo autorizado por el Congreso.
Son decisiones que fijan reglas.
Algunas favorecen facultades del Estado.
Otras delimitan cómo pueden ejercerse.
Varias seguramente disgustarán a empresas o particulares afectados.
Eso tampoco significa ausencia de certidumbre.
Certidumbre jurídica no quiere decir que las empresas ganen. Quiere decir que puedan conocer las reglas y anticipar razonablemente cómo serán aplicadas.
Lo que el 88% no cuenta
Ahí comienza el problema para comprobar la afirmación de Aguilar.
Su informe permite saber cuántos expedientes entraron y cuántos salieron.
Pero no ofrece un indicador consolidado que permita responder preguntas fundamentales:
¿Cuánto tarda ahora, en promedio, un asunto comparable desde que ingresa hasta que obtiene resolución?
¿Los criterios de la nueva Corte permanecen estables?
¿Con qué frecuencia modifica precedentes?
¿Los tribunales inferiores pueden identificar rápidamente las reglas que deben aplicar?
¿Los criterios económicos, fiscales y regulatorios mantienen coherencia entre casos semejantes?
¿Los inversionistas perciben efectivamente una reducción de la incertidumbre judicial?
El 88% no responde ninguna de esas preguntas.
El problema de las tesis
Durante los primeros meses apareció además una señal que merece seguimiento.
Entre septiembre de 2025 y enero de 2026 la nueva Corte publicó solamente ocho tesis en 20 ediciones del Semanario Judicial de la Federación, frente a 126 difundidas durante un periodo comparable de la integración anterior.
La Corte respondió con un argumento jurídicamente importante: desde la reforma constitucional de 2021, un precedente obligatorio no depende necesariamente de que aparezca inmediatamente convertido en tesis. El contenido vinculante puede encontrarse en la propia ejecutoria y en las razones que sustentan la sentencia.
Tiene razón.
Pero para la certidumbre existe además un problema práctico.
Una regla puede ser jurídicamente obligatoria y, al mismo tiempo, resultar más difícil de localizar, sistematizar y utilizar si tarda en incorporarse a los instrumentos habituales de consulta.
Durante 2026 la publicación de jurisprudencia de la nueva época aumentó, por lo que tampoco sería correcto afirmar que la Corte dejó de producir criterios.
El punto es otro:
resolver rápido y comunicar claramente la regla producida son dos trabajos distintos.
Una estadística incómoda
Hay además una paradoja en el propio diagnóstico de Aguilar.
El ministro presidente sostiene que recibió una institución con estadísticas poco confiables y encontró miles de promociones, razones, piezas postales y expedientes pendientes de procesamiento o cierre administrativo.
Si el sistema anterior tenía problemas de registro, cualquier comparación histórica necesita precaución.
La nueva Corte puede haber mejorado simultáneamente dos cosas: la productividad judicial y la manera de contarla.
Eso sería una buena noticia.
Pero precisamente por ello conviene evitar comparar cifras de dos sistemas de registro como si fueran perfectamente equivalentes.
Dos fotografías
Al terminar el primer año pueden tomarse dos fotografías de la nueva Suprema Corte.
La primera es bastante nítida.
Resuelve rápido.
Concluyó 88% de los expedientes contabilizados durante el periodo, redujo de 1,479 a 44 los asuntos heredados identificados y presenta una productividad elevada del Pleno.
La segunda fotografía todavía está revelándose.
La Corte ha fijado reglas relevantes para minería, litio, impuestos, competencia, banca y deuda pública.
Eso produce certidumbre en casos concretos.
Pero todavía no existe en el informe presentado por Aguilar una medición que permita demostrar que el sistema jurídico mexicano en su conjunto se volvió más estable y previsible para ciudadanos, empresas e inversionistas.
Quizá ocurra.
Un año es poco tiempo para saberlo.
Por ahora, el 88% sirve para demostrar que los expedientes están saliendo.
No alcanza para demostrar qué tan previsible será la respuesta del tribunal cuando llegue el siguiente.
Porque la certidumbre jurídica no consiste únicamente en saber que un expediente terminará.
Consiste también en poder anticipar, razonablemente, bajo qué reglas será resuelto.
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