El gobierno promete 18 mil 480 espacios adicionales para 2028, aunque el hacinamiento actual supera los 41 mil internos. Sinaloa tendrá la primera prisión.
México construirá seis nuevas cárceles para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria, aunque los espacios anunciados por el gobierno federal no alcanzarán para cubrir el hacinamiento actual.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó este martes un proyecto para incorporar 18 mil 480 lugares adicionales en seis estados del país hacia 2028.
Las nuevas instalaciones estarán ubicadas en Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nayarit y Sonora, entidades donde las autoridades identificaron necesidades de infraestructura penitenciaria.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las detenciones realizadas durante su administración han incrementado la presión sobre los centros de reclusión y sus capacidades operativas.
Hay más presos que lugares disponibles
De los 275 centros penitenciarios existentes, 157 presentan sobrepoblación, con un excedente cercano a 42 mil personas respecto de su capacidad instalada, según datos gubernamentales.
Incluso si las seis cárceles estuvieran terminadas, sus 18 mil 480 espacios equivaldrían a menos de la mitad del excedente actual de población penitenciaria.
El problema resulta especialmente grave en el Estado de México, donde los penales tienen capacidad para 14 mil 481 personas, pero albergan a 38 mil 361.
En Nayarit ocurre algo semejante: sus instalaciones disponen de mil 173 espacios y mantienen recluidas a 3 mil 908 personas, más del triple de su capacidad.
Sinaloa tendrá la primera cárcel
La primera construcción comenzará en Sinaloa, donde el gobierno federal proyecta una instalación con capacidad para 2 mil 640 personas, después de recientes episodios de violencia.
El anuncio ocurrió tras los enfrentamientos registrados en el penal El Castillo, en Mazatlán, donde murieron 12 personas, entre ellas un niño de dos años.
García Harfuch explicó que las nuevas prisiones incorporarán vigilancia tecnológica, bloqueo de señales telefónicas y módulos diferenciados según el perfil y riesgo de los internos.
También ofrecerán espacios educativos, capacitación laboral, servicios médicos y actividades deportivas, con el propósito declarado de fortalecer las posibilidades de reinserción social de los reclusos.
Construir cárceles no garantiza controlarlas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado problemas de autogobierno, falta de custodios y deficiencias de seguridad en distintos centros penitenciarios del país.
Organizaciones especializadas advierten que ampliar instalaciones resulta insuficiente cuando persisten problemas de personal, capacitación, corrupción y control de grupos criminales dentro de las prisiones.
La Presidenta, Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Hacienda trabaja en el financiamiento y aseguró que los nuevos centros serán administrados por autoridades públicas, sin operadores privados.
El gobierno también estudia alternativas jurídicas para disminuir la saturación, particularmente en casos de personas procesadas por delitos menores o que permanecen encarceladas sin sentencia.
La apuesta oficial combina nuevas construcciones y medidas legales, pero enfrenta una diferencia considerable entre los espacios prometidos y la población que actualmente rebasa la capacidad.
México tendrá seis cárceles adicionales si cumple el calendario anunciado; el desafío será evitar que esos nuevos edificios reproduzcan las condiciones que hoy intenta resolver.
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