Nueve internos y un menor que visitaba a su familia murieron en el penal de Mazatlán. Las autoridades recuperaron el control, pero todavía deben explicar cómo ocurrió la violencia.
Una riña dentro del penal de El Castillo, en Mazatlán, dejó diez muertos y 16 heridos este jueves, en una instalación cuya seguridad corresponde al Estado.
Entre las víctimas hay nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que había acudido como visitante, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
El enfrentamiento ocurrió durante la mañana del 8 de octubre, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego y comenzó una movilización de corporaciones de seguridad.
Elementos de distintas instituciones acudieron al centro penitenciario, mientras helicópteros militares sobrevolaban la zona y familiares esperaban noticias sobre quienes permanecían dentro de la prisión.
Una visita familiar terminó en tragedia
La muerte del menor introdujo una dimensión adicional al enfrentamiento: no todas las víctimas estaban bajo custodia penitenciaria, pues también había familiares dentro del establecimiento.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que los 16 lesionados eran internos y recibieron atención médica, aunque no precisó públicamente la gravedad de sus heridas.
Después de la intervención de las fuerzas de seguridad, el gobierno estatal aseguró que había recuperado el control del centro penitenciario y mantenía vigilancia permanente.
También suspendió las visitas como medida preventiva y notificó a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes sobre las muertes y lesiones.
Las preguntas detrás de los disparos
La autoridad describió lo ocurrido como una riña, pero los reportes sobre detonaciones obligan a investigar si se utilizaron armas de fuego dentro del establecimiento penitenciario.
De confirmarse, deberá establecerse cómo ingresaron esas armas, quiénes las tenían y qué controles fallaron para permitir su utilización durante un enfrentamiento entre internos.
También falta conocer cuánto duró la violencia, qué medidas adoptó inicialmente el personal penitenciario y en qué momento fue necesaria la intervención de fuerzas externas.
La investigación deberá determinar si existieron omisiones institucionales, además de identificar a quienes participaron directamente en las agresiones que provocaron las diez muertes.
El control que debe mantenerse todos los días
El Castillo se encuentra al sur de Mazatlán, una ciudad golpeada por la violencia criminal que atraviesa Sinaloa desde el recrudecimiento de disputas entre organizaciones delictivas.
Ese contexto obliga a extremar la vigilancia penitenciaria, aunque todavía no existen elementos públicos suficientes para atribuir este enfrentamiento a una organización criminal específica.
La responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad dentro del penal corresponde a las autoridades penitenciarias, independientemente de los delitos por los cuales estén recluidos sus ocupantes.
Esa obligación también comprende proteger a las familias autorizadas para ingresar durante los horarios de visita, especialmente cuando entre ellas se encuentran personas menores de edad.
La Fiscalía estatal tendrá que esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y establecer las responsabilidades individuales e institucionales que puedan desprenderse de los hechos investigados.
Por ahora, la versión oficial ofrece un saldo de víctimas y asegura que el establecimiento volvió a estar bajo control después del despliegue de seguridad.
Pero recuperar el control no responde todavía la pregunta principal: cómo una riña pudo terminar con diez personas muertas dentro de un penal vigilado.
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