Agua, tráfico, contaminación, vivienda y basura cruzan diariamente fronteras que los gobiernos todavía administran por separado. Un nuevo programa intenta ordenar como una sola metrópoli 84 alcaldías y municipios de CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos. La última versión del instrumento tiene 28 años.
La Ciudad de México tiene una frontera perfectamente reconocible en los mapas. El problema es que el tráfico, el agua, la contaminación y quienes trabajan aquí nunca aprendieron a respetarla.
Millones de personas habitan diariamente una ciudad que comienza en una entidad, continúa en otra y puede terminar muchos kilómetros después, atravesando municipios, alcaldías y gobiernos distintos.
Ahora cuatro entidades intentan actualizar las reglas para entender ese enorme territorio como lo que ya es en la práctica: una sola zona metropolitana con problemas compartidos.
El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México fue presentado este martes en el Congreso capitalino y actualmente se encuentra sometido a consulta pública.
El territorio considerado incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios mexiquenses, ocho de Hidalgo y, desde este año, Huitzilac, Morelos.
Son 84 demarcaciones donde viven casi 23 millones de personas y donde las fronteras administrativas frecuentemente resultan menos importantes que los desplazamientos cotidianos de quienes las atraviesan.
El problema es que el instrumento utilizado para ordenar semejante organismo urbano data de 1998.
Desde entonces crecieron municipios, aparecieron desarrollos inmobiliarios, cambiaron corredores de movilidad y la mancha urbana extendió relaciones económicas y sociales mucho más allá de aquella fotografía metropolitana.
El nuevo programa pretende establecer lineamientos comunes para asuntos como agua, movilidad, transporte, vivienda, medio ambiente, infraestructura, residuos, crecimiento urbano y prevención de riesgos.
Eso no significa crear un nuevo gobierno colocado encima de los cuatro existentes.
Tampoco significa que mañana pueda cambiar el uso de suelo de una casa en Iztapalapa, aumentar automáticamente el predial de un departamento o autorizar un edificio en Benito Juárez.
El programa funciona como instrumento de planeación y coordinación. Las decisiones concretas sobre zonificación, permisos, impuestos y programas urbanos continúan dependiendo de las autoridades y normas competentes.
Ésa es una distinción importante porque alrededor del proyecto han circulado interpretaciones sobre posibles modificaciones directas a propiedades y usos del suelo que las autoridades participantes rechazan.
Lo verdaderamente ambicioso ocurre en otra escala.
Un viaje entre Ecatepec y la capital puede atravesar distintas jurisdicciones, pero para quien pasa horas realizándolo existe solamente un trayecto.
Una contingencia ambiental tampoco se detiene frente al letrero que anuncia el Estado de México. Ni una cuenca reconoce qué gobernador comienza unos metros adelante.
El proyecto se encuentra en consulta pública desde el 24 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 22 de noviembre.
Habrá audiencias, foros y conversatorios en distintas demarcaciones de la metrópoli. También existe un formulario digital para presentar observaciones y propuestas que serán evaluadas técnica y jurídicamente.
Eso tampoco garantiza que cada propuesta ciudadana termine incorporada. Las aportaciones pueden considerarse procedentes, parcialmente procedentes o improcedentes según su relación con el programa y su viabilidad.
La discusión, entonces, no consiste realmente en decidir dónde termina la Ciudad de México.
Eso ya lo resolvieron los mapas.
Consiste en averiguar cómo gobernar problemas que hace mucho dejaron de mirar las rayas.
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