México pasó de registrar 53 a 71 delitos mediante una nueva metodología
Desde enero, el país utiliza una nueva metodología para registrar la incidencia delictiva. Cuenta más delitos y víctimas con mayor detalle, pero comparar 2026 directamente contra 2025 requiere cautela.
México comenzó 2026 con una nueva manera de contar sus delitos. El cambio mejora el detalle estadístico, pero también colocó una frontera entre el presente y pasado.
Desde enero, las 32 fiscalías y procuradurías estatales reportan su información mediante el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, instrumento aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El sistema anterior registraba 53 delitos y permaneció vigente desde 2015 hasta diciembre de 2025. El nuevo instrumento amplió esa clasificación hasta alcanzar 71 delitos distintos.
Dieciocho categorías adicionales parecen una modificación técnica, pero representan algo considerablemente mayor: determinados hechos que antes compartían casilla ahora pueden aparecer separados dentro de las estadísticas oficiales.
Por eso comparar una cifra de 2026 contra otra de 2025 no siempre consiste simplemente en colocar ambos números juntos y calcular cuánto aumentaron o disminuyeron.
El propio Secretariado Ejecutivo mantiene actualmente tres series estadísticas diferenciadas: 1997-2017, 2015-2025 y, en un apartado independiente, la información producida desde enero de 2026.
El mapa tiene más casillas
La incidencia delictiva no representa todos los delitos cometidos en México. Cuenta presuntos delitos contenidos en carpetas de investigación abiertas por ministerios públicos y reportadas por fiscalías.
Esa precisión siempre fue necesaria. Una disminución estadística puede reflejar menos delitos denunciados o investigados sin demostrar necesariamente que ocurrieron menos hechos entre la población.
Desde este año existe una segunda precaución. Incluso cuando dos periodos provienen de las mismas fiscalías, las reglas utilizadas para clasificar determinados hechos ya no son idénticas.
La actualización fue ordenada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en diciembre de 2024, desarrollada durante 2025 y aprobada formalmente en septiembre de aquel año.
No apareció, por tanto, como una modificación improvisada después de conocer los resultados de 2026. Su construcción precedió a las cifras que ahora empiezan a difundirse bajo ella.
El objetivo declarado fue aumentar precisión, incorporar transformaciones legislativas y mejorar la información disponible sobre delitos, víctimas y características que el viejo instrumento no distinguía suficientemente.
Una consecuencia resulta especialmente relevante: desde 2026 los reportes de víctimas abarcan todos los delitos registrados y pueden consultarse tanto a escala estatal como municipal.
Eso permite formular preguntas que antes resultaban imposibles o incompletas. Pero toda mejora estadística tiene un precio inicial: cuanto más cambia la clasificación, más delicado resulta mirar hacia atrás.
2025 termina una serie
El propio portal oficial separa expresamente las bases correspondientes a 2015-2025 de aquellas iniciadas en 2026. No las presenta como una única tabla histórica continua.
Además publicó una nota metodológica dedicada específicamente a la comparación histórica del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, señal de que la continuidad necesita reglas propias para interpretarse correctamente.
Esto no significa que todas las comparaciones sean inválidas. Existen delitos cuyas definiciones permiten construir equivalencias y el Secretariado publica incluso series históricas homologadas para determinados indicadores.
Significa algo menos espectacular, pero periodísticamente fundamental: antes de afirmar que un delito subió o bajó entre ambos años debe comprobarse si estamos comparando exactamente la misma categoría.
El problema aparecerá inevitablemente en discursos políticos. Seguridad es uno de los terrenos donde gobiernos y oposiciones utilizan porcentajes pequeños para construir conclusiones considerablemente mayores que los números.
Una administración puede presumir reducciones; sus adversarios pueden señalar incrementos. Ambas afirmaciones podrían utilizar datos auténticos y aun así ofrecer comparaciones metodológicamente incompletas si ignoran el cambio.
Las cifras también necesitan traducción
El SESNSP publica modificaciones y notas aclaratorias porque las estadísticas delictivas tampoco quedan congeladas después de aparecer. Las fiscalías pueden corregir posteriormente información entregada en meses anteriores.
Durante 2026 existen notas de ajuste que alcanzan información correspondiente a años previos. Es otra razón para identificar siempre fecha de corte y versión utilizada al comparar estadísticas.
Nada de esto vuelve inútiles los datos. Al contrario: México dispone ahora de un instrumento que pretende describir con mayor precisión aquello que llega hasta sus ministerios públicos.
El problema comienza cuando una herramienta estadística más detallada se transforma inmediatamente en un porcentaje político sin explicar que el instrumento utilizado para construirlo también acaba de cambiar.
La distinción será particularmente importante durante los próximos meses. Cada informe de seguridad puede producir comparaciones con el último año completo del sistema anterior, precisamente 2025.
Para periodistas, políticos y lectores habrá entonces una pregunta previa al porcentaje: ¿la cifra de este año está midiendo exactamente lo mismo que aquella utilizada el año pasado?
México no borró su historial delictivo ni comenzó a contar desde cero. Construyó un nuevo instrumento y dejó herramientas destinadas a conectar sus resultados con las series anteriores.
Pero desde enero hay una pequeña letra metodológica debajo del mapa nacional del crimen que será imposible ignorar sin correr el riesgo de explicar mal lo ocurrido.
Antes bastaba preguntar cuánto subió o bajó un delito. Desde 2026 necesitamos hacer una pregunta adicional.
¿Lo estamos contando igual?
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