Boletas complejas, cómputos exigentes y ciudadanos que desconocen las funciones de los jueces figuran entre los desafíos reconocidos por la autoridad electoral.
La primera elección judicial de la Ciudad de México dejó una advertencia para 2028: organizar las votaciones no basta cuando los ciudadanos desconocen las funciones de quienes elegirán.
Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral capitalino, reconoció que los comicios extraordinarios de 2025 exhibieron dificultades en el diseño de boletas, cómputos y planeación.
Durante un foro organizado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, explicó que la experiencia obliga a revisar procedimientos antes de celebrar nuevas elecciones judiciales.
El diagnóstico incluye problemas presupuestales, plazos reducidos, criterios diferentes entre entidades federativas y dificultades para que los electores conozcan las características de las candidaturas judiciales.
Elegir jueces también exige entender qué hacen
Avendaño Durán identificó uno de los obstáculos centrales: la ciudadanía no siempre conoce las funciones de jueces y magistrados ni encuentra motivos suficientes para participar.
La consejera también señaló que evaluar perfiles técnicos representa una dificultad adicional, especialmente cuando las campañas deben realizarse bajo condiciones distintas a las elecciones partidistas tradicionales.
A ello se suman los recursos limitados de las personas candidatas para difundir sus propuestas y las exigencias operativas que enfrentan las autoridades electorales.
El problema plantea un desafío para los siguientes comicios: facilitar que los ciudadanos distingan cargos, responsabilidades y trayectorias sin comprometer la equidad entre las candidaturas.
137 cargos y una operación electoral inédita
En 2025, la capital eligió 137 cargos judiciales: cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 34 magistraturas y 98 personas juzgadoras de distintas competencias.
La cantidad y diversidad de puestos obligaron al IECM a adaptar sistemas informáticos, capacitar personal y reorganizar procedimientos para procesar las boletas y computar los votos.
Avendaño Durán explicó que también fue necesario resolver dificultades relacionadas con el registro de candidaturas y la distribución territorial de los cargos sometidos a votación.
La experiencia mostró que las elecciones judiciales requieren una planeación diferente, porque combinan numerosas candidaturas, cargos especializados y procedimientos de escrutinio particularmente exigentes para los organismos electorales.
El desafío está en 2028
La consejera expuso estas conclusiones durante el foro sobre elección judicial, género, derechos humanos e innovación democrática, convocado por el Tribunal Electoral de la capital.
En la mesa participaron también las magistradas Laura Patricia Jiménez Castillo, como moderadora, y Karina Salgado Lunar, en un intercambio sobre los aprendizajes del proceso extraordinario.
El encuentro incluyó la presentación de dos obras colectivas dedicadas a las experiencias, criterios y resoluciones derivados de las elecciones judiciales federal y capitalina de 2025.
Para el IECM, los próximos comicios representan una oportunidad de corregir procedimientos, mejorar los materiales electorales y anticipar las necesidades presupuestales de una organización especialmente compleja.
Sin embargo, la principal dificultad no se resuelve únicamente con mejores sistemas de cómputo o boletas más sencillas, sino proporcionando información comprensible sobre las candidaturas.
La elección judicial de 2028 pondrá nuevamente a prueba la capacidad operativa del instituto, pero también la posibilidad de construir una participación ciudadana verdaderamente informada.
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