La SHCP busca seguir fiscalmente gasolina y diésel desde su importación hasta la venta para combatir un contrabando cuyo costo total todavía carece de una cifra oficial consolidada.
Ya no hace falta perforar un ducto para robarle dinero al negocio de los combustibles. Parte del nuevo huachicol entra por aduanas, utiliza documentos y evade impuestos. Hacienda prepara otro candado para 2027, aunque todavía persiste una pregunta incómoda: cuánto dinero se pierde realmente.
Durante años México aprendió a reconocer el huachicol por una imagen bastante sencilla: una toma clandestina, un ducto perforado y combustible robado saliendo ilegalmente de Pemex.
El huachicol fiscal es bastante menos fotogénico. Puede necesitar barcos, pipas y tanques, pero una parte esencial del negocio ocurre entre pedimentos, facturas, clasificaciones aduaneras e impuestos no pagados.
La mecánica general consiste en introducir combustible evitando total o parcialmente las contribuciones correspondientes. Una modalidad detectada es declarar hidrocarburos bajo categorías diferentes para eludir el pago del IEPS.
Otra consiste en reportar cantidades inferiores a las que realmente ingresan. El resultado cambia de método, pero no de beneficiario: combustible que llega al mercado mexicano con una ventaja ilegal.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, utilizó este miércoles una palabra extraordinariamente severa para describir el problema ante la Cámara de Diputados: calificó al contrabando como un “cáncer”.
La comparación importa porque el Gobierno acaba de construir parte de su estrategia recaudatoria para 2027 alrededor de combatir precisamente este tipo de evasión.
Hacienda quiere recaudar más sin crear grandes impuestos generales. Para conseguirlo necesita encontrar dinero dentro del sistema existente y lograr que operaciones actualmente opacas comiencen efectivamente a pagar.
Los combustibles son una de esas fronteras. El Paquete Económico 2027 propone introducir mayor trazabilidad al IEPS de gasolinas y diésel desde su importación hasta la venta final.
La idea consiste en poder seguir fiscalmente el combustible durante su recorrido: saber cuándo entró, cómo fue distribuido y finalmente dónde terminó vendido al consumidor.
Eso permitiría comparar cantidades y detectar inconsistencias. Una pipa, un barco o una terminal pueden esconderse mucho menos cuando cada movimiento debe corresponder con registros fiscales compatibles.
Pero existe una paradoja. México prepara una herramienta específica para cerrar un agujero cuya dimensión exacta todavía ha resultado extraordinariamente difícil establecer con información pública uniforme.
Durante 2025 circularon estimaciones que colocaban el daño del huachicol fiscal hasta en 600 mil millones de pesos. La cifra llegó incluso a ser mencionada desde la Procuraduría Fiscal.
Después vino la precisión. Presidencia aclaró que Hacienda no contaba entonces con una cifra oficial sobre cuánto dinero representaba realmente el contrabando de combustibles.
Los 600 mil millones provenían de estimaciones externas previamente mencionadas. Lo oficialmente identificable era otra cosa: aproximadamente 16 mil millones de pesos correspondientes a expedientes específicos ya querellados.
La diferencia es enorme. Una cifra intenta estimar el tamaño completo de un fenómeno clandestino; la otra representa asuntos concretos suficientemente integrados para llegar a fiscalías y tribunales.
No pueden sumarse, intercambiarse ni presentarse como equivalentes. Tampoco los 16 mil millones de pesos querellados permiten concluir que ése sea el tamaño total del huachicol fiscal.
El problema estadístico tiene explicación. Para saber cuánto combustible desaparece fiscalmente primero hay que conocer con suficiente precisión cuánto se produce, cuánto se importa, cuánto se transporta y cuánto termina vendiéndose.
El Gobierno comenzó por ello a integrar información de Hacienda, Energía, Pemex, Aduanas, seguridad, reguladores, Profeco y otras dependencias dentro de una misma arquitectura de datos.
Esa necesidad dice bastante sobre el problema. Durante años diferentes autoridades observaron pedazos distintos de una cadena que puede comenzar en una importación y terminar en una gasolinera.
La trazabilidad propuesta para 2027 pretende precisamente coser esos pedazos. Si funciona, cada litro debería dejar una huella fiscal suficientemente clara para seguirlo durante buena parte de su recorrido comercial.
Eso también explica por qué combatir el huachicol fiscal encaja perfectamente con la promesa gubernamental de recaudar más dinero sin imponer nuevos grandes impuestos.
No se necesita inventar otro tributo si existe combustible que ya debería pagar IEPS y consigue llegar al mercado sin hacerlo correctamente.
Pero el éxito de esa estrategia podrá medirse solamente cuando Hacienda consiga responder dos preguntas con la misma precisión: cuánto combustible debería pagar y cuánto efectivamente pagó.
Hasta entonces, el huachicol fiscal conserva una ventaja peculiar sobre aquel que perforaba ductos. Sabemos que existe, sabemos cómo opera en términos generales y sabemos que Hacienda quiere perseguirlo.
Lo que todavía cuesta saber con precisión es cuánto cabe dentro del agujero.
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