Hacienda apuesta por fiscalización, combate a factureras y evasión, controles sobre combustibles y actualización de derechos para elevar los ingresos públicos.
El Gobierno promete elevar la recaudación sin una reforma fiscal ni aumentos generales de ISR e IVA. La apuesta está en cobrar mejor lo existente, cerrar agujeros y elevar algunos derechos.
México quiere cobrar más impuestos sin crear nuevos impuestos. Parece un acertijo, pero en esa frase descansa una parte importante de las cuentas públicas planteadas para 2027.
Édgar Amador, secretario de Hacienda, defendió este miércoles ante los diputados que el Gobierno todavía puede obtener considerablemente más dinero utilizando prácticamente las mismas grandes llaves tributarias.
Al cierre de 2026, calculó, la recaudación habrá aumentado alrededor de 0.7 puntos del producto interno bruto sin necesidad de realizar una reforma fiscal de gran calado.
Para 2027 la apuesta continúa. Hacienda proyecta que los ingresos tributarios lleguen a 15.9 por ciento del PIB, el porcentaje más alto registrado hasta ahora.
No aparecerá un nuevo IVA ni se propone un incremento general de su tasa. Tampoco existe un aumento generalizado de la tasa del impuesto sobre la renta.
La explicación está en otro lugar. Hacienda pretende encontrar dinero que actualmente escapa por evasión, elusión, facturas simuladas, contrabando y diferentes mecanismos utilizados para disminuir ilegalmente las contribuciones.
También busca hacer más difícil esconder determinadas operaciones. La propuesta modifica disposiciones del ISR, refuerza facultades de fiscalización y coloca controles adicionales sobre combustibles sujetos al IEPS.
Ahí aparece uno de los agujeros más visibles. El llamado huachicol fiscal permite introducir o comercializar combustibles evitando total o parcialmente las contribuciones que deberían acompañarlos.
El Gobierno propone reforzar la trazabilidad de gasolina y diésel. No crea para ello otro impuesto: intenta asegurarse de que el combustible pague el que ya existe.
Algo semejante ocurre con las factureras. La estrategia contempla cerrar espacios para operaciones simuladas y fortalecer las herramientas disponibles para detectar contribuyentes que utilizan comprobantes fiscales para reducir artificialmente sus obligaciones.
La diferencia parece administrativa, pero es económicamente enorme. Cada peso recuperado mediante fiscalización permite aumentar ingresos sin tocar formalmente las tasas generales que pagan quienes ya cumplen.
La promesa de “sin nuevos impuestos”, sin embargo, necesita una pequeña letra aclaratoria. El paquete también propone modificaciones que sí pueden significar mayores pagos para determinados usuarios y actividades.
La Ley Federal de Derechos contempla actualizaciones relacionadas con infraestructura ferroviaria, trámites sanitarios, protección ambiental y utilización del espacio aéreo, entre otros conceptos que generan ingresos no tributarios.
Un ejemplo particularmente visible está en los visitantes extranjeros. El Derecho de No Residente propuesto para 2027 pasaría de 983 a 1,334.80 pesos, un incremento cercano a 36 por ciento.
Eso ya provocó inconformidad entre empresarios turísticos del Caribe mexicano, quienes advierten que encarecer la entrada puede afectar competitividad frente a otros destinos internacionales.
La precisión importa entonces: el Gobierno no propone nuevos grandes impuestos generales, pero eso no significa que absolutamente nadie vaya a entregar más dinero al Estado durante 2027.
Hacienda necesita esa recaudación porque la otra mitad de la ecuación tampoco desapareció. México mantiene programas sociales, pensiones, inversión pública, participaciones estatales y servicio de deuda que requieren cantidades crecientes.
El proyecto calcula ingresos federales totales por aproximadamente 10.6 billones de pesos. Sólo ISR, IVA e IEPS aportarían cerca de 5.9 billones si las estimaciones se cumplen.
Al mismo tiempo, el Gobierno pretende continuar reduciendo gradualmente su déficit. Los Requerimientos Financieros del Sector Público están proyectados en 3.9 por ciento del PIB para 2027.
Eso deja menos espacio para resolver la ecuación simplemente mediante endeudamiento. Si se quiere mantener el gasto prioritario y reducir el déficit, alguien tiene que encontrar más ingresos.
México conserva además una particularidad estructural: recauda relativamente poco frente al tamaño de su economía cuando se compara su carga tributaria con la de otras economías de la OCDE.
Por eso durante años economistas y organismos internacionales han planteado diferentes versiones de una reforma fiscal. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha escogido, hasta ahora, un camino distinto.
Su apuesta consiste en recorrer primero los rincones del sistema actual: cobrar lo adeudado, perseguir simulaciones, vigilar combustibles, actualizar derechos y hacer más difícil escapar de la autoridad fiscal.
Es una estrategia políticamente atractiva porque permite pronunciar simultáneamente dos frases que normalmente parecen incompatibles: el Estado tendrá más dinero y no habrá nuevos impuestos generales.
Ahora falta comprobar la parte complicada del acertijo. No basta con encontrar impuestos que ya existen sobre el papel. Hacienda tendrá que conseguir que quienes hasta ahora lograron esquivarlos finalmente los paguen.
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