En junio del 2027 habrá elecciones en México y el crimen organizado buscará involucrarse
La nueva Comisión de Verificación de Integridad del INE consultará a autoridades de seguridad, inteligencia, justicia y financieras sobre posibles riesgos en los perfiles rumbo a 2027. Pero la ley permite a los partidos decidir si participan, enviar a todos o sólo algunos de sus aspirantes y mantener una postulación aun cuando existan alertas.
México estrenará en las elecciones de 2027 un mecanismo para averiguar, antes de que aparezcan en las boletas, si quienes aspiran a convertirse en gobernadores, alcaldes o legisladores presentan señales de posibles relaciones con actividades delictivas.
Hay una condición antes de empezar:
el partido tiene que querer preguntar.
La revisión no es obligatoria. Tampoco tiene que incluir a todos sus aspirantes. Y si las autoridades encuentran lo que la ley denomina un “riesgo razonable”, el resultado no impide por sí mismo registrar al candidato.
Así quedó construida la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, instalada este 7 de septiembre por el Instituto Nacional Electoral para operar en el proceso de 2027.
Cabeza de Ratón revisó el decreto publicado el 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación, el trámite legislativo y los posicionamientos del INE. La arquitectura del mecanismo puede resumirse así: el partido decide a quién quiere revisar; el Estado busca señales de riesgo; el partido recibe la advertencia y el partido vuelve a decidir.
No se trata de una laguna descubierta después de aprobar la reforma. Así fue diseñada.
EL PARTIDO DECIDE QUIÉN PASA POR EL FILTRO
El artículo 200 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los partidos podrán entregar al INE las listas de las personas que pretendan postular para someter sus perfiles a un análisis de riesgo.
Pero inmediatamente introduce dos palabras decisivas.
La entrega, establece la ley, podrá ser “total o parcial” y se realizará de manera “voluntaria”. Además, los propios aspirantes deberán manifestar su conformidad para ser evaluados.
Un partido puede, por tanto, solicitar que sean revisados todos sus posibles candidatos, sólo algunos o ninguno.
El procedimiento tampoco convierte al INE en una agencia de investigación.
La Comisión recibe los nombres y los remite a las instituciones competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y materia financiera. Entre las autoridades contempladas están la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los lineamientos aprobados por el INE incluyen además coordinación con la Secretaría de Seguridad, Hacienda, SAT y fiscalías estatales.
Son esas instituciones —no el árbitro electoral— las que deben determinar si existe un “riesgo razonable” a partir de información indiciaria que permita presumir una posible relación de la persona evaluada con actividades delictivas.
La diferencia importa: riesgo no significa culpabilidad.
UNA ALERTA NO ES UNA SENTENCIA
La Comisión fue diseñada con una precaución constitucional comprensible.
Una investigación abierta, información financiera sospechosa o un reporte de inteligencia no equivalen a una sentencia. Utilizarlos automáticamente para cancelar una candidatura permitiría retirar derechos políticos a una persona que no ha sido declarada culpable.
Por eso el INE estableció que deberá prevalecer la presunción de inocencia y que la información obtenida no constituye una declaración de elegibilidad ni puede alterar por sí misma derechos político-electorales.
El mecanismo sirve para advertir, no para condenar.
La ley ordena además mantener confidencial la información. Cuando las autoridades detecten un riesgo, el INE comunicará al partido qué instituciones lo identificaron, pero no el asunto específico del que deriva.
Y después ocurre algo fundamental.
El artículo 200 Bis devuelve la decisión al mismo lugar donde comenzó el procedimiento: el partido político.
Será éste quien, con la información recibida, determine si procede o no registrar a la persona evaluada.
El presidente de la nueva Comisión, Arturo Chávez López, lo confirmó al instalarla: aun cuando exista un riesgo razonable, “la decisión final de mantener las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y candidatos independientes”.
Una alerta enciende la luz roja.
No cierra la puerta.
EL INE NO QUERÍA SER POLICÍA
Para entender por qué el mecanismo terminó construido así hay que regresar a mayo.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 25 de ese mes como una respuesta para fortalecer los controles frente a la posible infiltración del crimen organizado en las candidaturas.
Desde su origen contenía la característica que ahora parece más llamativa: la participación sería voluntaria y las listas podrían ser totales o parciales.
El INE reaccionó con cautela.
Ese mismo 25 de mayo, su presidenta, Guadalupe Taddei, advirtió públicamente que el Instituto “no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política”.
La función del organismo, sostuvo, no era investigar posibles delitos ni calificar los antecedentes de quienes aspiraran a competir. Esas facultades pertenecen a las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
La objeción tenía fundamento institucional: si el INE investigaba, calificaba el riesgo y además decidía quién podía aparecer en una boleta, el árbitro electoral entraría directamente en la disputa política.
El modelo aprobado intentó resolverlo.
El INE no investiga. Las agencias especializadas lo hacen.
El INE no declara culpable a nadie. Recibe una evaluación.
El INE tampoco cancela la candidatura por esa evaluación. Informa al partido.
En julio, el consejero electoral Arturo Castillo describió el resultado con una franqueza difícil de mejorar: la Comisión sería “una ventanilla de trámite” donde el partido “que quiera y para quien quiera” presentará nombres; las instituciones de seguridad e inteligencia los revisarán, devolverán el resultado y los partidos decidirán qué hacer con él.
Eso es, esencialmente, lo que terminó en la ley.
LA PREGUNTA QUE LA REFORMA NO RESUELVE
Hay razones jurídicas poderosas para que una alerta no elimine automáticamente a un candidato.
La presunción de inocencia es una de ellas.
Pero eso responde una pregunta distinta de la que deja abierta el mecanismo:
¿por qué la revisión tampoco es obligatoria?
Sería jurídicamente posible imaginar un sistema donde todos los aspirantes fueran revisados y, al mismo tiempo, el resultado continuara siendo confidencial, preventivo y no vinculante.
La revisión obligatoria y la cancelación automática no son la misma cosa.
México eligió otro modelo: revisión voluntaria y resultado no vinculante.
En los documentos legislativos revisados por Cabeza de Ratón aparecen reiteradamente la protección de derechos, la confidencialidad, las competencias de cada autoridad y el carácter preventivo del procedimiento. No aparece desarrollada con la misma claridad una justificación de por qué todos los aspirantes no pueden ser sometidos al mismo análisis.
La voluntariedad, además, sobrevivió intacta al Congreso.
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados mantuvo que las listas podían ser totales o parciales y que su entrega sería voluntaria. Las modificaciones legislativas se concentraron en otros aspectos, entre ellos reducir de cinco a tres los consejeros integrantes de la Comisión y reforzar mediante lineamientos la protección de datos y la confidencialidad.
El 2 de junio la reforma fue publicada en el Diario Oficial.
Tres meses después, el filtro ya existe.
LO QUE SÍ PUEDE OCURRIR
Nada de esto significa que una persona vinculada con actividades criminales tenga garantizada una candidatura.
Existen otras vías legales.
Si durante la evaluación FGR, UIF, CNI u otra autoridad encuentra información relevante, la propia reforma ordena que, dentro de sus atribuciones, inicie o continúe las investigaciones correspondientes.
Una investigación puede eventualmente producir consecuencias penales y éstas, bajo los supuestos constitucionales y legales correspondientes, afectar los derechos políticos de una persona.
Lo que no puede hacer esta Comisión es sustituir ese proceso.
Tampoco debe confundirse una alerta con evidencia pública de que alguien pertenece al crimen organizado. Precisamente porque se trabaja con información indiciaria y posibles investigaciones en curso, la confidencialidad forma parte esencial del modelo.
El problema periodístico está en otra parte.
El ciudadano no es el destinatario de la advertencia.
El partido sí.
Puede saber que una o varias instituciones encontraron un riesgo razonable respecto de uno de sus aspirantes y conservar la postulación. El procedimiento de integridad, por sí mismo, no convierte esa advertencia en una declaración pública para que el elector decida con esa información.
La consecuencia es principalmente política, no automática ni electoral.
UN FILTRO QUE CONFÍA EN QUIEN ELIGE AL CANDIDATO
La Comisión puede resultar útil.
Hasta ahora no existía un canal institucional de estas características para que, antes del registro, un partido pudiera pedir al Estado revisar información disponible sobre alguien a quien pretende entregar una candidatura.
Eso importa especialmente rumbo a 2027, cuando estarán en disputa 500 diputaciones federales y miles de cargos locales, incluidas 17 gubernaturas.
Pero llamarlo filtro exige entender qué filtra realmente.
No impide que un partido omita a determinado aspirante de la revisión.
No convierte un riesgo razonable en inelegibilidad.
No obliga al partido a retirar una candidatura advertida.
Y no está diseñado para comunicar esa alerta al elector.
México construyó un mecanismo para que los partidos puedan saber, antes de registrar a sus candidatos, si las instituciones del Estado detectan señales de riesgo en alguno de ellos.
No construyó un mecanismo para obligarlos a preguntar.
El filtro existe.
La advertencia puede existir.
La información puede existir.
La última decisión sigue estando en las mismas manos que escogieron al candidato.
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