Juan Francisco Vera Ayala fue destituido después de que la propia Fiscalía detectó anomalías en el operativo. La FEMDO revisa ahora un aseguramiento presentado inicialmente como un golpe histórico al huachicol.
El aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato ya produjo una consecuencia comprobable, aunque no es todavía una acusación contra los propietarios del hidrocarburo.
Juan Francisco Vera Ayala fue destituido como delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato después de que la propia institución encontró anomalías en el operativo.
Omar García Harfuch confirmó este viernes la salida del funcionario y explicó que la intervención fue realizada originalmente por la delegación estatal de la FGR.
El problema apareció cuando oficinas centrales revisaron el procedimiento.
Según Harfuch, el operativo ocurrió aproximadamente dos semanas antes de hacerse público y fue informado sin que previamente se hubiera verificado completamente la documentación relacionada con el combustible.
La FGR decidió entonces atraer la investigación. El expediente quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y de las áreas especializadas en hidrocarburos.
El caso comenzó públicamente como uno de los mayores aseguramientos de combustible registrados durante el actual gobierno.
Autoridades de Guanajuato informaron el 17 de septiembre del hallazgo de más de 59 millones de litros en instalaciones de San José Iturbide. La FGR confirmó posteriormente el aseguramiento.
Pero la dimensión del decomiso dejó de ser la única noticia.
Grupo SIMSA, propietario de Gas Natural del Noroeste, rechazó que el combustible almacenado fuera ilegal y aseguró disponer de permisos federales para operar instalaciones con capacidad de hasta 100 millones de litros.
La compañía afirmó además haber entregado documentación a las autoridades para acreditar la procedencia y almacenamiento legal de los hidrocarburos.
Ese material forma parte de lo que ahora revisa la FGR.
Harfuch explicó que la investigación deberá verificar desde el primer aseguramiento la documentación proporcionada por las empresas y determinar si efectivamente existió alguna irregularidad relacionada con el combustible.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato también tomó distancia este viernes de las decisiones ministeriales. Su titular, Juan Mauro González Martínez, sostuvo que la corporación estatal participó en labores policiales bajo conducción del Ministerio Público federal.
La investigación original, explicó, comenzó después del aseguramiento de una pipa cuyo combustible carecía de documentación que acreditara su procedencia legal y posteriormente derivó en otros cateos.
Hasta ahora tampoco se ha informado de personas detenidas por los 59 millones de litros.
La diferencia resulta fundamental: un combustible asegurado mientras se investiga su documentación no puede convertirse automáticamente en combustible robado o contrabandeado.
La FEMDO tendrá que determinarlo.
El caso que comenzó llamando la atención por una cifra gigantesca ahora tiene otra pregunta igualmente importante.
Los 59 millones de litros siguen esperando que la Fiscalía determine jurídicamente qué son. El delegado que encabezaba la FGR en Guanajuato, en cambio, ya perdió el puesto.
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