Los hombres fueron enviados al complejo penitenciario después de permanecer bajo custodia de la Fiscalía de Jalisco. Seis enfrentan acusaciones por lesiones dolosas contra policías y uno por desobediencia, mientras familiares y organizaciones denuncian detenciones arbitrarias y posibles abusos.
Siete hombres detenidos durante la protesta por la mala calidad del agua en Guadalajara fueron trasladados este martes 13 de octubre al complejo penitenciario de Puente Grande, conocido por albergar instalaciones de alta seguridad, para ser presentados ante un juez de control.
La Fiscalía de Jalisco informó que encontró elementos para judicializar a siete de las 39 personas detenidas oficialmente después de los enfrentamientos registrados el domingo frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Las otras 32 recuperaron su libertad dentro del plazo legal de 48 horas.
Seis de los detenidos serán imputados por lesiones dolosas agravadas, debido a que las presuntas víctimas son integrantes de corporaciones de seguridad pública. Al séptimo se le atribuye el delito de desobediencia. El traslado no significa que hayan sido declarados culpables: corresponderá al juez revisar la legalidad de las detenciones y resolver si existen elementos para vincularlos a proceso.
La protesta reunió a miles de habitantes de Guadalajara y municipios metropolitanos que denunciaron recibir agua turbia, con sedimentos, colores inusuales y olor a drenaje. Los manifestantes marcharon desde la glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco con botellas que contenían muestras del líquido que, según sus testimonios, sale de las llaves de sus viviendas.
Al final de la movilización se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines. El gobierno estatal sostiene que un grupo de aproximadamente 400 personas encapuchadas llegó con piedras, tubos, martillos, palos y otros objetos para agredir a los agentes. La administración de Lemus reportó 28 policías lesionados y calificó la marcha inicial como una protesta ciudadana legítima que posteriormente fue alterada por un grupo de choque.
Los testimonios de asistentes, familiares y defensores ofrecen una versión distinta. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, ha documentado denuncias por golpes, incomunicación, falta de acceso inmediato a abogados y detenciones de personas que presuntamente no participaban en los actos violentos. Algunos liberados salieron de las instalaciones ministeriales con heridas, vendajes y manchas de sangre.
Los siete trasladados son Israel Rosas Flores, David Isaac Álvarez Hernández, Iván Octavio Salazar, Juan Darío Muñoz Nava, Teodoro Jesús Torres Valdez, Alexis Guzmán Ríos y Samuel Morales Navarro. Sus familiares rechazan que formen parte de un grupo de choque y organizaciones civiles aseguran que existen videos que podrían contradecir las acusaciones presentadas por la Fiscalía.
El caso llegó también a la discusión nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Jalisco explicar la actuación de sus policías y advirtió que “una cosa es contener y otra reprimir”. Señaló que las autoridades federales podrían intervenir si se presenta una denuncia por posibles delitos cometidos durante el operativo.
El envío de los detenidos a Puente Grande elevó la tensión porque una demanda ciudadana por agua limpia terminó convertida en un proceso penal y en acusaciones graves contra las fuerzas de seguridad. Las audiencias deberán establecer si las pruebas individualizan la conducta de cada detenido o si las imputaciones se construyeron a partir de su sola presencia en la protesta.
Paralelamente, las autoridades deberán investigar las denuncias de golpes, retenciones irregulares e incomunicación. La responsabilidad por los actos violentos y la revisión del comportamiento policial son asuntos distintos, pero ambos resultan necesarios para evitar que el proceso judicial se convierta en una sanción contra el derecho a manifestarse.
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