Las comparecencias en materia de seguridad no serán públicas para proteger la información
La Cámara prepara las comparecencias por el Segundo Informe de Gobierno. Harfuch y Rosa Icela Rodríguez estarán entre los funcionarios que acudirán a la Jucopo, donde la información considerada confidencial o de seguridad nacional permanecerá bajo reserva.
El gobierno federal tendrá que explicar ante los diputados qué ha hecho en materia de seguridad. Una parte de esas explicaciones, sin embargo, no será pública.
La Cámara de Diputados prepara las comparecencias del gabinete por la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y decidió separar los formatos: habrá funcionarios ante el pleno, otros en comisiones y algunos ante la Junta de Coordinación Política.
En este último grupo estarán las comparecencias relacionadas con asuntos que los legisladores consideran de seguridad nacional o confidenciales.
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, informó que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, acudirá ante ese órgano el 29 de septiembre. También está prevista la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
“Algunos temas, por su confidencialidad, no se pueden dar a la opinión pública”, explicó Monreal. Según el legislador, divulgar determinados datos podría generar “situaciones muy complejas”.
El presidente de la Cámara, Raúl Bolaños, coincidió en la necesidad de mantener bajo discreción determinada información de seguridad, aunque precisó que los coordinadores parlamentarios todavía construyen los acuerdos sobre el calendario.
La diferencia puede verse con Hacienda. El secretario Edgar Amador está programado para comparecer el 30 de septiembre ante el pleno, en una sesión abierta.
La Constitución permite a las cámaras citar a los secretarios de Estado para ampliar la información del Informe de Gobierno y obliga a los funcionarios a comparecer bajo protesta de decir verdad. Las reglas parlamentarias permiten a la Jucopo determinar la programación de esos encuentros.
La discusión, por tanto, no es si el Congreso puede preguntar sobre seguridad. Puede hacerlo.
La cuestión está en cuánto de las respuestas podrá conocer directamente la sociedad.
El formato tiene una razón atendible: operaciones, investigaciones, inteligencia o información capaz de comprometer la seguridad no necesariamente pueden exponerse públicamente. Pero la reserva también plantea un límite que será necesario observar: qué información requiere realmente sigilo y qué parte corresponde a resultados, decisiones y políticas públicas que pueden explicarse sin comprometer una operación.
La rendición de cuentas sobre seguridad tendrá así dos públicos.
Los diputados podrán formular las preguntas. Los ciudadanos sólo conocerán las respuestas que puedan salir de la sala.
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