Colombia giró políticamente, pero heredó un déficit récord y una deuda creciente. El nuevo gobierno busca al FMI mientras descubre que la aritmética no vota
Colombia cambió de presidente en agosto, pero la deuda no hizo maletas. Abelardo De La Espriella heredó una caja fiscal que ya venía crujiendo fuerte.
Reuters reveló este jueves que su gobierno estudia pedir entre ocho mil y veinte mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para ganar oxígeno.
El dato importa porque no se trata de una economía colapsada, sino de un país con banco central independiente, sistema financiero sólido y cuentas públicas deteriorándose.
El déficit fiscal proyectado alcanza 7.2 por ciento del PIB este año y 9.4 por ciento en 2027, el nivel más alto registrado hasta ahora.
El gobierno necesita entonces algo más que dinero barato. Necesita demostrar que puede reducir gasto, contener deuda y convencer a un Congreso fragmentado de acompañarlo.
La derecha también conoce al Fondo
Ahí aparece la llamada Ley de Rescate, con la que De La Espriella pretende recortar alrededor de 2.2 por ciento del PIB en gasto público.
El Fondo podría ofrecer una Línea de Precaución y Liquidez, menos políticamente costosa que un programa tradicional, pero igualmente condicionada a metas fiscales verificables y creíbles.
Eso coloca al nuevo presidente frente a una ironía incómoda: ganó prometiendo corregir el rumbo económico, pero ahora necesita ayuda externa para demostrar que puede hacerlo.
Colombia ya utilizó una Línea de Crédito Flexible del FMI durante la pandemia y terminó de pagar esos recursos, por lo que el antecedente no es extraordinario.
Lo distinto ahora es la magnitud del desequilibrio y la velocidad con que crecen las necesidades de financiamiento, mientras el servicio de la deuda absorbe más presupuesto.
El Banco de la República calcula que la deuda neta podría alcanzar 66.2 por ciento del PIB en 2027, junto con un déficit históricamente elevado.
Además, el presupuesto de 2027 asciende a 634.9 billones de pesos y depende ampliamente de nuevo endeudamiento para cerrar un agujero que sigue creciendo rápidamente.
La campaña terminó pero las cuentas siguen
De La Espriella culpa al gobierno de Gustavo Petro por sobreendeudamiento y gasto excesivo; esa atribución forma parte del discurso oficial, no de una auditoría concluyente.
El problema práctico, sin embargo, es menos partidista: los acreedores miran números presentes, no explicaciones retrospectivas, y cobrarán según la confianza que inspire el ajuste.
Un acuerdo con el FMI podría reducir primas de riesgo, abaratar deuda y abrir más financiamiento multilateral, pero también obligaría al gobierno a cumplir compromisos políticamente difíciles.
Eso significa recortar cuando una parte del país exige gastar más, reconstruir tras el terremoto y proteger inversión social, justamente mientras el margen fiscal se achica.
El presidente cambió y también cambió la narrativa económica. La aritmética permaneció sentada en Palacio, esperando que alguien explique quién pagará finalmente la cuenta completa.
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