Brasil elegirá presidente el 25 de octubre. Flávio Bolsonaro promete detener la tala ilegal mientras propone quitar “amarras ambientales”. La diferencia cabe entera en una palabra: ilegal.
Brasil votará el 25 de octubre mucho más que una presidencia: también decidirá qué tipo de gobierno administrará alrededor de sesenta por ciento de la Amazonia.
Flávio Bolsonaro llega a la segunda vuelta después de obtener 47 por ciento, frente al 44.2 de Lula, según los resultados de la primera ronda.
Su agenda ambiental contiene una contradicción central: promete desmatamiento ilegal cero para 2029, pero también propone flexibilizar reglas, reducir organismos ambientales y ampliar explotación económica.
Folha de S.Paulo documentó en agosto una frase especialmente reveladora: “vamos a acabar con esas amarras ambientales”, mientras defendía explotar tierras raras del norte brasileño.
En entrevista con Jornal Nacional, Flávio se negó además a afirmar que cree en el calentamiento global y atribuyó los extremos climáticos a ciclos naturales.
Su plan de gobierno omite las expresiones “cambio climático” y “calentamiento global”, aunque incluye vigilancia satelital, inteligencia artificial y combate también al desmatamiento considerado ilegal.
El problema está precisamente en esa última palabra: ilegal. Una administración puede reducir delitos ambientales mientras legaliza actividades que antes estaban prohibidas o severamente restringidas.
Bolsonaro propone minería y turismo en territorios indígenas, legalización del garimpo y menos obstáculos regulatorios para explotar recursos naturales actualmente protegidos por distintas normas federales.
También ha prometido no demarcar nuevas tierras indígenas, repitiendo una política aplicada por su padre, Jair Bolsonaro, durante sus cuatro años completos en la presidencia.
La selva también vota sin credencial
El riesgo no depende solamente de Flávio. El nuevo Congreso brasileño salió desplazado hacia la derecha y con mayor presencia de legisladores favorables a minería.
Associated Press documentó que grupos indígenas y ambientalistas temen que esa mayoría facilite cambios legales para abrir territorios protegidos y debilitar salvaguardas ambientales federales existentes.
Eso importa porque el presidente brasileño posee herramientas rápidas: designa autoridades del Ibama, fija prioridades de fiscalización y puede alterar presupuestos ambientales en pocos meses.
Chatham House advierte que una presidencia de Bolsonaro, acompañada por un Congreso favorable, tendría capacidad considerable para revertir mecanismos restaurados durante el gobierno de Lula.
Los números muestran qué está en juego. El INPE registró 5,731 kilómetros cuadrados deforestados en 2025, una reducción de 12.07 por ciento frente a 2024.
Además, entre agosto de 2025 y mayo de 2026, las alertas de deforestación cayeron 37.5 por ciento, el nivel más bajo registrado para ese periodo.
Eso no convierte a Lula en ambientalmente incuestionable: su gobierno ha sido criticado por impulsar exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas y otras contradicciones energéticas.
Pero sí establece una diferencia medible entre dos modelos: uno reforzó fiscalización y redujo tala; el otro promete menos “amarras” y mayor explotación territorial.
El punto donde la selva deja de perdonar
La discusión tampoco es exclusivamente brasileña. Un estudio publicado por Nature en 2026 calculó que deforestación combinada con calentamiento puede acercar peligrosamente un cambio sistémico amazónico.
Sus autores estiman que, con 22 a 28 por ciento de deforestación y 1.5 a 1.9 grados de calentamiento, grandes áreas podrían perder estabilidad ecológica.
Eso significa que cada elección amazónica ocurre ahora sobre un ecosistema menos capaz de absorber errores políticos, incendios, minería ilegal y expansión agrícola desordenada adicional.
Flávio Bolsonaro insiste en que desarrollo y conservación pueden convivir mediante tecnología y fiscalización más eficiente, mientras sus críticos temen que flexibilizar reglas cambie justamente los incentivos.
Brasil no elegirá simplemente entre dos candidatos con discursos ambientales diferentes. Elegirá quién tendrá la llave administrativa de la mayor porción nacional de la selva amazónica.
Y quizá ésa sea la ironía más incómoda: el Amazonas no puede votar, pero una buena parte de su futuro sí aparecerá dentro de las urnas brasileñas.
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