Las auditorías federales detectaron pagos a 67 mil estudiantes cuyos datos no pudieron validarse ante el Renapo. También encontraron depósitos en tarjetas del Banco del Bienestar que seguían sin entrega
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encontró pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 beneficiarios de becas cuyos datos no pudieron validarse oficialmente.
Las irregularidades corresponden a los ejercicios 2024 y 2025 y aparecen en los resultados de fiscalización federal, retomados esta semana en una revisión periodística.
El problema comienza con la identidad de quienes recibieron el dinero, porque los registros de esos estudiantes no pudieron comprobarse ante el Registro Nacional de Población.
Eso no demuestra que los beneficiarios sean inexistentes ni que los 592.3 millones hayan sido robados, pero sí revela una falla que requiere aclaraciones documentales.
Las tarjetas que estaban activas sin dueño acreditado
La auditoría encontró otra anomalía en el Banco del Bienestar, encargado de entregar las tarjetas utilizadas para depositar los apoyos económicos a los estudiantes beneficiarios.
Durante 2024 quedaron sin entregar 95 mil 960 tarjetas bancarias, aunque 94 mil 251 aparecían activas en los registros de la institución financiera pública federal.
La contradicción importa porque las disposiciones aplicables establecen que las tarjetas deben activarse después de su entrega efectiva a las personas beneficiarias de los programas sociales.
El hallazgo no terminó en una diferencia administrativa: en mil 78 de esas cuentas se depositaron 8.6 millones de pesos, según los resultados de fiscalización.
La auditoría también identificó pagos por 8.5 millones de pesos a mil 376 estudiantes inscritos en escuelas que no cumplían los criterios de prioridad establecidos.
Los tres hallazgos plantean problemas distintos: identidad sin validar, instrumentos bancarios activados antes de su entrega y apoyos otorgados fuera de los criterios revisados.
Las preguntas que todavía faltan responder
El informe forma parte de una revisión más amplia que identificó observaciones por al menos 5 mil 639 millones de pesos en diferentes dependencias y programas federales.
Pero una observación administrativa no equivale automáticamente a un desvío comprobado, porque las instituciones pueden presentar documentación, aclarar inconsistencias o enfrentar procedimientos posteriores de responsabilidad.
En las becas permanece una pregunta central: cuántos pagos podrán acreditarse mediante documentos adicionales y cuántos terminarán convertidos en daño patrimonial efectivamente comprobado por las autoridades.
También falta conocer quién recibió los recursos depositados en las tarjetas que figuraban activas antes de ser entregadas y qué controles permitieron realizar esas operaciones.
La revisión no acredita por sí misma que exista una red de beneficiarios ficticios ni identifica responsables individuales de apropiarse del dinero observado por los auditores.
Lo documentado es suficientemente relevante sin necesidad de adelantar esas conclusiones: millones de pesos salieron mediante registros cuya identidad o procedimiento de entrega presentaba inconsistencias.
El dinero tenía un destino establecido: apoyar la educación de estudiantes mexicanos mediante programas públicos financiados con recursos presupuestales y administrados por distintas instituciones federales.
Ahora las autoridades deben demostrar que los pagos llegaron a quienes correspondía y explicar por qué miles de tarjetas aparecieron activas antes de llegar a sus destinatarios.
Porque una beca puede aparecer como pagada en el sistema y, sin embargo, dejar pendiente la pregunta más importante: quién recibió realmente el dinero.
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