Buen Gobierno reportó sanciones en 19 dependencias federales y multas superiores a 102 millones de pesos. Los expedientes muestran que la corrupción puede empezar con 500 pesos y terminar en contratos millonarios.
La corrupción federal no siempre necesita una licitación gigantesca. Algunas veces cabe en un tanque de gasolina, una lectura de medidor, una contratación simulada o varias toneladas desaparecidas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sanciones contra 55 servidores públicos y una empresa por irregularidades investigadas dentro de 19 dependencias y organismos federales.
Las consecuencias incluyen suspensiones, destituciones, inhabilitaciones de hasta diez años y sanciones económicas que, sumadas, superan los 102 millones de pesos entre los distintos expedientes.
Trece servidores públicos recibieron las consecuencias más severas después de que investigaciones administrativas reunieran elementos sobre faltas graves y los casos llegaran al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Pero detrás de la cifra aparecen historias bastante menos abstractas.
En Pemex, una trabajadora del Hospital Central del Sur cobró durante 2025 una prestación destinada a gasolina utilizando documentos correspondientes a un automóvil distinto del registrado.
La sanción fue considerablemente mayor que cualquier tanque: diez años de inhabilitación y una multa de 677 mil pesos impuesta por la irregularidad acreditada administrativamente.
Otra trabajadora del área de Ductos mantuvo registrado entre 2019 y 2024 un vehículo que debía haber dado de baja y continuó recibiendo la prestación para combustible.
También recibió diez años de inhabilitación y una sanción económica de 616 mil pesos.
Un tercer trabajador de Pemex fue castigado después de que la investigación determinara que simuló actos para facilitar la contratación de tres personas y recibió depósitos relacionados con ello.
La inhabilitación volvió a ser de diez años. La multa fue de 600 mil pesos, equivalente al beneficio económico que las autoridades administrativas atribuyeron a aquella operación.
En CFE la cantidad inicial era mucho más pequeña.
Un trabajador encargado de tomar lecturas en Álamos, Sonora, pidió 500 pesos a usuarios a cambio de no reportar que utilizaban irregularmente energía eléctrica.
No ocurrió una sola vez.
La investigación estableció que realizó ese cobro a ocho usuarios en 18 ocasiones durante 2021. Terminó inhabilitado durante diez años y recibió una multa de 72 mil pesos.
Los expedientes también incluyen conductas que no tienen directamente dinero como protagonista.
Un trabajador de una central hidroeléctrica de CFE fue inhabilitado cuatro años por hostigamiento sexual contra una persona subordinada durante aproximadamente seis meses entre 2020 y 2021.
En Pemex, una empleada del Hospital Regional de Minatitlán fue suspendida 30 días después de intervenir en la evaluación y autorización de la contratación de su propio hijo.
El IMSS aporta uno de los casos económicamente mayores.
Dos trabajadoras del área de Abastecimiento y Equipamiento en Morelos modificaron referencias de precios utilizadas para adquirir tóner y elevaron el costo de una contratación realizada durante 2021.
Ambas fueron inhabilitadas durante diez años y recibieron una sanción conjunta superior a 10 millones de pesos, equivalente al monto relacionado con la operación observada.
Pero las cifras verdaderamente grandes aparecen en expedientes vinculados con la antigua Diconsa y Segalmex, hoy incorporadas a la estructura de Alimentación para el Bienestar.
Tres exfuncionarios fueron sancionados por una operación de 2020 relacionada con carne cuya entrega no pudo ser acreditada, pese a que existieron pagos por el producto.
La multa solidaria alcanzó 73.4 millones de pesos y los involucrados recibieron inhabilitaciones de diez años, según la información divulgada por la autoridad anticorrupción.
Los mismos funcionarios aparecen además en otra compra, esta vez de atún realizada en 2019, donde tampoco pudo comprobarse adecuadamente la entrega del producto adquirido.
Ese segundo expediente produjo una sanción por 16.6 millones de pesos y alcanzó también a una empresa, que recibió una inhabilitación durante un año.
Los casos abarcan además Banco del Bienestar, Guardia Nacional, Aduanas, ISSSTE, SAT, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Financiera para el Bienestar y otras instituciones de la administración federal.
No todas las sanciones responden a corrupción entendida como apropiarse de dinero.
Los procedimientos administrativos también castigan conflictos de interés, omisiones patrimoniales, utilización indebida de recursos públicos, acoso, incumplimientos laborales y otras conductas contrarias a las obligaciones gubernamentales.
Esa distinción importa.
Que una persona haya recibido una sanción administrativa no significa automáticamente que haya cometido un delito ni que exista necesariamente una investigación penal por los mismos acontecimientos.
En las faltas graves, los órganos internos investigan y llevan los expedientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridad responsable de imponer las sanciones correspondientes cuando acredita responsabilidad.
Las faltas no graves pueden resolverse administrativamente dentro de los mecanismos de control previstos por la legislación, con consecuencias distintas según la conducta demostrada en cada expediente.
El paquete presentado por Buen Gobierno funciona así como un pequeño catálogo de las dimensiones que puede adoptar una irregularidad dentro del servicio público.
Puede valer 500 pesos.
Puede esconderse dentro de una prestación para llenar el tanque.
Puede convertirse en diez millones de pesos de tóner.
O puede terminar en 73 millones pagados por carne cuya entrega nadie logró demostrar.
La corrupción tiene muchas escalas.
Anticorrupción acaba de ponerles precio a 55 de ellas.
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