La empresa SIMSA emitió un comunicado explicando que todo en sus instalaciones es legal
La empresa que opera la terminal de San José Iturbide sostiene que el combustible asegurado pertenece a clientes autorizados y que su procedencia se acredita documentalmente. El permiso federal de la instalación existe y lleva años vigente. La FGR, que presentó el caso como un enorme aseguramiento de hidrocarburos sin origen acreditado, ahora dice que todavía le faltan documentos para comprobar la legalidad de la totalidad del producto.
La historia comenzó con una pipa de 33 mil litros cuyo combustible no pudo acreditar su trazabilidad.
Terminó con 59 millones.
Pero entre una cosa y otra apareció un problema para la Fiscalía General de la República: el lugar donde encontró esa gigantesca cantidad de gasolina y diésel no era una bodega clandestina ni un depósito improvisado.
Era una terminal construida precisamente para almacenar millones de litros de combustible.
Tiene nombre: Gas Natural del Noroeste.
Tiene operador: una empresa de Grupo SIMSA.
Y, sobre todo, tiene permiso federal.
El documento es el PL/19344/ALM/2016, otorgado en septiembre de 2016 con una vigencia de 30 años. La instalación cuenta además, según la empresa, con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial de ASEA, permiso ferroviario federal y autorizaciones estatales y municipales.
Es decir: la terminal donde la FGR encontró los 59 millones de litros no apareció de repente.
El Estado mexicano sabía que estaba ahí.
Y la había autorizado para hacer exactamente eso: almacenar petrolíferos.
El combustible tampoco sería de SIMSA
La segunda aclaración de la empresa es todavía más importante.
Gas Natural del Noroeste asegura que no es propietaria de los 59 millones de litros.
La terminal presta un servicio de almacenamiento a otras compañías.
Según su comunicado, las empresas usuarias son también permisionarias de la autoridad energética y deben acreditar ante la terminal la propiedad, procedencia legítima y calidad de sus productos.
Gas Natural del Noroeste asegura además que puso a disposición de las autoridades la información y documentación que acredita la legalidad de su operación y sus relaciones comerciales con esas compañías.
Y espera, dice, que su revisión confirme que tanto la terminal como el producto de sus clientes están completamente en regla.
Si esos documentos sostienen lo que la empresa afirma, la historia cambia radicalmente.
Los 59 millones de litros no serían un gigantesco cargamento clandestino escondido dentro de diez tanques.
Serían inventario de distintos clientes guardado en una terminal legalmente autorizada para almacenarlo.
59 millones impresionan menos dentro de un almacén gigantesco
La magnitud fue una de las razones por las que el caso tuvo semejante impacto.
La FGR contabilizó exactamente 59 millones 36 mil 870 litros:
33.5 millones de gasolina regular.
7.2 millones de gasolina Premium.
18.2 millones de diésel.
Una cantidad descomunal.
Pero el contexto modifica el dato.
Registros oficiales acreditan desde hace años la existencia y operación de la terminal. Documentación pública sobre infraestructura energética la registra como una instalación destinada al almacenamiento industrial de petrolíferos.
Dicho de otra manera:
encontrar 59 millones de litros en una instalación construida y autorizada precisamente para almacenar combustible a escala industrial no demuestra que esos 59 millones sean ilegales.
La cantidad es espectacular.
La ilegalidad necesita probarse.
La FGR ahora busca los papeles
La Fiscalía no ha cerrado el caso.
Al contrario.
Este sábado informó que la fiscal general Ernestina Godoy ordenó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atraer la investigación.
Y formuló con mayor precisión qué es lo que todavía considera pendiente.
La FGR sostiene que no ha recibido de todas las empresas relacionadas documentación que acredite de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino de todo el combustible.
La diferencia de palabras importa.
La empresa afirma que sus clientes acreditan ante ella propiedad y procedencia legítima y que entregó documentación sobre sus operaciones y relaciones comerciales.
La Fiscalía responde que todavía no tiene los documentos completos de todas las empresas relacionadas.
Ya no estamos frente a una discusión sobre si la terminal existe legalmente.
Eso puede comprobarse.
Estamos ante una investigación documental sobre la procedencia de los combustibles almacenados en ella.
¿Y cómo llegamos hasta aquí?
Ésta es quizá la parte más extraña.
La investigación comenzó el 3 de julio, cuando una persona descargaba una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una estación de servicio de San Luis de la Paz.
La trazabilidad de ese combustible no pudo acreditarse.
La FGR siguió investigando.
Llegó posteriormente a un establecimiento de gas LP en Dolores Hidalgo.
Y desde ahí alcanzó la terminal de San José Iturbide.
Hasta aquí existe una ruta investigativa.
Lo que falta conocer públicamente es la evidencia que permite trasladar la irregularidad encontrada en aquella primera pipa a la totalidad de los 59 millones de litros almacenados posteriormente en otra instalación.
La primera pipa equivalía aproximadamente al 0.056% del volumen finalmente asegurado.
Una irregularidad en 33 mil litros no convierte automáticamente en ilegales otros 59 millones.
Para eso hacen falta pruebas.
Precisamente las que ahora busca la Fiscalía.
Una palabra que cambió la historia
Hay además una diferencia importante entre lo que realmente dijo la FGR y lo que rápidamente se convirtió en noticia.
La Fiscalía informó que había localizado hidrocarburo del cual no se había acreditado su origen.
Eso no significa exactamente lo mismo que afirmar que se encontraron 59 millones de litros de combustible robado.
No acreditar todavía la procedencia es una condición documental dentro de una investigación.
Demostrar que el producto es ilícito requiere otro paso.
Sin embargo, el caso comenzó a circular rápidamente como un decomiso histórico de huachicol.
Ahora la empresa ha puesto sobre la mesa documentos y permisos que obligan a regresar al lenguaje preciso.
La terminal es legal.
Su permiso federal existe.
Su actividad consiste justamente en almacenar combustibles de terceros.
Y la compañía sostiene que esos terceros acreditan la procedencia legítima de sus productos.
Eso tampoco prueba todavía que cada uno de los 59 millones de litros tenga origen lícito.
Pero coloca la carga de la investigación exactamente donde debe estar:
en demostrar qué combustible es irregular, de quién es, de dónde salió y cuál documento falta.
El caso de los 59 millones se hizo más pequeño y más complicado
El jueves, diez tanques gigantescos eran suficientes para producir una historia enorme.
Dos días después, ya no.
Ahora hay que revisar permisos, facturas, pedimentos, contratos, inventarios, clientes, movimientos ferroviarios, información fiscal y trazabilidad.
Y el caso puede terminar en dos lugares completamente distintos.
Si la FGR demuestra que detrás de una terminal legal se almacenaba combustible de procedencia ilícita, estará frente a una operación mucho más sofisticada de lo que parecía inicialmente.
Pero si las empresas acreditan documentalmente el origen, propiedad, manejo y destino del producto, la Fiscalía tendrá que explicar cómo terminó presentando como un gigantesco aseguramiento de combustible sin origen acreditado lo que era inventario legal dentro de una terminal autorizada por el propio Gobierno.
Hoy ninguna de esas dos conclusiones está demostrada.
Pero una cosa sí.
Los 59 millones ya encontraron su almacén.
Ahora la FGR tiene que demostrar el delito.
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