El INEGI midió por primera vez directamente el desplazamiento forzado interno en su Encuesta Intercensal. En cinco años, medio millón de hogares tuvieron al menos un integrante obligado a cambiar de residencia por violencia o inseguridad.
México acaba de ponerle una cifra oficial a una consecuencia de la violencia que durante años resultó mucho más difícil de medir que homicidios, robos o extorsiones: tener que irse.
Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, unos 510 mil hogares tuvieron al menos una persona obligada a cambiar de residencia dentro del país debido a violencia o inseguridad delictiva.
El dato aparece en la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, que incorporó por primera vez una pregunta específica destinada a identificar el desplazamiento forzado interno en los hogares mexicanos.
Los 510 mil hogares representan aproximadamente 1.3 por ciento del total nacional y estaban integrados, en conjunto, por alrededor de 1.6 millones de personas.
Eso no significa que las 1.6 millones hayan sido desplazadas.
La medición establece que dentro de cada uno de esos hogares al menos un integrante tuvo que cambiar de residencia. Por ello, esa población permite dimensionar el entorno familiar afectado, pero no puede presentarse completa como población desplazada.
La violencia tampoco fue la única causa que obligó a mexicanos a abandonar el lugar donde vivían.
Otros 152 mil hogares, integrados por aproximadamente 486 mil personas, registraron al menos un integrante desplazado por desastres naturales o acontecimientos provocados por seres humanos.
La comparación permite dimensionar el fenómeno: por cada hogar que registró desplazamiento relacionado con desastres, hubo más de tres donde la causa fue violencia o inseguridad.
La nueva medición llena además un hueco estadístico.
Hasta ahora, México disponía de aproximaciones construidas con censos, encuestas de victimización, registros de organizaciones civiles y recuentos de desplazamientos masivos, pero no de una pregunta específica dentro de una encuesta nacional de esta magnitud.
La Encuesta Intercensal visitó más de 7.3 millones de viviendas y permite producir estimaciones nacionales, estatales y municipales. El levantamiento se realizó entre octubre y noviembre de 2025.
ACNUR consideró la incorporación de estos datos un avance para identificar el fenómeno y diseñar políticas de prevención, protección y soluciones para las personas desplazadas.
La medición también permite distinguir dos conceptos que suelen confundirse.
Una persona desplazada internamente abandona obligadamente su lugar de residencia, pero permanece dentro de México. No es necesariamente migrante internacional, solicitante de asilo ni refugiada porque no requiere cruzar una frontera.
Y el problema todavía tiene otro pendiente.
México no cuenta con una ley federal específica sobre desplazamiento interno, aunque algunas entidades ya tienen legislación propia y durante años se han presentado iniciativas en el Congreso.
La nueva encuesta no resuelve ese vacío ni cuenta cada historia individual. Hace algo anterior y bastante elemental: permite saber con mayor precisión cuántas puertas tuvieron que cerrarse porque alguien ya no podía seguir viviendo detrás de ellas.
Durante cinco años, ocurrió en aproximadamente 510 mil hogares.
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