Las cifras oficiales marcan que los asesinatos en Sinaloa han bajado
El Gobierno llegó a desplegar 16,440 elementos federales y los homicidios han caído desde su peor momento. Pero soldados, decomisos y muertos cuentan sólo una parte de la historia. Hay otra manera de medir la recuperación: cuándo regresan las familias, las clases, los autobuses, los comercios y la noche.
El 15 de septiembre llegaron otros 1,600 militares a Mazatlán.
Mil quinientos eran elementos del Ejército y cien pertenecían a Fuerzas Especiales. Defensa informó que se incorporarían a las operaciones que ya se desarrollaban en Sinaloa. En lo que va de 2026, agregó, las fuerzas de seguridad habían detenido a 1,026 personas, asegurado 2,031 armas, decomisado 47.9 toneladas de droga e inhabilitado 672 laboratorios y áreas de concentración.
Era otro refuerzo para un estado que ya había recibido uno de los mayores despliegues de seguridad del país.
Dos meses antes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había puesto una cifra sobre la mesa: 16,440 elementos federales desplegados en Sinaloa, pertenecientes principalmente a Defensa, Marina, Guardia Nacional y la propia SSPC.
La cifra impresiona. Pero no responde una pregunta mucho más difícil:
¿Cuántos soldados hacen falta para recuperar un territorio?
La respuesta inmediata podría buscarse en los homicidios.
Y ahí el Gobierno tiene resultados que mostrar.
La confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa disparó la violencia desde septiembre de 2024. El punto más alto llegó en junio de 2025, cuando el estado registró un promedio de 6.9 homicidios dolosos diarios.
Para julio de 2026 eran 3.3.
Una reducción de 52 por ciento respecto de aquel máximo.
El Gobierno atribuye el descenso al reforzamiento de las fuerzas federales y a detenciones de generadores de violencia. El despliegue, además, ha producido miles de aseguramientos, detenciones y operaciones contra instalaciones utilizadas por organizaciones criminales.
Es evidencia relevante.
Pero tampoco resuelve la pregunta.
Porque un territorio puede tener menos homicidios sin haber recuperado todavía completamente su vida cotidiana.
La aritmética de los soldados
Cabeza de Ratón reconstruyó la evolución de la violencia y los principales refuerzos federales desde septiembre de 2024.
La primera conclusión es incómoda para cualquier explicación sencilla: la relación entre soldados y homicidios no es lineal.
Después del comienzo de la crisis llegaron sucesivamente Fuerzas Especiales, Ejército y Guardia Nacional. Sin embargo, los homicidios no descendieron de manera inmediata.
En septiembre de 2024 se registraron alrededor de 142 homicidios dolosos; en octubre subieron a 182. Después comenzaron a disminuir y llegaron a 119 en abril de 2025.
Parecía una tendencia.
No lo fue.
En mayo volvieron a subir y en junio alcanzaron 207, aproximadamente 6.9 cada día: el peor momento del periodo.
Después comenzó otro movimiento. Julio registró 170; agosto, 119; septiembre, 121. Con altibajos, la violencia fue alejándose de aquel máximo.
Para mayo de 2026, Defensa reportaba 13,344 elementos desplegados en Sinaloa. Dos meses después, el Gobierno federal contabilizaba 16,440 integrantes de las distintas corporaciones.
En julio, el promedio diario de homicidios había descendido a 3.3.
La coincidencia temporal es evidente. La causalidad completa, no.
Durante esos meses también fueron detenidos dirigentes y operadores criminales, destruidos laboratorios, aseguradas armas y modificadas las capacidades de las organizaciones enfrentadas. Sería metodológicamente incorrecto atribuir la reducción de homicidios exclusivamente al aumento de efectivos.
También sería incorrecto ignorar que ocurrió mientras el Estado incrementaba extraordinariamente su presencia.
Hay otra precaución.
Los 1,600 militares enviados a Mazatlán el 15 de septiembre no pueden simplemente sumarse a los 16,440 reportados en julio y concluir que ahora existen 18,040 elementos.
Los despliegues militares tienen rotaciones, sustituciones y redistribuciones. Hasta disponer de un nuevo estado de fuerza oficial comparable, 16,440 es la última fotografía integral localizada por este medio; 1,600 es un refuerzo posterior documentado.
Sumarlos sin conocer los movimientos intermedios produciría una cifra atractiva y posiblemente falsa.
Cuando una ciudad termina temprano
Hay otra manera de medir la seguridad.
Preguntar a qué hora termina una ciudad.
A principios de septiembre de 2026, el Gobierno de Sinaloa reunió a comerciantes, empresarios, universidades y concesionarios de transporte de Culiacán para discutir la recuperación de espacios públicos y horarios nocturnos.
Los estudiantes querían dejar atrás los horarios escolares recortados. El Gobierno buscaba ampliar rutas de transporte durante la tarde y noche y extender las actividades de comercios y universidades.
El dato parece pequeño frente a 16 mil efectivos o toneladas de droga decomisada.
No lo es.
Una ciudad en la que estudiar de noche, esperar un autobús o mantener abierto un comercio requiere todavía un dispositivo especial de seguridad está contando otra parte de la historia.
El homicidio mide la consecuencia más extrema de la violencia.
El horario mide cuánto espacio le queda a la vida cotidiana.
Por eso recuperar territorio no puede significar únicamente colocar fuerzas públicas sobre él.
También tendría que significar que una persona pueda volver a utilizarlo.
La prueba de regresar a casa
Existe un indicador todavía más elemental.
Volver.
En junio de 2026, el Gobierno de Sinaloa informó que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable mantenía un padrón de 3 mil familias desplazadas en el estado.
La misma información contenía una buena noticia: familias de San Ignacio, Badiraguato y comunidades rurales de Culiacán habían comenzado a regresar voluntariamente a sus hogares porque consideraban que existían condiciones para hacerlo.
El retorno importa tanto como el desplazamiento.
Si una familia abandona una comunidad porque considera que permanecer allí representa un peligro, el Estado ha perdido algo más que una estadística de seguridad. Ha perdido, al menos temporalmente, la posibilidad de garantizar que esa familia habite su territorio.
Cuando puede regresar, aparece una señal concreta de recuperación.
No necesariamente definitiva.
No necesariamente generalizable al municipio entero.
Pero observable.
Así, dos cifras que aparentemente pertenecen a mundos distintos empiezan a conversar: 16,440 elementos federales y 3 mil familias registradas como desplazadas.
Una mide cuánto aparato extraordinario colocó el Estado.
La otra ayuda a medir cuánto territorio cotidiano perdió la población.
Recuperar una carretera
También existen lugares donde el Gobierno puede mostrar un resultado mucho más concreto.
En agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que llevaban tres meses sin reportarse robos en el corredor Culiacán-Mazatlán, después de haberse contabilizado 50 casos. Más de 40 unidades habían sido recuperadas.
El Gobierno explicó que contrastaba carpetas de investigación con reportes realizados a los números de emergencia y denuncia.
El dato no permite declarar “recuperada” toda la carretera.
Sí permite afirmar algo más preciso: una conducta delictiva que afectaba directamente el uso de ese espacio dejó de reportarse durante tres meses después de una intervención de seguridad.
Eso acerca la discusión a una unidad más útil.
Quizá un territorio no se recupera de una sola vez.
Se recuperan una carretera, una ruta de autobús, un horario universitario, una plaza, una comunidad.
Y después hay que conseguir que sigan funcionando sin regresar al punto anterior.
Los soldados cuentan, pero no cuentan todo
La estrategia federal en Sinaloa puede presentar resultados cuantificables.
Los homicidios están muy por debajo del máximo de junio de 2025. Hay detenciones, armas aseguradas, drogas decomisadas y laboratorios destruidos. Algunas familias desplazadas comenzaron a regresar y determinados corredores muestran mejoras.
Negar esos datos produciría una fotografía incompleta.
Pero otra fotografía también sería incompleta: considerar recuperado un territorio exclusivamente porque disminuyó el número de muertos.
En septiembre de 2026, casi dos años después del comienzo de la actual crisis, Culiacán seguía trabajando para recuperar plenamente horarios nocturnos de transporte, comercio y universidades.
Y el 15 de septiembre el Ejército consideró necesario enviar otros 1,600 efectivos a Mazatlán.
Ambos hechos caben junto a la reducción de homicidios.
No se contradicen.
Describen diferentes etapas de un mismo problema.
Entonces, ¿cuántos hacen falta?
La tentación sería dividir los aproximadamente 57 mil kilómetros cuadrados de Sinaloa entre el número de efectivos y calcular cuántos kilómetros corresponden a cada uno.
Sería una cuenta impecable y una medición absurda.
Los territorios no se controlan por metro cuadrado. La población, carreteras, ciudades, puertos, sierra, comunidades y corredores utilizados por organizaciones criminales están distribuidos de manera desigual.
Tampoco existe un número mágico de soldados después del cual una organización criminal pierde automáticamente su capacidad de controlar personas, caminos o actividades económicas.
La experiencia sinaloense permite plantear una medida distinta.
Un territorio comienza a recuperarse cuando bajan los homicidios y las desapariciones; las carreteras pueden recorrerse; los comercios recuperan horarios; los estudiantes vuelven a las aulas; el transporte circula de noche y las familias que huyeron consideran posible regresar a casa.
Y existe una pregunta adicional: cuánto dispositivo extraordinario necesita todavía el Estado para conservar esas condiciones.
No es lo mismo una ciudad que funciona porque miles de efectivos mantienen una operación excepcional que una ciudad capaz de sostener esa normalidad con instituciones ordinarias de seguridad y justicia.
Sinaloa todavía no permite escribir el final de esa historia.
Permite observar algo más interesante.
El Gobierno ha conseguido reducir considerablemente los homicidios desde su peor momento y debilitar capacidades materiales de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, continúa desplegando fuerzas extraordinarias y reconstruyendo espacios de vida cotidiana dañados por dos años de violencia.
Por eso quizá la pregunta inicial estaba incompleta.
No es solamente cuántos soldados hacen falta para recuperar un territorio.
Es saber qué tiene que volver a ocurrir en ese territorio para poder decir que fue recuperado.
La respuesta no está únicamente en los cuarteles.
Está en el último autobús de la noche, en una universidad que recupera su horario, en una carretera que vuelve a utilizarse sin miedo y en una familia que mete sus cosas en una camioneta.
Esta vez para regresar.
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