Buen Gobierno reportó destituciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta diez años contra servidores públicos de distintas dependencias. Las multas económicas acumuladas alcanzaron 4.6 millones de pesos.
Nueve incapacidades médicas que la autoridad sanitaria no reconoció terminaron costándole a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad diez años de inhabilitación y una multa de 33 mil pesos.
Es apenas uno de los expedientes de una lista mucho mayor.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 47 personas servidoras públicas y una empresa fueron sancionadas por faltas administrativas graves y no graves detectadas en distintas instituciones federales.
Los castigos incluyen suspensiones, destituciones e inhabilitaciones de hasta diez años, además de sanciones económicas que en conjunto alcanzan 4.6 millones de pesos.
Los expedientes permiten mirar detrás de la cifra.
En CFE, dos funcionarios fueron suspendidos 30 días por autorizar en 2019 la contratación de una persona que estaba inhabilitada desde 2013. Otro servidor público recibió el mismo castigo por una contratación semejante realizada en Veracruz.
En la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, una funcionaria fue destituida e inhabilitada tres meses por aprobar modificaciones a servicios relacionados con obra pública sin documentación que justificara los cambios.
También hubo procedimientos en instituciones como Pemex, IMSS, Guardia Nacional, Salud, Conagua, Profeco, Banobras y Banjército.
Hay una diferencia jurídica importante: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impone las sanciones por faltas graves; Buen Gobierno resuelve las no graves.
Los sancionados conservan además su derecho a impugnar las resoluciones.
Son 47 expedientes distintos.
Y recuerdan algo bastante sencillo sobre la corrupción administrativa: no siempre comienza con una maleta llena de billetes.
A veces empieza con un papel que nunca debió firmarse.
Acerca del autor
