El senador Manuel Velasco del Partido Verde aceptó que en su partido hay militantes con doble nacionalidad
La iniciativa de Claudia Sheinbaum parecía una reforma constitucional de tránsito sencillo. Ya fue aprobada en comisión, pero las dudas dentro del Partido Verde convirtieron la votación en una prueba para medir hasta dónde llega la cohesión de la coalición gobernante.
La reforma presidencial para impedir que una persona con doble nacionalidad llegue a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México parecía destinada a recorrer el Congreso sin demasiados sobresaltos.
Ya dejó de ser una discusión solamente sobre pasaportes.
También se convirtió en una prueba para la mayoría oficialista.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quien tenga otra nacionalidad tendría que renunciar a ella antes de registrarse como candidato a alguno de esos cargos y, una vez gobernando, tampoco podría adquirir otra, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro país o acogerse a su protección diplomática.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen el 8 de septiembre por 26 votos contra cinco. Ahí Morena, PT y Partido Verde votaron juntos.
El problema apareció después.
Manuel Velasco, coordinador del Verde en el Senado, reconoció que dentro de su bancada existen legisladores con doble nacionalidad y que no todos comparten los términos de la propuesta. Algunos, explicó, estarían dispuestos a respaldarla si la restricción se aplicara solamente a la Presidencia.
La diferencia importa porque ésta no es una ley ordinaria.
Modificar la Constitución exige el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada Cámara. Morena necesita, por tanto, conservar prácticamente intacto el respaldo de sus aliados, especialmente cuando la reforma llegue al Senado.
En Diputados, el dictamen ya recibió la declaratoria de publicidad y la discusión en el pleno está prevista para después del 21 de septiembre.
Hasta entonces hay negociación.
Y precisamente ahí está el dato político.
El Gobierno presentó la reforma como una manera de cerrar una ambigüedad constitucional y garantizar que quienes encabecen los poderes ejecutivos tengan un vínculo jurídico exclusivo con México. Pero la iniciativa terminó alcanzando también intereses y carreras políticas dentro del propio bloque gobernante.
Eso obliga a observar algo más que el resultado final de la votación.
Si Morena acepta modificar el alcance de la iniciativa para conservar los votos del Verde, quedará registrada la capacidad de negociación de sus aliados. Si el proyecto permanece intacto, habrá que contar cuántos legisladores inconformes terminan acompañándolo.
La reforma todavía no ha roto la coalición ni permite afirmar que vaya a hacerlo.
Pero ha producido algo políticamente más útil para medirla: una votación en la que algunos aliados tendrán que escoger entre sus objeciones y una iniciativa enviada por la Presidenta.
El marcador dirá si la reforma pasa.
La forma en que se construyan esos votos dirá algo más: cuánto cuesta mantener unida a la mayoría.
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