El filtro anticrimen del INE no obliga a los partidos a quitar candidaturas
El INE estrenará un mecanismo para consultar a autoridades de seguridad sobre posibles vínculos criminales de aspirantes. Pero entrar a la revisión es voluntario y, aun cuando aparezca un “riesgo razonable”, cada partido decidirá si mantiene la candidatura.
México llegará a las elecciones de 2027 con un mecanismo nuevo para intentar impedir que el crimen organizado se infiltre en las candidaturas.
Conviene saber exactamente qué puede hacer.
Y qué no.
Los partidos podrán entregar al Instituto Nacional Electoral listas de aspirantes para someterlos a una verificación. El INE canalizará los nombres a instituciones con información que normalmente no está al alcance de un partido: Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Centro Nacional de Inteligencia, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, SAT y autoridades de seguridad, entre otras.
Esas instituciones buscarán elementos que permitan establecer si alrededor de una persona existe un “riesgo razonable” relacionado con delincuencia organizada u otros delitos.
Pero el INE no investigará al aspirante ni determinará si es culpable.
Funcionará fundamentalmente como intermediario.
Las autoridades competentes realizarán el análisis y el resultado regresará, de manera confidencial, al partido que solicitó la revisión.
Ahí aparece el primer agujero del filtro: utilizarlo es voluntario.
Un partido puede entregar todos sus aspirantes o solamente algunos. Además, cada persona debe otorgar su consentimiento previo, expreso e informado para ser revisada.
Negarse tampoco tendrá consecuencias automáticas. Los lineamientos establecen que no participar en el procedimiento no puede considerarse, por sí mismo, señal de que existe un riesgo.
El segundo límite aparece al final del recorrido.
Incluso si las autoridades detectan un “riesgo razonable”, eso no convierte al aspirante en culpable, no afecta automáticamente sus derechos político-electorales y tampoco autoriza al INE a impedir su candidatura.
El partido recibe la advertencia.
Y decide.
Puede retirar al aspirante o mantenerlo.
La lógica tiene una explicación jurídica importante: una valoración construida con información de inteligencia, investigaciones abiertas, movimientos financieros u otros indicios no equivale a una sentencia y debe respetarse la presunción de inocencia.
Pero políticamente produce una paradoja.
El Estado construyó un mecanismo para advertir a los partidos sobre posibles riesgos de infiltración criminal, pero dejó en manos de esos mismos partidos decidir primero a quién someten a revisión y después qué hacen con la información recibida.
El filtro puede encender una luz roja.
No puede cerrar la puerta.
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