Pasan los años los años y los partidos en México y a sus políticos los siguen vinculando con el narcotráfico
Gobernadores, alcaldes, candidatos, policías, un secretario federal y operadores políticos de distintos partidos han sido acusados, sancionados o condenados por Estados Unidos por relaciones con organizaciones criminales. Tres décadas después, México y Washington siguen encontrando nombres nuevos para una historia demasiado conocida.
México ha cambiado de partido gobernante, presidente, ideología política, estrategia de seguridad, fiscalías, policías y organizaciones criminales. Lo que no ha conseguido eliminar es la aparición recurrente de políticos y funcionarios que Estados Unidos acusa, sanciona o termina condenando por servir a esas organizaciones.
Los nombres cambian.
Mario Villanueva gobernaba Quintana Roo por el PRI cuando, según el expediente estadounidense, acordó con el Cártel de Juárez garantizar el tránsito de cocaína por su estado.
Carlos Torres fue diputado federal del PAN y después se incorporó al entorno del gobierno morenista de Baja California. Este lunes, el Departamento del Tesoro lo sancionó y lo describió como operador político vinculado con el Cártel de Sinaloa.
Entre ambos casos han transcurrido tres décadas.
En medio caben la caída del PRI, dos gobiernos presidenciales panistas, el regreso priista, el ascenso de Morena, la guerra contra el narcotráfico, nuevas policías y fiscalías.
También caben miles de millones de dólares gastados por México y Estados Unidos en combatir a las organizaciones criminales que, periódicamente, vuelven a aparecer junto a funcionarios mexicanos.
No todos está en el mismo expediente
Existe una precaución indispensable.
Esta historia reúne condenados, personas que se declararon culpables, acusados que conservan la presunción de inocencia y personajes sancionados administrativamente por Estados Unidos.
No son equivalentes.
Tomás Yarrington, del PRI, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero. Mario Villanueva confesó haber lavado millones provenientes de sobornos del Cártel de Juárez.
Arturo Reyes Trujillo, del PAN, alcalde electo de Fronteras, Sonora, fue sentenciado en Arizona a 262 meses de prisión después de declararse culpable de narcotráfico y lavado.
Genaro García Luna, ligado el ex Presidente, Felipe Calderón, fue juzgado y condenado.
Roberto Sandoval, quien fue gobernador de Nayarit por el PRI, no fue condenado por Estados Unidos: el Tesoro lo sancionó y afirmó que recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes a cambio de información y protección.
Carlos Torres tampoco ha sido condenado. OFAC lo acaba de sancionar y él rechaza los señalamientos.
La diferencia jurídica es enorme.
La persistencia política también.
El Gobernador que abrió la puerta
Mario Villanueva permite comenzar esta historia antes de la alternancia.
Estados Unidos sostuvo que siendo gobernador de Quintana Roo llegó a un acuerdo con el Cártel de Juárez para garantizar que cargamentos de cocaína atravesaran su estado.
La organización le pagaba, según fiscales estadounidenses, entre 400 mil y 500 mil dólares por cargamento.
Villanueva fue extraditado, se declaró culpable en Nueva York y recibió una sentencia de 131 meses.
Era 2013 cuando escuchó su condena.
Pero los hechos habían comenzado en 1994.
La alternancia no vacunó al poder
En 2000 llegó el PAN a Los Pinos acompañado por la promesa democrática de la alternancia. El narcotráfico tampoco desapareció de los alrededores del poder.
Nahúm Acosta, responsable de coordinar las giras presidenciales de Vicente Fox, fue acusado en México de filtrar información a narcotraficantes después de una investigación alimentada por información estadounidense.
Ese expediente no resistió.
Un juez determinó que las pruebas eran insuficientes y Acosta recuperó su libertad. Precisamente por eso importa recordarlo: una acusación no puede convertirse retrospectivamente en culpabilidad.
Otros expedientes sí llegaron mucho más lejos.
Arturo Reyes Trujillo fue elegido alcalde de Fronteras bajo las siglas del PAN. Estados Unidos acreditó que había encabezado una organización que distribuyó aproximadamente mil kilogramos de cocaína y lavó unos 20 millones de dólares.
Y después llegó el caso que rompió cualquier frontera entre narcotráfico y aparato encargado de combatirlo.
El policía del Presidente
Genaro García Luna no fue un dirigente partidista, pero encabezó la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno panista de Felipe Calderón.
Durante años fue uno de los rostros mexicanos de la guerra contra el narcotráfico.
Un jurado de Brooklyn determinó después que recibió millones de dólares del Cártel de Sinaloa y ayudó precisamente a la organización que debía combatir.
Fue condenado a más de 38 años de prisión.
La cooperación antidrogas había producido una paradoja difícil de superar: Estados Unidos terminó encarcelando a uno de los principales interlocutores mexicanos con quienes había combatido al narcotráfico.
Nunca ha sido exclusivo de un sólo partido
Los expedientes siguieron apareciendo.
Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, terminó declarándose culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar dinero.
Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, fue sancionado por Tesoro, que aseguró que recibió sobornos del CJNG y de la organización Beltrán Leyva.
Edgar Veytia, quien había sido fiscal de ese mismo estado, se declaró culpable de participar en una conspiración internacional de narcotráfico.
También aparecieron políticos provenientes de otras fuerzas.
Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez había sido alcalde perredista de Aguililla cuando años después fue extraditado para enfrentar cargos estadounidenses relacionados con más de 500 kilogramos de metanfetamina.
Mary Cruz Rodríguez Aguirre había sido candidata municipal de una alianza PAN-PRD. Tesoro sostuvo posteriormente que dirigía una red que movía recursos ilícitos para el CJNG.
Cambió el color.
El problema sobrevivió.
Y llegó Morena
La llegada de Morena tampoco terminó la historia.
En abril de 2026, fiscales federales estadounidenses acusaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador Enrique Inzunza Cázarez; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros funcionarios.
Estados Unidos sostiene que participaron en una conspiración para facilitar el narcotráfico del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.
Todos conservan la presunción de inocencia.
Seis meses después apareció Baja California.
Tesoro sancionó a Carlos Torres y afirmó que utilizó influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de intervenciones gubernamentales.
También señaló a su hermano Luis, al exdirector policial de Mexicali Pedro Ariel Mendívil y al exfuncionario Rafael Buenrostro.
Torres rechaza las acusaciones.
Los filtros que no alcanzan
Los partidos mexicanos seleccionan candidatos. Las autoridades electorales verifican requisitos legales. Los ciudadanos finalmente votan.
Ninguno de esos mecanismos constituye una investigación criminal completa.
Y la cronología muestra algo perturbador: algunos personajes señalados posteriormente por Estados Unidos consiguieron antes atravesar estructuras partidistas, procesos electorales o nombramientos públicos.
Un partido puede revisar documentos.
Una autoridad electoral puede verificar elegibilidad.
Ninguno puede garantizar por sí mismo que detrás de un candidato no exista una relación criminal todavía desconocida, no investigada o imposible de demostrar en ese momento.
El problema comienza cuando las instituciones políticas tampoco detectan aquello que deberían conocer sobre sus propios cuadros.
Washington dice que quiere hacer pero no hace
Estados Unidos suele contar esta historia desde el lugar del investigador, el fiscal o el juez.
Pero también forma parte del escenario.
Las drogas cruzan hacia un mercado estadounidense mientras dinero y armas circulan en sentido contrario.
La propia Oficina de Rendición de Cuentas estadounidense acaba de reconocer deficiencias en el combate al tráfico de armas hacia México.
Entre 2020 y 2024, 68 por ciento de las armas recuperadas en México y enviadas a Estados Unidos para rastreo tenían origen estadounidense.
La GAO encontró además que las agencias encargadas de combatir ese tráfico carecen, en distintos grados, de objetivos, métricas o información suficientes para determinar la efectividad de sus esfuerzos.
No es una acusación mexicana.
Es una auditoría estadounidense.
Dos países y el mismo enemigo
México y Estados Unidos llevan décadas cooperando contra el narcotráfico.
Han compartido inteligencia, financiado programas, extraditado capos, capacitado policías, decomisado drogas, congelado cuentas y encarcelado dirigentes criminales.
También han cambiado el nombre de su cooperación.
Los cárteles continúan.
Eso no significa que nada haya funcionado. Numerosos dirigentes fueron capturados, estructuras fueron desarticuladas y organizaciones desaparecieron o perdieron poder.
El problema es que otras ocuparon su lugar.
Y periódicamente reaparece algo todavía más difícil de combatir que un cargamento: la sospecha de que alguien encargado de perseguirlo decidió protegerlo.
La historia que nunca termina
Mario Villanueva pertenecía al PRI.
Arturo Reyes llegó por el PAN.
Comparán gobernó por el PRD.
Rubén Rocha gobierna por Morena.
García Luna dirigió la seguridad federal.
Sandoval gobernó Nayarit.
Carlos Torres atravesó distintos espacios políticos.
La sucesión de nombres no demuestra que todos los partidos sean iguales ni convierte automáticamente en culpable a cada persona acusada.
Demuestra otra cosa.
El narcotráfico ha sobrevivido suficientes décadas como para conocer prácticamente todas las puertas del sistema político mexicano.
Y México no ha construido todavía filtros capaces de cerrarlas todas.
Estados Unidos tampoco ha conseguido cerrar las suyas.
Después de tres décadas de cooperación, alternancias, extradiciones, juicios, reformas y guerras contra el narco, ambos países continúan persiguiendo versiones nuevas de un enemigo viejo.
Y cada cierto tiempo, junto al siguiente cártel, vuelve a aparecer un político.
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