México publica quién está inhabilitado para recibir nuevos contratos públicos pero existe otra relación de proveedores cuyo castigo sigue vigente aunque hayan desaparecido del directorio abierto. Cabeza de Ratón reconstruyó cómo funciona el laberinto.
El Gobierno mexicano tiene una lista para saber con quién no debe contratar. Uno pensaría que basta abrirla, escribir el nombre de una empresa y obtener una respuesta.
No siempre.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene un Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados donde aparecen personas y empresas castigadas por irregularidades en contrataciones públicas.
Pero existe otra relación.
Contiene proveedores cuya inhabilitación continúa vigente aunque, como consecuencia de una impugnación, un juez haya suspendido específicamente su aparición dentro del directorio público.
Esos nombres no pueden ser consultados por cualquier ciudadano.
El sistema requiere usuario y contraseña y está destinado a funcionarios responsables de administración, recursos materiales y contratación de instituciones federales, estatales y municipales.
La explicación jurídica parece pequeña pero produce una paradoja considerable.
Un tribunal puede ordenar que determinada empresa deje de aparecer temporalmente en el directorio público sin suspender la prohibición que le impide celebrar nuevos contratos públicos.
Eso significa que buscar una empresa y no encontrarla ahí tampoco permite concluir automáticamente que está habilitada para contratar.
Avacor permite observar cómo funciona.
La empresa fue sancionada en julio de 2025 y posteriormente impugnó la resolución. En enero de 2026 obtuvo una medida cautelar para retirar temporalmente su registro.
Buen Gobierno tuvo que sacarla del directorio.
Pero la propia Secretaría explicó después que aquella resolución judicial no había anulado la sanción ni suspendido la inhabilitación y que seguía prohibido contratarla con recursos federales.
Avacor había desaparecido de la lista sin haber salido todavía del castigo.
No es la única complicación.
Cabeza de Ratón revisó circulares del Diario Oficial, comunicados de la autoridad, resoluciones e información pública para reconstruir qué significa realmente estar dentro de esta lista.
El primer problema es contar.
Durante los primeros tres meses de 2026, Buen Gobierno informó que sancionó a 32 personas físicas y morales relacionadas con contrataciones públicas.
Pero no impuso 32 inhabilitaciones.
Fueron 28.
Las multas sumaron 15 millones 677 mil pesos y los periodos de prohibición para contratar fueron desde tres meses hasta dos años.
Así aparece la primera diferencia: sanciones, sancionados e inhabilitados no son necesariamente la misma cantidad.
Una empresa también puede acumular más de una sanción.
Y dos empresas castigadas durante el mismo año pueden llegar a septiembre en situaciones completamente diferentes porque una recibió tres meses de inhabilitación y otra permanecerá fuera durante años.
Fedang de México, por ejemplo, fue inhabilitada durante 30 meses y recibió una multa de un millón 389 mil 110 pesos.
La autoridad sostuvo que actuó con dolo durante un contrato relacionado con identificación, transferencia jurídica y destrucción de vehículos destinados a un programa de chatarrización.
Ifaser apareció en el mismo comunicado.
Su castigo fue considerablemente menor: tres meses de inhabilitación y una multa de 134 mil 708 pesos por presentar información que la autoridad determinó falsa.
Eso conduce al segundo problema: la fecha escrita en una sanción tampoco siempre determina cuándo termina.
Algunas resoluciones establecen que, una vez transcurrido el periodo correspondiente, la inhabilitación puede continuar mientras la empresa no acredite haber pagado la multa.
Bioabast ofrece un ejemplo particularmente claro.
Fue inhabilitada durante 28 meses. La circular establece que, si al concluir ese plazo continúa sin acreditarse el pago de la multa, la prohibición subsistirá hasta cubrirla.
Una hoja de cálculo que simplemente sumara 28 meses a la fecha inicial produciría, llegado ese momento, una respuesta equivocada.
Hay una tercera sorpresa.
Ser inhabilitado tampoco significa necesariamente que todos los contratos existentes desaparezcan al día siguiente.
La misma circular de Bioabast ordena dejar de recibir nuevas propuestas y celebrar determinados contratos con la empresa durante el periodo establecido.
Pero excluye expresamente los contratos adjudicados y aquellos que ya estuvieran formalizados.
El Gobierno puede entonces prohibirse contratar mañana con una empresa sin necesariamente dejar de cumplir lo que contrató con ella ayer.
Galmar Proyectos Integrales permite mirar el fenómeno desde el otro extremo.
En julio fue multada con 171 mil 973 pesos e inhabilitada durante tres meses después de participar en una adjudicación del Instituto Nacional de Cardiología.
Según la resolución administrativa, presentó información falsa atribuida al SAT, IMSS e Infonavit para acreditar el cumplimiento de distintas obligaciones.
Pero Galmar ya tenía historia como proveedora pública.
Una auditoría de la Cuenta Pública 2023 documentó un contrato con el Instituto Nacional de Cancerología y verificó que entonces no estaba sancionada ni inhabilitada.
Esto requiere una distinción esencial.
Encontrar contratos anteriores de una compañía posteriormente castigada no convierte retrospectivamente esos contratos en irregulares.
Sirve para responder otra pregunta: cuánto había contratado una empresa con instituciones públicas antes de que el propio Gobierno ordenara dejar de contratarla.
Cabeza de Ratón comenzó ese cruce con varias compañías sancionadas durante 2026.
Los registros localizados muestran contratos por decenas de millones de pesos relacionados con empresas que después fueron inhabilitadas, aunque todavía deben separarse montos adjudicados, máximos, facturados y efectivamente pagados.
Por eso esta investigación no los suma como si fueran una sola cantidad.
Hay, sin embargo, otro patrón que ya puede medirse.
De las 32 personas físicas y morales sancionadas durante el primer trimestre de 2026, 24 estuvieron relacionadas con presentación de información falsa.
Son tres de cada cuatro.
La lista negra no es solamente un cementerio de proveedores que incumplieron obras o dejaron servicios abandonados.
También es un archivo de constancias, certificados y documentos que alguna dependencia aceptó durante una contratación y que posteriormente una autoridad determinó que contenían información falsa.
El sistema intenta impedir que esas personas vuelvan a contratar durante determinado periodo.
Los tribunales, sin embargo, pueden intervenir.
Una sanción puede impugnarse, suspenderse parcialmente o terminar anulada. La situación jurídica de una empresa puede cambiar mientras el procedimiento avanza.
Por eso el directorio no funciona como una fotografía eterna.
La propia autoridad reconoce que debe actualizarse conforme cambian los plazos y las resoluciones judiciales.
El Gobierno incluso publica un padrón general de proveedores que contiene datos sobre razones sociales, RFC, representantes legales y beneficiarios finales.
En teoría, esas bases permiten seguir el rastro desde una empresa sancionada hacia las personas que aparecen detrás de ella.
También permiten plantear la siguiente pregunta de esta investigación: si quienes estuvieron vinculados con una empresa inhabilitada reaparecen posteriormente dentro de otras proveedoras públicas.
La coincidencia por sí misma no demostraría simulación ni ilegalidad. Habría que reconstruir propiedad, administración, fechas y contratos antes de establecer cualquier vínculo.
Pero los datos permiten buscarlo.
Mientras tanto queda una anomalía mucho más sencilla.
México construyó un directorio público para advertir con quién no debe contratar el Gobierno.
Después necesitó construir otro sistema para advertir sobre quienes pueden no aparecer en ese directorio pero continúan inhabilitados.
El primero lo puede consultar cualquiera.
Para conocer el segundo hay que ser funcionario y tener contraseña.
La lista negra del Gobierno existe.
El problema es que para saber quién está realmente dentro no siempre basta con mirar la lista.
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