José Lápiz publicó una oferta de dinero contra el obispo de Aguascalientes después de que el religioso criticara al gobierno. La Fiscalía analiza posibles delitos y prepara acciones judiciales.
La Fiscalía de Aguascalientes investiga al creador de contenido conocido como José Lápiz por una publicación en la que ofreció 40 mil pesos para atacar a un obispo.
El destinatario de la amenaza fue Juan Espinoza Jiménez, obispo de Aguascalientes, quien días antes había cuestionado al gobierno federal durante una celebración religiosa.
La publicación apareció en la red social X y ofrecía dinero para que alguien agrediera al religioso, acompañada de insultos contra integrantes de la Iglesia católica.
El fiscal estatal, Manuel Alonso García, confirmó que existe una carpeta de investigación abierta desde el primero de octubre, cuando las autoridades detectaron mensajes considerados amenazantes.
De la crítica política a una oferta de dinero
El conflicto comenzó después de una homilía del 27 de septiembre, cuando Espinoza Jiménez cuestionó las condiciones de seguridad, la libertad de expresión y las políticas gubernamentales.
El obispo también se refirió a la situación de las madres buscadoras y criticó las contradicciones entre el discurso oficial y distintos problemas sociales del país.
Posteriormente, desde una cuenta atribuida a José Lápiz apareció una oferta de 40 mil pesos para que alguien atentara contra el religioso.
El mensaje provocó condenas públicas y solicitudes de intervención de las autoridades, ante la posibilidad de que sus palabras fueran interpretadas como una invitación a cometer violencia.
José Lápiz mantiene presencia en plataformas digitales mediante contenidos de comentario político, sátira y críticas dirigidas a funcionarios, empresarios y representantes de distintas instituciones.
La investigación deberá determinar quién publicó efectivamente los mensajes, su alcance y si las expresiones constituyen conductas sancionables conforme a la legislación penal aplicable.
La Fiscalía quiere llevar el caso ante un juez
La Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos comenzó a recopilar publicaciones y otros elementos digitales para establecer el origen de los mensajes atribuidos al creador de contenido.
Alonso García explicó que las autoridades investigan de oficio una posible apología del delito, mientras que una acusación por amenazas requiere considerar los requisitos legales correspondientes.
El funcionario también anunció que buscarían reunir elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión contra el responsable de las publicaciones investigadas.
Hasta el miércoles 7 de octubre no se había informado públicamente que un juez hubiera concedido esa orden ni que José Lápiz estuviera detenido.
La diferencia es importante porque anunciar una posible solicitud judicial no equivale a obtener una orden de captura ni demuestra responsabilidad penal del investigado.
La Iglesia pide que no se normalicen las amenazas
Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, expresó su respaldo al obispo de Aguascalientes y condenó las expresiones difundidas en su contra.
El dirigente religioso consideró preocupante que las críticas públicas de integrantes de la Iglesia puedan provocar mensajes que parecen promover agresiones contra sus representantes.
Por separado, la organización Actívate solicitó a la Fiscalía General de la República investigar las publicaciones y revisar las condiciones de seguridad del obispo.
La petición también exige verificar la autenticidad de los mensajes, identificar a sus autores y determinar si existen elementos para atribuir responsabilidades conforme a derecho.
Una publicación que dejó de ser solamente una provocación
El caso plantea una diferencia fundamental entre cuestionar públicamente a un representante religioso y ofrecer dinero para que otra persona ejerza violencia en su contra.
Las críticas políticas, incluso cuando resultan ofensivas, no son automáticamente delitos; una convocatoria concreta a cometer agresiones puede tener consecuencias jurídicas distintas.
Precisamente esa diferencia es la que ahora deberán examinar los investigadores, sin confundir el rechazo social al mensaje con una sentencia judicial anticipada.
Por ahora hay una publicación atribuida a un creador de contenido, una oferta de 40 mil pesos y una investigación penal abierta.
Lo que comenzó como una confrontación en redes sociales terminó convertido en un expediente de la Fiscalía, donde los seguidores ya no deciden qué constituye una amenaza.
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